“Necesitamos ser activistas, necesitamos salir de Twitter, de Facebook y regresar a las calles” – Mark Segal, activista presente en los disturbios en Stonewall Inn.
Se cumple un nuevo aniversario de Stonewall, la revuelta que en 1969 marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, por considerarse el inicio del movimiento de liberación homosexual a nivel mundial.
Los pormenores del hecho relatan cómo la policía de Nueva York llegó al boliche Stonewall Inn para pedir coimas a cambio de no cerrar el lugar que tenía entre sus cuatro dueños a un homosexual, el «Gordo» Tony Luccia. Al no concretarse el «acuerdo comercial», el oficial a cargo Seymour Pine decide encerrar a todas las personas presentes, dejando salir varias horas después únicamente a quienes tenían documentos, lo que significaba que travestis y/o quienes buscaban disfrutar de la noche en el anonimato serían privados de su libertad, no sin antes recibir un par de golpes.
Sin embargo, en la puerta del Stonewall comenzaron a reunirse cientos de personas que esperaron pacientemente durante horas, aplaudiendo cada vez que alguien salía en libertad. Todo empeoró cuando la policía arrastró a tres travestis hasta el patrullero y una decidió negarse a subir, recibiendo una golpiza que enardeció a la multitud, al punto que comenzaron a arrojarse botellas, piedras, monedas y cualquier cosa que hubiese a mano. En la madrugada del 28 de junio, el barrio mostraba barricadas y tachos de basura en llamas mientras resonaba el eco de los gritos de las miles de personas que formaron parte de un hecho histórico: “¡Gay power! ¡Gay power!”.
Ya en la actualidad y en un contexto mundial donde todos los caminos parecen conducir a un renacer preocupante de pensamientos homofóbicos, bien vale rescatar la idea detrás de la palabra Orgullo, esa respuesta política de la que habló Carlos Jáuregui, activista argentino y primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) entre 1984 y 1987.
Setenta países del mundo aún consideran que pertenecer a la comunidad LGBTIQ+ es un acto ilegal, en ocasiones penalizado con cárcel o directamente la muerte. Es decir, en uno de cada tres países es peligroso mostrarse como miembro de la comunidad, según publicó el informe “Homofobia de Estado 2019” de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA). Un porcentaje que marca lo que falta recorrer en materia de conquista de derechos humanos.
Si bien Argentina fue el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario y desde 2012 posee una Ley de Identidad de Género de vanguardia, en los últimos años se han vivenciado experiencias que creíamos superadas pero lamentablemente acordes al clima de época represiva que se vive en el mundo.
Por ejemplo, al término de la publicación de esta nota Mariana Gómez esperaba la sentencia a su procesamiento por besar a su esposa en la estación de Constitución. La fiscal Diana Coral pidió dos años de prisión para la joven bajo la figura de resistencia a la autoridad y lesiones graves mientras la defensa asegura que se trata de un caso de lesbofobia. La Justicia decidió informar su decisión el Día Internacional del Orgullo en lo que podría marcar un antecedente jurídico preocupante a la hora de la libertad de acción no solo de las lesbianas sino de cualquier persona disidente frente a lo heteronormativo.
También debe mencionarse la histórica materia pendiente con las personas trans, uno de los colectivos más vulnerables de la población con una esperanza de vida de apenas 35 años. Durante el 2018 se perpetuaron en Argentina 147 crímenes de odio contra personas LGBTIQ+ según un informe elaborado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires en articulación con la Federación Argentina LGBT. De esa cifra, la mayoría son mujeres trans y el 48% de las violaciones a derechos fueron perpetrados por funcionarios del Estado como la policía o el servicio penitenciario. Seguramente los casos son aún más ya que el relevamiento tuvo en cuenta únicamente los hechos publicados en medios de comunicación y es vox populi que son muchos más los que se mantienen ocultos. Desde distintas organizaciones y hace varios años se solicitan políticas públicas eficientes frente a este flagelo que es llamado “genocidio trans” con mucha razón. Dentro de ese reclamo se enmarca la campaña por el cupo laboral trans, una deuda de la democracia para con este sector de la población.
Para quienes acudimos allá lejos y hace tiempo a la primera marcha del orgullo gay que se desarrolló en la ciudad de Córdoba en el 2008, donde cerca de 15.000 personas nos encontramos en las calles de la Docta de las campanas en el marco de iniciales debates por la ley del matrimonio igualitario, sin dudas hemos avanzado. Hoy las generaciones más jóvenes exigen tener Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, las infancias trans se organizan por sus derechos y el feminismo asume que sin las disidencias no puede considerarse tal. Podemos decir que estamos en el camino correcto.
Los 50 años de Stonewall deben necesariamente empujarnos al reconocimiento de lo conquistado pero también a reflexionar lo que falta, más en un contexto mundial que parece querer reabrir las puertas de un closet al que nadie está dispuesto a volver. Como detalla el fragmento de Mark Segal al inicio de esta nota es hora de (re)activar el compromiso, desempolvar la bandera con Orgullo y avanzar en la construcción de una sociedad para todas, todos, todes porque al fin y al cabo, como decía Néstor Perlongher, “no queremos que nos persigan, ni que nos aprendan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan: lo que queremos es que nos deseen”.
Feliz día del orgullo.
