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La pandemia por Covid-19 y las medidas de contención implementadas por los gobiernos a nivel global han afectado múltiples aspectos de la vida cotidiana de las personas. La educación y todo el conjunto de actividades vinculadas afrontan el mayor y más significativo cambio, con una parálisis casi total de las actividades en prácticamente todo el mundo. En el caso de Argentina, la suspensión de las actividades escolares se decidió desde el Ministerio de Educación de la Nación en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) establecido por el decreto presidencial 297/2020.

Las medidas gubernamentales fueron escalando desde que se detectaron los primeros casos en el país, hasta que el 15 de marzo se tomó la decisión de suspender, mediante la Resolución ministerial 108/2020, el “dictado de clases presenciales en los niveles inicial, primario, secundario en todas sus modalidades, e institutos de educación superior, por CATORCE (14) días corridos a partir del 16 de marzo”. Complementariamente, en su artículo 1° inc. e dicha resolución especificó que:

se recomienda (…) Garantizar la continuidad de todas las prestaciones alimentarias que se brinden en el sector educativo, y en caso que se mantuvieran en funcionamiento los comedores escolares, deberán observarse las disposiciones de higiene y salubridad, sobre distancias mínimas y toda otra que la autoridad sanitaria disponga durante este período excepcional, y adecuar, de ser necesario, la cantidad de turnos en que se preste el servicio alimentario, para brindarlo a la totalidad de los y las asistentes, y dándose toda otra organización adecuada a estos fines

La decisión de instrumentar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, tomada desde el gobierno nacional, llevó a los sistemas educativos de cada provincia a suspender las clases presenciales en establecimientos de nivel inicial, primario, secundario y terciario. La medida trajo consigo el cierre de comedores escolares, que diariamente asisten a casi cuatro millones de niños, niñas y adolescentes de todo el país. Una reciente encuesta de Unicef Argentina muestra que el 79% de los beneficiarios de programas de alimentación escolar (PAE) experimentó un cambio en la frecuencia en la atención de comedores.

De esta manera, la cuarentena obligó a diseñar e implementar con celeridad un esquema que diera continuidad a la actividad que habitualmente se desarrollaba en los comedores escolares. En simultáneo, la paralización de la actividad económica con el consecuente desempleo y caída de los ingresos familiares recrudeció el deterioro de las condiciones socioeconómicas. El creciente riesgo alimentario para los grupos en situación de vulnerabilidad social incrementó la presión sobre el sistema de comedores escolares, que debieron reformularse con urgencia para garantizar la distribución de alimentos en un contexto de extrema gravedad.

Esta situación puso en evidencia, de manera incontrastable, una realidad cotidiana para amplios sectores de la sociedad: la centralidad vital del sistema educativo público no sólo como instancia de formación y contención de niños, niñas y adolescentes, sino también -y en muchos casos, primordialmente- como la principal estructura de política de asistencia alimentaria del país para este colectivo. Si bien en el universo de políticas sociales argentinas predominan los programas de transferencias monetarias, como Asignación Universal por Hijo o el más reciente Ingreso Familiar de Emergencia, la provisión de habitual y sostenida de alimentos estuvo centrada históricamente en los comedores escolares, ahora apuntalada también por la Tarjeta Alimentar.

Para trazar un panorama específico de los PAE, Fundeps ha elaborado un informe que explora la temática, reseñando algunas de las recomendaciones que Unicef, Fao y el Programa Mundial de Alimentos realizaron en un reporte conjunto. También repasa las diferentes medidas adoptadas por las provincias argentinas para garantizar la alimentación de los niños, niñas y adolescentes durante la cuarentena. Finalmente incluye una serie de recomendaciones puntuales para el caso argentino a fin de asegurar o mejorar, según el caso, la transparencia en la gestión de la política y la calidad nutricional de los alimentos entregados.

Este último aspecto es central, considerando que las clases presenciales continuarán suspendidas, incluso después del levantamiento de las restricciones de circulación o el reinicio masivo de las actividades económicas. Aunque no existen indicios claros, el cierre de las escuelas sumado a las fuertes restricciones presupuestarias que afectan a los gobiernos en todos sus niveles puede dar a luz a una nueva dinámica de implementación de los PAE en Argentina.

El futuro de los PAE está atado, en lo inmediato, al porvenir de la actividad escolar. Pero en el largo plazo su dinámica de funcionamiento puede virar hacia modelos diferentes a los que conocemos. En un contexto en el que no sólo las prácticas sociales, sino también los mecanismos institucionales y procedimientos administrativos del Estado están en discusión, esta política podría ser rediseñada apuntando a minimizar los riesgos de contagio y/o a bajar los costos de implementación.

En caso de continuar a mediano o largo plazo con la entrega de módulos de alimentos, es prioritario mejorar la calidad de la alimentación que los estudiantes ya recibían en los comedores escolares. Siguiendo las Guías Alimentarios para la Población Argentina se deberían evitar o entregar en baja cantidad o frecuencia alimentos que las mismas desalientan o no recomiendan su consumo frecuente, como azúcar, cacao o galletitas, hoy casi omnipresentes en las cajas que se entregan. 

Una combinación de mayor calidad de ingredientes con una correcta capacitación sobre manipulación y preparación de alimentos en los hogares debería ser la línea de base de cualquier innovación futura en los programas de alimentación escolar de cada provincia.


¿Qué hacemos en Fundeps sobre ésta temática?

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