¿Por qué estamos discutiendo el salario de nuestros funcionarios/as públicos?

Hace días se instaló un debate tanto en redes sociales como en la agenda política: la cuantía de los salarios de los/as funcionarios/as públicos y el reclamo para que éstos sean reducidos ante la situación crítica que atraviesa nuestra economía en tiempos pandémicos. ¿Qué hay de acertado en todo esto?

El 29 de marzo, el presidente Alberto Fernández en una conferencia de prensa, en la que comunicaba la extensión de las medidas de aislamiento obligatorio, dedicó unas líneas a un sector de empresarios argentinos: “les tocó la hora de ganar menos«. Esto a raíz de que el viernes anterior el grupo empresario transnacional TECHINT había decidido despedir a más de mil operarios en sus obras en nuestro país amparándose en la situación extraordinaria. Estas declaraciones del máximo mandatario generaron diversas convocatorias en redes sociales de ciudadanos y sectores políticos de la oposición, para solicitar la disminución de los salarios de los funcionarios públicos bajo el hashtag #BajenseElSueldo. El día 30 de marzo a las 21:30 se registraron múltiples ‘cacerolazos’ en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y algunas otras ciudades del país, replicándose en los días siguientes.

Frente a esta situación nos preguntamos ¿Quiénes son las personas que debieran ganar menos? A modo de introducción, sería importante esbozar un contexto que nos permita analizar esta demanda en términos comparados. Los cargos políticos en Argentina son rentados como en la mayor parte del mundo, sin embargo distan bastante de ser los mejores pagos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó un informe en el año 2016 comparando dietas parlamentarias en base a datos de la  Unión Inter Parlamentaria Mundial. El PNUD tomó como referencia la dieta parlamentaria de la Cámara de Diputados de 128 países, llegando a valer la misma un promedio mundial de $5.173 dólares mensuales brutos. Adjuntamos una gráfica que muestra los valores.

Acorde a los últimos datos disponibles (noviembre de 2019) un/a diputado/a en Argentina gana entre 2.600 y 3.420 dólares de salario neto, al tipo de cambio oficial del 1 de abril, dependiendo donde resida y los gastos de representación que perciba. Esta cifra lo pone muy por debajo de países de la región como Chile o Colombia. También es inferior al promedio mundial y está en niveles similares a países como Pakistán o Cabo Verde. 

Ahora bien, si nos circunscribimos a analizar la cuestión en los números de nuestras arcas públicas nacionales ¿Qué significancia tiene en el presupuesto nacional la partida correspondiente a los salarios de funcionarios/as públicos? En estimaciones contenidas en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2020, la partida “Administración gubernamental” – que refiere al monto destinado a remuneraciones, gastos de consumo, rentas de la propiedad, inversiones de capital, etc., de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial –  asciende a un 4,17% del total del gasto primario presupuestado. Si nos introducimos a examinar cómo se compone dicho monto, podemos observar que las “remuneraciones” dentro de la administración gubernamental insumen un 62% de dicho porcentaje, lo que supone apenas un 2,59% del total del gasto estimado en el presupuesto. Es necesario aclarar que esta cifra corresponde tanto a personas que son empleadas públicas y funcionarias del Estado Nacional. Es decir, de cada $100 que gasta el Estado, tan sólo $2,59 van destinados a pagar salarios.

Por último, en cuanto a la capacidad de ahorro que se podría producir frente a una medida de este tipo, el economista Alejandro Bercovich señaló en el Diario “BAE Negocios” que si se cobrase un impuesto extraordinario del 3% a las personas «milmillonarias» argentinas (Rocca, Bulgheroni, Galperín, Eurnekian, Brito y Roemmers) se recaudaría al menos 28.600 millones de pesos, 143 veces lo que ahorraría la Cámara de Diputados (500 millones) con la rebaja del 40% de las dietas legislativas que se salió a ofrecer después del cacerolazo. Eso suponiendo que cada uno tiene en promedio U$S 1.500 millones (la tercera parte de lo que atesoran los Rocca) y sin contar lo que esa contribución de excepción podría recaudar, entre los/as cerca de mil poseedores/as de fortunas superiores a los 50 millones de dólares en nuestro país, muchos de ellos/as beneficiados/as por la obra pública.

