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Viajando desde Buenos Aires por la Ruta 19 para llegar a la ciudad de Córdoba, no puedo desviar la mirada: kilómetros y kilómetros de campos sembrados de soja pasan, uno por uno, solo separados por caminos de tierra. A veces pasan muchos minutos hasta que un campo termina, muchos se extienden hasta el horizonte.

Vine desde Alemania a hacer una pasantía en Argentina por tres meses. Como extranjera, la gente me aconseja visitar el oeste de la provincia de Córdoba, donde -en las pequeñas y grandes sierras- mágicos valles con ríos y zonas verdes son el refugio de personas y animales. El resto de la provincia, aproximadamente tres cuartos, está formado por campos de soja, maíz y trigo. Un número que ni la mayoría de los/as cordobeses/as conoce.

En los bordes de algunos campos, han colocado carteles que llevan los nombres de fabricantes de semillas o fertilizantes. Para mi sorpresa, estos nombres me resultan familiares. Son todos de empresas multinacionales.

En mi pasantía en Fundeps, me interioricé cada vez más sobre los efectos de los pesticidas y herbicidas. Lo que descubro en mi investigación es aterrador. En todo el interior de la provincia, las personas se quejan del aumento de las tasas de cáncer, de que niños y niñas desarrollan enfermedades inusuales de la piel; y las enfermedades respiratorias, asociadas al uso de agroquímicos, son unas de las más comunes. La agroindustria pone la salud de las personas y el ambiente en peligro.

Muchas comunidades en la región luchan por el reconocimiento del impacto de los agroquímicos, por mayores distancias que protejan a sus hogares de las fumigaciones y por una agricultura más sostenible. Por supuesto, ahí es donde la responsabilidad está en el Estado. Se deben diseñar políticas que  resguarden a las personas de los efectos negativos de esos productos químicos. Pero no solo el Estado tiene responsabilidad, sino también productores/as y otras sectores vinculados al sistema agrícola.

De Alemania al mundo: Bayer – Monsanto

Entonces, mientras los campos de soja se superponen, me pregunto: ¿Cuándo las compañías internacionales como Bayer y sus homólogas asumirán la responsabilidad por el impacto de sus actividades en la salud humana y el ambiente?

La empresa alemana Bayer tiene su sede principal cerca de la ciudad donde crecí. Conozco el logotipo de Bayer, internacionalmente conocido, desde que era pequeña: se erige como un letrero iluminado de gran tamaño sobre las fábricas cerca de Leverkusen.

Los últimos días pude ver cómo el precio de las acciones de Bayer-Monsanto se desplomó en el mercado de valores. Un tribunal federal en los EE.UU. dictó una sentencia a favor de un hombre que denunció a Monsanto por haber contraído cáncer. Edwin Hardeman, que tiene 70 años, usó entre 1980 y 2012 de forma regular para su jardín en California el polémico herbicida, que se comercializa bajo el nombre “Roundup”. Hardeman padece un linfoma no hodgkiniano. El jurado decidió que Monsanto es responsable por los riesgos de cáncer que ocasiona el herbicida Roundup a base del controvertido fármaco glifosato y por ello tiene que pagar 80 millones de dólares como compensación. Se trata del segundo veredicto culpando al glifosato de Monsanto de provocar cáncer después de que un jurado estatal en California condenara el año pasado a la compañía a pagar 289 millones de dólares -reducido luego a 78- a un jardinero expuesto al producto. Estos casos constituyen fuertes antecedentes para otros juicios futuros.

Bayer adquirió la compañía Monsanto el año pasado y, por lo tanto, también “se apropió” de las quejas en contra de esta. Durante años residentes locales, agricultores/as, médicos/as y consumidores han estado apelando contra la compañía, culpando a los productos de Monsanto, especialmente al glifosato, por una amplia gama de enfermedades respiratorias, e incluso cáncer. Bayer-Monsanto continúa negando los efectos cancerígenos de sus productos. Dadas las casi 12 mil denuncias que hasta ahora suma la fórmula Bayer-Monsanto, una se pregunta: ¿Por qué Bayer quería comprar la empresa?

Mediante la fusión, la compañía Bayer-Monsanto controla una gran parte de la producción mundial de pesticidas y cultivos y, por lo tanto, desde ese momento se convirtió en la empresa mundial más importante en el agronegocio. A diferencia de Monsanto, que ya tiene mala reputación entre el movimiento ambientalista y parte de la sociedad civil argentina, Bayer tenía una larga reputación en Alemania. Hace dos años, cuando participé en una manifestación enfrente de la Asamblea General Anual de Bayer, un accionista me dijo que su preocupación sobre la fusión era que Bayer se trataba de  una empresa tradicional exitosa y que Monsanto “tenía mucha mugre bajo la alfombra”.

