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Las tibias y maratónicas sesiones de la Cumbre del Clima 2017 buscaron establecer medidas concretas para enfriar el planeta, una aspiración que las inversiones chinas en América Latina ponen en tela de juicio.

Las últimas puntadas al acuerdo final de la Conferencia Mundial del Clima –COP 23– en Bonn, Alemania, tuvieron a su cargo la suerte de América Latina, aquel gran reservorio de recursos naturales cotizado por China y sus empresas privadas. Las tibias y maratónicas sesiones de los 196 países más la Unión Europea buscaron poner en el papel medidas concretas para enfriar el planeta y torcer un destino testarudo: el 2017 cerrará con 37.000 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera más que en 2016, es decir, un 2 % más, es decir, muy por encima del límite acordado en París del año 2015. Estos datos, desprendidos del informe “Presupuesto Global de Carbono”, elaborado anualmente por cerca de 80 científicos de 15 países, fue presentado durante la Conferencia y no sorprendió a muchos.
Desde este punto de vista, el Acuerdo de París y su objetivo de no aumentarla temperatura del planeta más de 1,5° grados centígrados por encima de los niveles preindustriales hacia 2020 –fecha en que termina el Acuerdo de Kyoto–, cae en un idealismo arriesgado. Sobre todo desde que Donald Trump anunciara su intención de que Estados Unidos, segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, renuncie al pacto climático; y la ausencia de declaraciones rotundas sobre el carbón, un combustible que China y Alemania queman profusamente. A sólo 50 kilómetros de distancia de la Cumbre del Clima, la mina de carbón de Hambach, en Bonn, liberaba a la atmósfera. A su tiempo, Angela Merkel pedía al interior del Centro Mundial de Convenciones una urgente conversión hacia energías limpias, los residuos de una mezcla energética basada en carbón de lignito, la mayor fuente de emisiones de CO2 en Europa.

La voz de América Latina

Latinoamérica quiere avanzar pero esta vez puso condiciones. Exigió a las economías industrializadas que empezaran a aportar de forma urgente y previsible los fondos que prometieron en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, el famoso Fondo Verde. A esta billetera internacional ingresaron hasta ahora, según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), sólo 45.000 de los 100.000 millones de dólares anuales que los países desarrollados acordaron aportar para ayudar a los más vulnerables a enfrentar el cambio climático.
El penúltimo día de la Cumbre, ministros y ministras de la región latinoamericana intervinieron ante el pleno del consejo, donde fue evidente la tensión entre las economías industrializadas y las emergentes. La ministra de Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, portavoz además del Grupo de los 77 y China, defendió en una entrevista con la agencia Española EFE que es necesaria la “diferenciación” entre países, teniendo en cuenta cuestiones como cuándo empezaron a contaminar, sus posibilidades económicas y su exposición a los efectos del calentamiento global. Es clave, argumentó, que las economías avanzadas, por “responsabilidad histórica”, apoyen a los países en vías de desarrollo en los ámbitos financiero, tecnológico y formativo.
“Venimos a la COP a decir que necesitamos implementar. No podemos esperar”, afirmó por su parte la ministra de Medio Ambiente de Perú, Elsa Galarza, que como otros funcionarios de la región recordaron la devastadora temporada de huracanes en el Caribe. Su par de México, Rafael Pacchiano, pidió en su intervención una “movilización expedita, transparente y previsible de financiamiento”, añadiendo que el dinero debe ser “tanto público como privado”.
En este mismo sentido habló el Ministro de Medioambiente y Desarrollo Sustentable argentino, Sergio Bergman, quien subrayó que “los que más contaminaron, las economías más fuertes, son las primeras que tienen que poner los recursos. (…) Las discusiones son técnicas, pero el debate es ético”, apuntó. El titular chileno de Medio Ambiente, Marcelo Mena, fue más allá y pidió establecer un ente regional en América Latina que siguiese las evoluciones de los países en su lucha contra el cambio climático, así como también la puesta en marcha de un mercado regional de derechos de emisión.

La ruta de China en América Latina

En contraste con las decisiones del presidente Trump de eliminar las garantías para el medioambiente, China destacó en la COP 23 por sus auspiciosas palabras en la cooperación con otros países para construir una “ecocivilización”. En un esfuerzo por convertirse en un líder climático mundial en pos de ocupar ávidamente el vacío dejado por EE. UU., el gigante de Asia ya estableció la mayor planta solar flotante del mundo, planea cerrar más de 100 plantas eléctricas de carbón en su país y está decidida a invertir por lo menos 360.000 millones de dólares en energías renovables antes de 2020. Sus encomiables acciones, fronteras adentro, son un espejo invertido de su rol en el mundo y, especialmente, en América Latina. El bienintencionado deseo de China de convertirse en un líder climático, deberá también lidiar con su huella climática global.
El puntapié de la cuestión es que China ha tercerizado sus emisiones a través de préstamos que otorgó a países de Latinoamérica y el Caribe. Dos gigantes de las finanzas asiáticas, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China, otorgaron préstamos a la región por más de 141.000 millones de dólares entre 2005 y 2016, de acuerdo a las organizaciones Iniciativa de Inversiones Sustentables China-América Latina y Amazon Watch. Esos préstamos se dirigieron esencialmente a la perforación petrolera, la minería de carbón, la edificación de represas hidroeléctricas y la construcción de rutas. Más de la mitad de los préstamos que otorgó el sector público de China a Latinoamérica en 2017, equivalentes a unos 17.200 millones de dólares, se canalizaron a la industria de los combustibles fósiles, insisten las citadas ONGs.
El dinero chino está alentando, por ejemplo, el crecimiento de la industria de los combustibles fósiles en la reserva de la biósfera Yasuní, una región amazónica del Ecuador considerada el área más biodiversa del planeta por su riqueza en anfibios, aves, mamíferos y plantas, según el estudio internacional “Importancia global para la conservación del Parque Nacional Yasuní de Ecuador”, auspiciado por la ONG científica PLOS. Este parque contiene, afirma el informe, más especies de animales por hectárea que toda Europa junta.
Otro ejemplo es la Patagonia austral, donde la empresa china Gezhouba pretende construir un complejo hidroeléctrico de represas por 4.700 millones de dólares con financiamiento del Banco de Desarrollo de China, el Banco de China y el Banco Industrial y Comercial de China, a riesgo de dañar irreversiblemente los extensos glaciares de la zona.

Tibios optimismos

La Conferencia de las Partes, ya concluida la COP 23, tendrá aún la tarea de establecer la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y la forma oficial en que los países medirán sus emisiones, cuyo principio sería el Índice de Desempeño del Cambio Climático 2018, elaborado a nivel mundial por Germanwatch, New Climate Institute y Climate Action Network. Sin riesgo de caer en simplismos, el nuevo escenario medirá en los hechos la verosimilitud de las palabras prodigadas durante la COP 23.
Los países en desarrollo lograron que la Cumbre del Clima de Bonn apruebe por unanimidad un texto oficial en el que se recogen gran parte de sus peticiones de más esfuerzos a los países ricos en materia de reducción de emisiones y financiación a los más vulnerables. El documento contiene, fundamentalmente, compromisos para los países ricos que las naciones en desarrollo recibieron con moderada satisfacción, a tenor de las palabras de los altos representantes de China, India o Sudáfrica en el Plenario de la cumbre, donde coincidieron en que “quieren ver materializados estos compromisos”. Dos semanas, 20.000 personas y un compromiso de papel a altas horas de la noche: las conversaciones en la COP23 este año fueron más un proceso que un resultado.


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