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Hoy en día, inmersos en esta pandemia global que mantiene a todas las poblaciones del mundo en vilo, están dándose múltiples debates en relación a las políticas públicas de los gobiernos con el fin de hacer frente y atravesar la crisis de emergencia sanitaria. En nuestro país en particular, muchas miradas se han vuelto para “controlar” o “evaluar” las políticas públicas del gobierno argentino, principalmente en materia de salud. En este contexto, gran multiplicidad de personas y voces han dado su opinión sobre las medidas que se toman, e incluso algunas han definido o catalogado ciertas políticas de buenas y malas. ¿Cuáles son las causas y motivaciones detrás de las decisiones del gobierno argentino? ¿Hay problemas generales o reiterados en la implementación de las medidas tomadas? Intentemos comprenderlo.

Ahora bien, a la hora de hablar sobre políticas públicas, hay que tener en cuenta que todas las decisiones de acción o inacción manifiestan una determinada forma de intervención por parte del Estado. En el caso de nuestro país, éstas buscan proteger y resguardar la salud de su población en este contexto pandémico, priorizando este tipo de medidas por sobre otras. En torno a esto, el presidente Fernández dijo “Una economía que se cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más”. A pesar de las buenas intenciones de dichas medidas, esto no quita que sea factible evaluarlas por su impacto real sobre la población.

Si analizamos las medidas tomadas en materia de salud pública por el COVID-19, es posible dividirlas en 3 grupos. En primer lugar, medidas estructurales, orientadas a generar una infraestructura, con inversiones estratégicas y diversas acciones a nivel ministerial. Por ejemplo la creación del Comité de Crisis en materia de transporte dentro del Ministerio de Transporte, u otorgarle al Jefe de Gabinete la capacidad de asignar funciones provisorias en el marco de la emergencia sanitaria. En segundo lugar, medidas sanitarias, a través de la implementación de acciones que se enfocan en la vigilancia, el control, el diagnóstico y el tratamiento de la pandemia. Por último, destacamos las medidas comunitarias, referidas a todo lo relacionado con cuestiones sociales, el manejo de las fronteras, el aislamiento obligatorio y el distanciamiento social, la forma de comunicación del gobierno y la comunidad, la implementación de medidas de higiene personal, etc.  

Desde un punto general, las medidas se tomaron con una gran velocidad. Por ejemplo, el aislamiento social, preventivo y obligatorio se estableció mediante el DNU 297/2020 el día jueves 19 de marzo, donde al momento se registraban 128 casos positivos y 3 muertes. Aproximadamente una semana antes, con 31 casos positivos y 2 muertes, ya se había creado un fondo especial para comenzar a equipar los hospitales y laboratorios, en preparación para la pandemia. Esta última acción es algo recomendado por la Organización Mundial de la Salud con el fin de hacer frente a la pandemia. Ver este tipo de medidas, de envergadura considerable, adoptadas en un momento en el que el número de casos es considerado “bajo” en comparación con otros países y los momentos en los que establecieron medidas similares, demuestra una actitud proactiva contra la pandemia, decidida a contener la propagación de la enfermedad. 

Ejemplos claros que contrastan esto podrían ser el de Brasil, que el día 22 de marzo instauró su cuarentena por estados (impulsada por los gobernadores y no por el gobierno nacional) con 1604 casos de infectados y 25 muertes, y el caso de Uruguay, que no dispuso de cuarentena generalizada pero sí de higiene personal y distanciamiento social con 338 casos de infectados y 2 muertes a las dos semanas de notificado el primer caso de COVID-19. Cruzando el charco, en España el 15 de marzo entró en vigor un decreto de estado de alarma que anunciaba la cuarentena, cuando diecinueve días antes ya había sido notificado el primer caso. La cuarentena se decretó con 7753 casos positivos y 288 muertes. 

Estas acciones del Gobierno argentino van en línea con lo estipulado por  expertos y expertas en materia de salud, y por diversos organismos internacionales. “Aplanar la curva” es un concepto que se puede leer por detrás de todas estas políticas. El objetivo: disminuir la cantidad de nuevas personas infectadas por día, evitando que el número de personas que necesitan asistencia médica sea mayor al que el sistema de salud puede hacer frente. Si todos los contagios se dan en un tiempo muy corto, digamos días, es imposible para el sistema de salud garantizar que se pueda atender de la mejor manera a todas las personas enfermas. Además, debemos tener en cuenta que hay personas que poseen enfermedades previas, que también necesitan acceder a un sistema de salud funcionante. 

Lejos de querer ser crítico con las medidas tomadas, es importante que podamos ver los problemas que subyacen a las decisiones tomadas, y que terminan afectando a otro tipo de medidas. Veámoslo con un ejemplo.

Abrir el paraguas: el caso del Instituto Malbrán

La descentralización del envío de muestras para testeos diagnósticos, remitidas al Instituto Dr. Carlos Malbrán, adoptada el 28 de marzo, abre espacio a ciertas preguntas. Una es, ¿por qué se realizaban estos testeos únicamente en el Instituto Malbrán? Y la otra pregunta lógica es, ¿por qué se decidió descentralizar esta práctica?