Pero se olvidó de mencionar que Bayer tampoco tiene las manos limpias: en primer lugar, desde su inicio ha sido responsable de accidentes químicos  que contaminan las aguas y el ambiente; tuvo que enfrentar cargos por manipulación de precios en el sector farmacéutico (la llamada cartelización); así como cargos por malformaciones hasta por homicidios a través de medicamentos – aprobados anteriormente- como Lipobay y Duogynon. A esto se agregan los vínculos de la empresa con el trabajo forzoso en la era del nacionalsocialismo alemán. Así que quizás Bayer “se adapte” a Monsanto mucho mejor de lo que pensaba el accionista.

Caso testigo: Córdoba y agroquímicos

Estos hilos parecen estar convergiendo cuando conduzco por el desierto agrícola en el este de Córdoba. Aunque estas compañías son llamadas cada vez más y más a rendir cuentas, los arreglos solo vienen después del hecho y, en general, aplicados a casos individuales. Mientras, la producción y aplicación de glifosato y demás continúa funcionando felizmente!

“Las empresas agrícolas comercializan aquí los productos que en Alemania están prohibidos hace mucho tiempo”

Aquí en Córdoba se siente como si todavía estuviera muy lejos de detenerse esta agricultura intensiva. Más en Argentina que es un paraíso para la agroindustria, en donde se utilizan 300 millones de litros de agroquímicos cada año, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El glifosato tampoco está prohibido en Alemania, pero por el momento  queda solo un año más para su uso, hasta que se decida la nueva aprobación (espero que no sea así) en la Unión Europea. Además, otros productos como el insecticida fipronil solo se permiten en un grado muy limitado; y el uso de los insecticidas de la familia de los neonicotinoides están totalmente prohibidos para su uso exterior. Por el contrario, en Argentina el fipronil se usa ampliamente y el tiametoxam, un neonicotinoide, es un compuesto habitual en el cultivo de la soja. Los agroquímicos, que están prohibidos en Alemania para proteger la salud de las personas, son distribuidos aquí en masa por las compañías. En la provincia de Córdoba los cócteles de pesticidas se rocían cerca de las escuelas y junto a las casas, en algunos casos a pocos metros de distancia.

La protección de los bosques es también de alta prioridad en Alemania. Mientras que en  la provincia de Córdoba, más que 96% del bosque nativo ha desaparecido en las últimas décadas (quedan menos de 150 mil hectáreas) (Cabido M., Zak M., 2010). Resguardados por la idea de progreso y la búsqueda de crecimiento económico, las empresas agrarias internacionales aprovechan para extender el frente agrícola cada vez más. Estos bosques arrasados por el modelo agroexportador, se convierten en  soja, trigo y maíz que luego se exportan.

La soja argentina, por ejemplo, alimenta cerdos en todo el mundo y también aterriza en los platos de la Unión Europea. Por esto, Alemania tiene responsabilidad frente a estas políticas agrícolas, no solo como consumidor de las materias primas que se importan sino también por exportar muchos de los daños (ambientales, de salud, etc.) a los países que terminan por depender de la economía agraria. Es fácil esconderse o cerrar los ojos cuando la producción está tan lejos y no ensucia nuestro paisaje ni contamina nuestros propios ríos o cuerpos. Sin embargo, si estamos comprometidos con los derechos humanos, debemos exigir que las empresas los protejan  y que, en este sentido, contemplen también a agricultores/as, productores/as y residentes de los efectos adversos de los pesticidas en el extranjero.

Me siento enojada porque en Alemania fingimos que tenemos todo bajo control. Pero no queremos culpar a las empresas alemanas, como Bayer, por los efectos negativos a la naturaleza y las personas. No queremos saber nada sobre sus modos de producción. No queremos saber con qué medios indescriptibles las empresas agrícolas comercializan aquí los productos que en Alemania están prohibidos hace mucho tiempo. No queremos saber sobre los costos de alimentarnos. Acá también es fácil ignorar las voces de las personas afectadas. Los/as que vivimos en la ciudad rara vez vemos lo que pasa en el desierto de los campos de soja. Aunque me enoje, es necesario conocer sobre el actual sistema agrícola de monocultivos y aerosoles, con todos sus efectos.

Me voy, sin embargo, agradecida con residentes, médicos/as y abogados/as, las ONG y políticos/as que están comprometidos/as con cuidar y defender la salud de las personas y el ambiente; y me llevo lo emocionante de experimentar las resistencias y esfuerzos en contra de los agroquímicos que se pueden encontrar en toda la provincia. Prometo compartirlas.


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