El Cambio Climático, entendido como el cambio de clima atribuido a la actividad humana, es el principal desafío y amenaza a la que se enfrenta la humanidad en este siglo. Esto implica no solo hacerle frente a los fenómenos climáticos inusuales a los que nos vamos acostumbrando, como olas de calor, sequías, inundaciones, deshielos, aumento del nivel del mar, entre otros. Sino, sobre todo, la amenaza que significan los fenómenos físicos conocidos y desconocidos que sobrevendrán en el futuro cercano si no revertimos la situación.
Una de las características principales del cambio climático es que alcanza a todo el planeta sin distinción de países o regiones y compromete a las generaciones presentes y, más aún, a las futuras. A pesar de este carácter global, es diversa la postura de las personas, sectores sociales y políticas que se adoptan frente a él. La realidad demuestra que los países más pobres, las comunidades y grupos en situación de mayor vulnerabilidad sufren y sufrirán aún más las devastadoras consecuencias, aun cuando su contribución al problema haya sido mínima.
Aunque el cambio climático tiene graves consecuencias para todas las personas, las mujeres, niñes y adolescentes, los pueblos indígenas y las comunidades rurales son algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad que se ven más afectados por sus consecuencias negativas, poniendo en evidencia las desigualdades existentes.
Las mujeres y las niñas, especialmente las indígenas y campesinas, debido a sus roles asignados y ocupación, se encuentran más vulnerables a sufrir las consecuencias del cambio climático. Entre ellas es posible nombrar la inseguridad alimentaria. Esto se debe a que la variación en el clima afecta la disponibilidad, accesibilidad, consumo y estabilidad en los recursos y materias primas para la producción de alimentos, recolección de agua y combustibles, lo que conlleva a las mujeres y niñas a realizar mayores esfuerzos para conseguirlos. También, algunas enfermedades impactan de forma diferenciada sobre sus cuerpos y son ellas las que, además, en caso de afecciones en el hogar, se encargan del cuidado de las personas enfermas y demás labores.
Lo mismo ocurre con las infancias y les adolescentes que son otros de los grupos más vulnerables a las enfermedades que se propagan como resultado del cambio climático. Se estima que cerca del 90% de las muertes atribuibles a fenómenos climáticos recaen en niñes menores de 5 años. También se ven afectades por la inseguridad alimentaria, la destrucción de infraestructura esencial para su vida y bienestar, la falta de saneamiento, pérdida de hogares y la necesidad en muchos casos de migrar hacia otras regiones para estar a salvo.
Por su parte, los pueblos indígenas y campesinos son particularmente afectados. Su vulnerabilidad se debe a múltiples factores, entre ellos, la amenaza a sus medios y modo de vida ya que su cultura y sus actividades económicas, productivas y sociales dependen casi exclusivamente de los recursos naturales que se ven afectados por la variabilidad y los extremos climáticos. Además, se trata de uno de los grupos más pobres, viven en regiones geográficas y ecosistemas muy expuestos a los efectos del cambio climático y debido a esto, en muchos casos, deben migrar, lo cual no es una solución, sino que agrava las vulnerabilidades sociales y económicas.
Estos grupos, pese a ser los más afectados, son los que menos participación y acceso tienen a la hora de tomar decisiones sobre cómo hacer frente a la crisis climática. Paradójicamente, son agentes fundamentales para lograr una acción climática efectiva, una transformación más justa, equitativa y un desarrollo sostenible debido a sus conocimientos, ocupaciones y experiencias.
¿Qué pasa en Córdoba?
Argentina y particularmente Córdoba no es ajena a esta situación de vulnerabilidad de ciertos grupos frente al agravamiento y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos como sequías, incendios, inundaciones, olas de calor, granizo, temporales, heladas. A partir del relevamiento y diagnóstico que realizamos desde Fundeps sobre los fenómenos climáticos más relevantes de la provincia durante el período 2000-2020, fue posible confirmar esta realidad y determinar la graves consecuencias que implica el agravamiento del cambio climático año tras año.
Con los datos recaudados se puede evidenciar como en muchas ocasiones las personas sufren la pérdida de sus viviendas, pertenencias, animales, ganado, siembras y recursos naturales de los cuales depende su modo o medio de vida. Por enumerar algunos: en el año 2003 un tornado inusual y atípico en la ciudad de Córdoba dejó como saldo 3 personas fallecidas, 45 heridas, cientos de evacuadas y la destrucción total de viviendas y autos. En los años 2008 y 2009 la sequía y consecuente crisis hídrica afectó el suministro de agua en varias localidades y a la producción de soja, maíz y trigo.
En 2015, una de las inundaciones más graves de la provincia afectó a las localidades de Colonia Hogar, Río Ceballos, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Cerro Azul, Agua de Oro, La Granja, Salsipuedes, Jesús María y Córdoba, causó la muerte de 9 personas, miles de afectades y evacuades y la pérdida de hogares y pertenencias. Al año siguiente, en 2016, las lluvias en exceso hicieron que gran parte de la superficie productiva de uso agrícola se encontrara tapada bajo el agua, causando pérdidas millonarias irrecuperables.
Durante todo el período analizado, se registraron sistemáticamente incendios en distintas zonas y localidades de la provincia, que ocasionaron la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo, biodiversidad, cultivos, animales, graves perjuicios económicos, personas evacuadas y fallecidas. Debido a este fenómeno y a los desmontes indiscriminados, se calcula que en Córdoba queda menos del 3% de bosque nativo en buen estado de conservación, siendo esto apenas 360.000 hectáreas.
Sabiendo estos números, ahora surge preguntarnos sobre la existencia de políticas públicas tendientes a lograr la prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y el rol que ocupa el Estado Nacional, Provincial y Municipal en este sentido. Más aún teniendo en cuenta que, desde el año 2019, se encuentra vigente la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, la cual establece las condiciones para garantizar acciones, instrumentos y estrategias para hacerle frente al cambio climático.
Esta ley significó un gran avance. Sin embargo y tristemente, aún hoy no se encuentra regulada, ocasionando la pérdida de aplicación efectiva que se traduce en la notoria falta de políticas públicas. En primer lugar, es alarmante la falta de prevención por ejemplo en el caso de los incendios que se repiten año tras año y que con ciertas medidas preventivas podrían ser evitados o al menos minimizados. Lo mismo ocurre con las acciones de adaptación, ya que estas permitirían que ante la existencia de un evento climático como un temporal o inundación, las consecuencias y daños sean mínimos, lo que al día de la fecha no sucede.
Esto nos permite concluir que las políticas públicas en la actualidad no son acordes a lo que la realidad demanda. Es necesario que de manera primordial el cambio climático se ponga en agenda pública y se comiencen a realizar acciones concretas y efectivas tales como asegurar la educación ambiental, que se promueva y facilite la participación ciudadana en la toma de decisiones, que se garantice el acceso a la justicia, en especial a todos aquellos sectores en situación de vulnerabilidad. La crisis climática no es una amenaza lejana sino por el contrario ya es una realidad apremiante.