Desde el inicio de la pandemia, a cada persona que fuera sospechosa de COVID-19 y que cumpliera con los criterios epidemiológicos, como haber realizado viajes a zonas con circulación regional o haber tenido contacto con personas que lo hubiesen hecho, se le debía realizar un hisopado faríngeo. Este hisopado consiste en la toma de una muestra de la mucosa faríngea, lugar donde el virus se asienta y reproduce, y por distintos métodos de laboratorio se constata si, efectivamente, esa persona posee el virus en cuestión. En nuestro país, las instituciones públicas debían enviar estas muestras al Instituto Malbrán, en Buenos Aires, a fin de que allí se efectuará el testeo pertinente. Esto es lo que llamamos centralización de los testeos.

Ahora, la idea que apoya la centralización es que el Estado no tiene capacidad de poder vigilar y mantener un control de los casos nuevos diagnosticados a lo largo del territorio. ¿Podemos suponer que hay un problema en la fiabilidad de los resultados que se puedan conseguir en otras instituciones? La principal dificultad a la hora de obtener datos fiables, es la complejidad del método diagnóstico en sí mismo. Nuestros laboratorios necesitan aún mayor capacidad e infraestructura, a fin de poder abarcar la demanda nacional. Esto influye tanto a nivel de insumos, con máquinas, equipos y reactivos específicos, como de personal sanitario, técnicas en sí mismas que son nuevas, y al número reducido de personal calificado para realizarlo. 

Respondiendo a la pregunta anterior se puede deducir que hay un desabastecimiento de insumos, personal y kits reactivos, para poder ejecutar este tipo de pruebas a lo largo de todo el territorio nacional. Esta idea se ve reforzada por un comunicado del gobierno que, al tomar la decisión de descentralizar, comunica las intenciones del Instituto Malbrán así como de la Organización Panamericana de la Salud de brindar capacitaciones y distribuir reactivos a lo largo del territorio. Esto nos permite asumir que antes de ese momento era imposible que distintos centros de salud y laboratorios realizarán estos diagnósticos, por falta de insumos y materiales, y falta de trabajadores capacitados y capacitadas. 

Ahora bien, ¿por qué se optó por la descentralización? En los medios hubo mucha crítica tras notarse que sólo una institución contaba con la responsabilidad de llevar los diagnósticos de la totalidad de la población argentina, o al menos la atendida y tratada por la Salud Pública, acusando al Estado de ineficiencia, y también se instaba a realizar testeos masivos de la población. Por ejemplo, en una entrevista de La Nación al Dr. Roberto Debbag (Vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica) el 27 de marzo se refuerza la idea de la necesidad de ampliar la cantidad de testeos diarios, maximizando los diagnósticos de personas asintomáticas. El diario Clarín, el 18 de marzo se refería al “cuello de botella” que significaba la centralización de testeos del Instituto Malbrán, por que existía una demora en los tiempos de diagnóstico y había una sobrecarga sobre la misma institución. En Infobae, una nota del 23 de marzo sugiere una mayor realización de tests, citando al Director general de la OMS Tedros Ghebreyesus con su frase “pruebas, pruebas y más pruebas”, pero sin informar mucho más sobre el contexto y condiciones puntuales de cada país en que esta masividad de testeos generará mejores respuestas frente a la pandemia. 

En relación a lo dicho anteriormente, es importante destacar que la OMS insta a los diversos Estados a realizar una centralización de diagnósticos hacia las instituciones avaladas y reconocidas internacionalmente. En caso de verse sobrepasados ante la demanda, recomienda concurrir a otras instituciones extranjeras que cumplan dicha característica. No obstante esto, también insta a los gobiernos a cambiar su estrategia de testeos cuando la dinámica de transmisión comienza a ser domiciliaria. El día 27 de febrero, cuando la OMS emite su reporte diario, señala el cambio en la forma de transmisión del virus en la Argentina; a partir de este momento se pasó de tener una “transmisión esporádica” a una “transmisión comunitaria”. Esto significa, que comenzó a haber una circulación interna o “doméstica” del virus, es decir, hay casos en los cuales el enlace epidemiológico no es claro y por ende cualquier persona con síntomas relacionados al coronavirus es potencialmente una nueva fuente de transmisión. 

¿Y esto qué cambia? Ante la transmisión comunitaria, la OMS recomienda en su Guía Interna sobre acciones críticas de preparación y respuesta para COVID-19, del 22 de marzo, dejar de lado los testeos poblacionales y para diagnóstico. Esto quiere decir que no se debe indicar testeos como se indicaba antes del 27 de febrero. Entonces, ¿qué se recomienda ahora? Solamente realizar testeos a trabajadores y trabajadoras de la salud que tengan sospecha de haberse infectado, casos dudosos en poblaciones aisladas y sin ningún caso previo (a fin de detectar y notificar brotes en comunidades sanas, y actuar en consecuencia) y en pacientes de riesgo cuyo caso es dudoso. Siguiendo esta línea, la descentralización de los testeos significa ampliar la red de detección de estos casos, y permitir a las distintas instituciones definir problemas más puntuales y de manejo intrahospitalario, como implicaría definir un caso dudoso o poder detectar trabajadores de la salud enfermos a fin de evitar exponer a los y las pacientes a mayor carga viral, cosa que puede agravar cuadros clínicos aún en personas sin riesgo.