No obstante ello, también sería conveniente preguntarnos: Cuando se reclama por esta reivindicación del ahorro republicano ¿Se incluye en esta demanda al Poder Judicial? Si atendemos a las consignas más resonantes, no encontramos referencia alguna a la exorbitancia de los salarios de los magistrados, ya que en general el reclamo se dirige a la “clase política”. Sin embargo, si nos tomamos en serio este reclamo, sería  mucho más razonable exigirles una rebaja a quienes ganan por lejos los salarios más altos de todos/as los/as funcionarios/as y que además no contribuyen en la misma medida que el resto a raíz de la excepción del impuesto a las ganancias, salvo aquellos que han ingresado a la magistratura a partir de 2017 que ya pagan dicho tributo. 

A la luz de los datos anteriormente detallados, ¿Por qué surge esta discusión en estos momentos en los que la economía nacional -y mundial- debe enfrentar los costos de una pandemia sin precedentes? Reflexionar en torno a los fundamentos y a los discursos que circulan en este tipo de debates resulta imperioso para desentrañar qué intereses se hallan detrás de ello.

La importancia de la función pública 

El reclamo encarna de fondo cierta desconfianza en quienes conducen los destinos del país. No obstante las reservas que puedan tenerse hacia la ‘clase política’, hay que mirar con mucha atención para que una desconfianza generalizada no desemboque en una desvalorización del trabajo que se realiza. Si estamos disconformes con el manejo del Estado, esto debería traducirse en un cambio de la dirigencia a través del voto (cosa que ha ocurrido en los 5 últimos años), y no en un reclamo generalizado hacia la figura de quienes trabajan de administrar la cosa pública. En ese marco, la responsabilidad que el cargo de la presidencia implica debería reflejarse en el pago por su tarea, lo que justificaría la diferencia de su salario con el de un cajero de banco, por ejemplo. 

Si bien la política se entiende como vocación, también es profesión y quienes son funcionarios viven de su salario y es valioso que así sea. Esto tiene asidero, excepto que suscribamos a las teorías que conciben al funcionariado como servicio y a la gratuidad de los mismos pero con el serio riesgo de impulsar así un Estado débil en el que solo participan quienes perciben otros ingresos. Lo cierto es que en nuestro sistema político, la conducción del devenir de nuestro país se halla en gran parte en manos de quienes cumplen roles de mucha importancia, a los fines de que el destino de nuestro país esté signado por las mejores decisiones políticas. 

La lógica empresarial que se introduce en “lo público”

Podemos pensar además, que al interior de este tipo de reclamos operan distintas variables, propias de la órbita empresarial: la reducción de los costos, los criterios de rentabilidad y productividad, la dilución de “lo público”: todas ellas reglas tecnócratas que articulan este discurso y que de cierto modo entran en pugna con los elementos constitutivos de la democracia, sus principios y sus instituciones.

¿Qué ocurre entonces cuando estas lógicas configuran el funcionamiento del Estado como empresas contemporáneas y no como entidades políticas? Sostiene la filósofa estadounidense Wendy Brown: “cuando la legitimidad y las tareas del Estado quedan vinculadas de modo exclusivo al crecimiento económico, a la competitividad global y al mantenimiento de una calificación de crédito fuerte, las preocupaciones con la justicia de la democracia liberal retroceden”. El léxico empresarial propio de los discursos “anti-política” no hace más que encubrir que quienes deberían “ser solidarios” con sus riquezas en tiempos de crisis, son otros/as.

El valor de la gestualidad

Hemos dado razones que ponen de manifiesto que el reclamo por la rebaja de los salarios de nuestros funcionarios/as públicos/as como política pública ahorrativa carece de fundamentos sólidos. Sin embargo, vale decir que dado el momento crítico que atravesamos, sería valorable que a modo de gesto solidario, temporalmente reduzcan sus remuneraciones. 

Esto en virtud de que muchos trabajadores/as están haciendo un esfuerzo económico enorme para afrontar la pandemia, con lo cual en el plano simbólico, teniendo en cuenta este momento de crisis, se reflejaría como una actitud de apoyo y solidaridad.

Sin embargo, como expusimos en líneas anteriores, si queremos dar este debate en términos de políticas públicas, debemos cuestionarnos seriamente qué tipo de Estado queremos y por ende que tipo de Administración Pública necesitamos para conducirlo. Irremediablemente unida a dicha discusión, está el tipo de distribución de los recursos estatales que pretendemos y sus consiguientes políticas redistributivas, averiguando así quiénes son los que debieran afrontar los costos de este tipo de penosos eventos.