Miguel Magnasco
Presidente – Fundación Córdoba de Todos
Hace algunos años la Universidad Nacional de Córdoba celebraba sus 400 años de existencia con un slogan que me quedó grabado en la memoria: “Es pública, es de todos”. Siempre me pareció un lema muy potente y, lejos de ser redundante, sienta una posición respecto de cómo deberían resolverse los debates sobre la cosa pública: democratizándolos.
Pensaba en esa consigna cuando desde el Ejecutivo Municipal se hicieron anuncios sobre la urbanización de los Predio Ferroviarios de Alta Córdoba (ex Forja). Son aproximadamente 37 hectáreas que estaban en manos del Estado Nacional y que pasarían a manos del municipio para avanzar en su urbanización. Al ser del Estado Nacional, son tierras que pertenecen a todo el pueblo argentino, si se quiere, por proximidad, a la totalidad de cordobeses y cordobesas. Son públicas, son de todos/as. Por lo tanto, la actitud que uno espera por parte de los distintos niveles de administración pública es que convoquen a la ciudadanía y sus distintos modos de organización, para debatir sobre el destino de esas tierras.
Sin embargo, la historia en Córdoba, lamentablemente, nos indica que, lejos de haber voluntad de abrir las discusiones en torno al desarrollo urbano de la ciudad, los estados locales han resuelto siempre de la misma manera el destino de la tierra pública: solamente en acuerdo con el sector privado y con un equipo técnico para diseñar los proyectos arquitectónicos que se repite desde hace años. No hay ninguna democratización del debate. Los grandes proyectos jamás son sometidos a un ida y vuelta ciudadano que los vuelva más virtuosos, creativos y contempladores de las múltiples realidades locales. Para decirlo con mayor elocuencia: que sean proyectos para todos/as, no para unos pocos.
Un punto que vale la pena aclarar para que no haya confusiones de ningún tipo, es que nadie está en contra de que se urbanicen las tierras públicas, pues siempre es una buena oportunidad para embellecer la ciudad, para abrir el espacio público y para poner a circular las ideas de tantas personas y organizaciones fuertemente capacitadas que tenemos en Córdoba. Siempre representa una chance que da vigor al encuentro de vecinos/as, de comerciantes; de expertos/as en urbanismo, en paisajismo, en ingeniería, en comunicación, en geografía; de empresarios/as; en suma, la comunión de sectores para debatir horizontalmente el mejor proyecto posible para beneficiar a toda la población. El municipio debería asegurar esos espacios y desde un rol de coordinación, avanzar en las decisiones institucionales.
El problema es que esa no es la dinámica con la que aquí se realizan los proyectos de urbanización de tierra pública. El caso más cercano y resonante por su lamentable resolución es el del predio del ex Batallón 141. Eran las últimas 23 hectáreas públicas de espacio verde que poseía la Zona Sur de la ciudad, fueron vendidas a un privado a un tercio de su valor real y el municipio autorizó un uso de suelo del predio verdaderamente perjudicial para el conjunto de la sociedad: múltiples torres con departamentos de lujo y un shopping, en una parte de Córdoba con una red de servicios públicos que se encuentra absolutamente colapsada. La autorización se dio en el marco de la ordenanza de asociaciones público-privadas; el Estado permite excepciones a cambio de contribuciones públicas. En este caso puntual, además del impacto de la obra en sí misma, se ha denunciado que la empresa no cumplió con parte de las obligaciones a su cargo. Perdemos el pulmón verde y empeoramos la calidad de vida. Imposible imaginar un peor criterio de planificación urbana. Pero es la triste realidad, así se ha hecho.
Por todo esto, junto con FUNDEPS, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y la Corriente Universitaria Protagonismo Popular, impulsamos diversos pedidos de información dirigidos a la Municipalidad de Córdoba para intentar que no haya un comportamiento similar de parte del Estado local con respecto a la urbanización de los predios de FORJA. El Municipio aprobó ya una ordenanza en la cual se establecen pautas para el proyecto de urbanización de las 37 hectáreas, entre ellas 4 instancias de participación ciudadana. Aunque ninguna de estas instancias ha sido convocada, nos enteramos por la prensa que el proyecto ya está listo para comenzar. ¿Cómo va a estar listo si todavía no convocaron a nadie a discutirlo?
En ese mismo sentido, el vice intendente de la ciudad afirmó que la nueva sede del Concejo Deliberante, que se planea construir recuperando los viejos galpones del ferrocarril alojados en Alta Córdoba, ya tiene proyectista (Miguel Ángel Roca) y financiamiento. Empezamos mal. La mencionada ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, en marzo, establece la obligación de llamar a concursos públicos de ideas para los proyectos a realizarse en el predio. Esto se está incumpliendo de manera grave, pero además perdemos buenas posibilidades de mejorar los proyectos a través del aporte de ideas de la ciudadanía. Un proceso que resulta siempre enriquecedor tal como decía al principio.
Pero nuestras inquietudes no terminan ahí. No sólo no se convocan las instancias correspondientes de participación ciudadana, sino que tampoco se exponen precisiones sobre temas muy delicados para la ciudad. De un total de 62 hectáreas, 37 fueron cedidas al municipio para el proyecto de urbanización, pero las restantes quedarían en manos de “emprendimientos privados”, según anunció la Municipalidad. Teniendo en cuenta que, a pesar de ser terrenos del Estado Nacional, quien luego debe autorizar el uso de suelo es siempre la Municipalidad, nos preguntamos: ¿Qué permitirán hacer allí? ¿Qué espacio tendrá la ciudadanía cordobesa para discutir? ¿Harán lo mismo que con el ex Batallón 141? La urgencia de conocer estos aspectos reside también en que esas 18 hectáreas son las que mayor espacio verde tienen de toda la extensión del predio.
¿Perderemos un nuevo pulmón verde a causa del negocio de unos pocos?
Por otro lado, nos preocupa el sistema ferroviario de cargas. Las autoridades no han dicho nada sobre esto y ya hay diversas organizaciones vinculadas al ferrocarril que están realizando acciones preventivas por si la idea llegara a ser desmontarlo completamente.
Todas estas inquietudes fueron objeto de nuestros pedidos de información, que llevan más de un mes sin respuestas, mientras los proyectos sobre estas tierras siguen avanzando.
Todos estos problemas están atravesados por un hilo conductor que los explica en gran medida: la nula convocatoria al debate para resolver cuestiones de orden público, es decir, que nos afectan a todos/as. El derecho a la ciudad parece estar restringido a un grupo selecto compuesto por los grandes desarrollistas inmobiliarios, algunas autoridades y un estudio arquitectónico. Córdoba es demasiado grande y tiene demasiado capital humano y simbólico como para cerrar de esa manera penosa el debate de la cosa pública. Nos merecemos otra manera de resolver las buenas oportunidades que se abren para mejorar la ciudad y su funcionamiento. La clave para hacerlo es más sencilla de que lo que parece: democratizando la discusión sobre los grandes proyectos que implican transformaciones para toda la sociedad. Que se abra el debate, desde ese piso pueden surgir proyectos maravillosos, que de verdad nos hagan sentir orgullo por el lugar donde vivimos.