¿Es suficiente la comunicación y transparencia en este contexto de crisis?

A pesar de que el gobierno argentino respetó las recomendaciones de la OMS y siguió una lógica de manejo interno, aún quedan algunas preguntas que nos invitan a reflexionar acerca del nivel de comunicación y transparencia que manejó el gobierno a la hora de adoptar la decisión sobre los muestreos. ¿Se comunicó de forma adecuada y suficiente el por qué de esta decisión? ¿qué nivel de influencia tuvieron los medios de comunicación y la opinión pública en el viraje? ¿El gobierno se basó en las recomendaciones de la OMS en el cambio de política, o priorizó su lógica interna? Mediante la Secretaría de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, se comunicó que la intención es “lograr el acceso a una mayor cantidad de test diagnósticos” siempre en vistas a fortalecer el diagnóstico local. 

La comunicación entre el Estado y la comunidad, clave en estas situaciones de riesgo, está puesta constantemente en jaque. Se observa una buena comunicación del presidente Fernández a lo largo de las conferencias de prensa en lo relativo a la pandemia, sobre todo en lo respectivo a la cuarentena obligatoria y al distanciamiento social. También se ha mostrado accesible a realizar notas periodísticas y a comunicarse con los medios sobre estos temas. No obstante, hay una falta de detalle a la hora de comunicar el cambio de políticas (y más específicamente, el porqué de este cambio), cosa que podría generar desconfianza en la población, y desgastar y afectar la cooperación de la comunidad a la hora de cumplir las medidas de salud pública. 

En materia de salud pública, toda medida tomada por el Estado no sólo debe ser evaluada y ejecutada en consonancia con la mejor evidencia disponible, sino que además debe buscar generar confianza en la población. Esto es algo que es particularmente difícil pero necesario en un contexto de pandemia. El desarrollo constante de nueva evidencia que cambia e, incluso en algunos casos, contradice la manera de trabajar y de actuar contra el virus, complica aún más el panorama. Es por ello que la confianza de la sociedad en el gobierno y en la toma de decisiones del mismo, genera una mayor respuesta positiva de la misma a la hora de acatar y respetar dichas medidas. Es importante destacar que, si esta confianza con la comunidad no se construye y fortalece en cada instancia posible, las personas dudan. 

Ante la duda, podemos caer en un problema, ya que la desinformación constante que circula atenta contra nuestra seguridad. En un momento en que los gobiernos y los organismos internacionales reconocen el problema y el riesgo que genera una “infodemia” (circulación de información sin probada evidencia y base científica), las y los gobernantes deben buscar medidas que aproximen su toma de decisiones a la gente. Esta situación se ve agravada día a día por la abundancia de información que circula en las redes, donde la gran amplitud de voces y la llegada de las mismas causa una difusión constante de “fake news” e desinformación anteriormente mencionada, hecho que debe ser encarado por el gobierno de manera proactiva.

Las personas tienen derecho a que se les informe de los riesgos sanitarios a las que están expuestas, y a comprenderlas. La Organización Panamericana de la Salud recomienda, además, que al momento de comunicar en este contexto, se sea totalmente transparente, explicando también el proceso decisorio, detallando los cambios, los riesgos, los beneficios, las deficiencias y los aciertos.

Como dijo el presidente Fernández el 29 de marzo de este año: “Si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad. Nadie se salva sólo”. Esta solidaridad incentivada para que la practiquemos en el día con nuestros abuelos y abuelas, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, es sumamente importante en el espacio en el que nos movemos diariamente. Sin embargo, para actuar con solidaridad debemos conocer lo que está ocurriendo y tener información certera del contexto. Es un derecho de la ciudadanía, que obliga y compromete al Estado a compartir información de calidad de manera oportuna. Esto se transmite también a estos cambios de decisiones, estos giros en las guías y protocolos que se dan todos los días, y que están modificándose constantemente. 

Actualmente, nos enfrentamos a una salida regulada de la cuarentena. En este tipo de salida, la confianza en las instituciones para poder mantener y aplicar las medidas de salud, es clave para evitar un nuevo disparo en los casos, cuestión que obligaría al Estado Nacional a instaurar de vuelta una cuarentena. La mejor forma para evitar esto, es generarnos confianza y tranquilidad. Confianza en un Estado que vela por nuestra seguridad, no de una forma paternalista que puede parecer de a momentos autoritaria, sino de una forma participativa, viendo en cada persona su capacidad de resiliencia para poder, juntas entre todas, superar esta emergencia.


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