Los compromisos que varios países asumen de manera voluntaria para abrir sus datos no alcanzan para controlar la corrupción si no se trabaja en la participación ciudadana.
Filósofos y politólogos a lo largo de la historia han dado a entender que no existe otra manera de organizar la vida en sociedad que sea más equitativa e inclusiva que la democracia. La democracia es sinónimo de transparencia, participación, igualdad y desarrollo. ¿Y en la práctica?
Los indicadores de desarrollo de Argentina y de la mayor parte de los países del sur global demuestran que los niveles de desigualdad son grandes y fueron creciendo con el paso de los años.
En un contexto de gobiernos democráticos consolidados, esta forma de gobierno no fue capaz de cumplir con sus promesas y la exclusión constante de la ciudadanía, devino en la imposibilidad de avanzar hacia mejores niveles de desarrollo.
La idea del desarrollo como algo más que el crecimiento económico fue incorporando otros parámetros para medir el avance de una nación. La salud, la educación y las instituciones gubernamentales son algunos de ellos. Y hacia 2008, la necesidad de fortalecer estas últimas, devino en la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés).
La OGP reúne a más de 70 naciones con el objeto de promover la implementación de políticas de transparencia, participación y colaboración. Los Estados parte se adhieren y mantienen su estatus de “miembro” mediante la creación de planes de acción que duran dos años. Cada uno se compone de un set de compromisos o metas que el gobierno está dispuesto a cumplir en plazo estipulado. La adherencia a OGP y el cumplimiento de los planes tienen, al día de hoy, un carácter voluntario. Finalizado cada plan, los países son evaluados y obtienen recomendaciones de cara a la elaboración del siguiente plan.
La hermana mayor de OGP es la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (Eiti). Creada en 2003, Eiti se propone fomentar el aumento en los niveles de transparencia en los estados, con el propósito de combatir y reducir la corrupción en la actividad extractiva. De manera similar a OGP, la adhesión a este espacio es voluntaria.
Ambas iniciativas proponen un modelo de creación de políticas y toma de decisión en el que el gobierno debe compartir la mesa con la sociedad civil. Los planes de acción tanto de OGP como de Eiti deben ser delineados en conjunto, entre los estados y la ciudadanía. Esto es una condición necesaria para la permanencia del país en las iniciativas. De esta forma, OGP y Eiti vienen a proponer un modelo de democracia en el que la transparencia y la participación ciudadana son un requisito imprescindible.
¿Y Argentina?
Ahora bien, ¿qué ha sucedido desde la adhesión de Argentina a estos espacio?
El carácter voluntario de la participación y del cumplimiento de los compromisos les quita fuerza a los beneficios e impactos que estos puedan tener. Cada meta incluida en los planes, si bien creada en conjunción con la sociedad civil, depende exclusivamente de aquellos ministerios y espacios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que quieran participar.
Argentina en OGP adquirió un prestigio que ha llevado a que en este 2020, nuestro país ocupe la presidencia de la Alianza. No obstante, los resultados de las evaluaciones de los últimos tres planes de acción revelaron que, casi en su totalidad, los compromisos asumidos desde 2013 no fueron los suficientemente transformadores. Esto significa que muy pocas metas asumidas tienen un verdadero potencial para convertir al gobierno argentino en un gobierno abierto.
Una multiplicidad de portales de datos abiertos no significa que las instituciones sean más transparentes. Y Argentina ha orientado casi todos sus esfuerzos a la creación de estos sitios como su estrategia para abrir el gobierno.
La persistente incapacidad de la ciudadanía para comprender la información que se publica es lo que llevó a que tanto OGP como Eiti se hayan estancado.
Ambas iniciativas demuestran que se avanzó mucho hacia la transparencia de la información, pero eso no ha decantado en una mayor participación ciudadana, reducción de la corrupción o mejoras en los indicadores de desarrollo. El informe anual de 2019 de OGP evidencia que los compromisos asumidos por los países miembros se orientan sólo a la cuestión de la transparencia. Poco se hizo para ampliar los espacios de participación y colaboración.
Para la mayor parte de los países miembros, la participación en Eitiy OGP ha servido como una máscara que les permite adquirir prestigio internacional y mayores posibilidades de recibir ayuda para el desarrollo. Nada más.
El movimiento hacia la apertura gubernamental no hizo más que poner a disposición de los ciudadanos una catarata de datos casi imposible de procesar. La brecha tecnológica y la alfabetización digital son cuentas pendientes. En la medida en que no se transformen en prioridades para los gobiernos, la apertura nunca va a ser suficiente.
Si bien OGP y Eiti vinieron a proponer una remodelación de los estándares democráticos, poco fue lo que lograron. La inclusión de grupos vulnerables aún no es evidente, y desde los círculos académicos se discute si este tipo de iniciativas son modelos pensados desde el “norte global”, que buscan ser trasplantados a todo el mundo sin dimensionar los contextos particulares de cada nación. Esto se evidencia en estados donde los niveles de desigualdad, exclusión y analfabetismo son altos.
*Esta nota fue publicada originalmente en La Voz
