Desde el inicio de la pandemia, los bancos de desarrollo multilaterales brindaron apoyo financiero de rápido desembolso para hacer frente a la crisis. Si bien estos recursos representaron una alternativa importante de financiamiento para países que, como la Argentina, atraviesan una frágil situación socioeconómica, lo cierto es que los proyectos financiados por esta vía plantean una serie de dudas y cuestionamientos que ameritan ser considerados.
El pasado 19 de julio, el Banco Mundial anunciaba, a través de un comunicado de prensa, haber proporcionado más de 157 mil millones de dólares durante los últimos 15 meses para combatir los impactos sanitarios, económicos y sociales provocados por la pandemia de Covid-19.
Constituye la respuesta de mayor envergadura en la historia de la entidad ante una crisis, y representa un aumento de más del 60 % respecto de los 15 meses anteriores a la pandemia. Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) resalta la aprobación récord de 21.600 millones de dólares en financiamiento en respuesta a la pandemia durante el año 2020 y la movilización de 1.000 millones de dólares para ayudar a los países miembros a adquirir y distribuir vacunas.
Estos dos ejemplos reflejan el rol protagónico que adoptó la mayor parte de la banca de desarrollo multilateral desde el inicio de la pandemia, para brindar financiamiento y asistencia de rápido desembolso al sector público y privado, tanto a nivel regional como global. Por lo general, los instrumentos adoptados se encuentran alineados con las medidas implementadas por los propios gobiernos nacionales, lo que les ha permitido a determinados países contar con recursos adicionales para afrontar la crisis.
En Argentina
La crisis socio-económica que atraviesa nuestro país, sumada al proceso de reestructuración de deuda que impulsa el gobierno nacional y las dificultades para acceder al crédito internacional, han llevado al gobierno de Alberto Fernández a recurrir al financiamiento de la banca de desarrollo para impulsar proyectos en respuesta a la pandemia.
De manera similar a lo que sucede a nivel regional y global, los instrumentos y medidas adoptadas en Argentina no solo tienen como objetivo el hacer frente a los principales impactos, sino también impulsar la reactivación económica. De allí que los principales sectores a los que se han destinado los fondos y beneficios son los sectores de salud, de reforma política, financiero y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
Entre los diversos proyectos aprobados, destacan por ejemplo el Programa Global de Crédito para la Reactivación del Sector Productivo por 500 millones de dólares financiado por el BID. Consiste en una reformulación de proyectos para apoyar la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) como sostén del empleo en Argentina en el contexto de crisis generada por la pandemia.
En el caso del Banco Mundial, destaca el Proyecto de Respuesta a Emergencias Covid-19, que consiste en una reasignación de fondos por 35 millones de dólares, y cuyo objetivo es fortalecer los esfuerzos de preparación y respuesta contra la pandemia y los sistemas nacionales de salud pública. Además, se encuentra actualmente en preparación un financiamiento adicional para dicho proyecto por 300 millones de dólares.
Asimismo, se aprobó un préstamo para la compra de vacunas en Argentina por 100 millones de dólares, financiado por el Banco Europeo de Inversiones para apoyar la compra de vacunas y el despliegue de campañas de vacunación.
Las sombras…
Queda claro, entonces, que la banca de desarrollo se ha posicionado como un actor clave y estratégico en respuesta a la pandemia, brindando alternativas de financiamiento y facilidades de rápido desembolso a actores públicos y privados. Sobre todo en países como Argentina, con serias dificultades económicas y de acceso al crédito.
Sin embargo, también pueden identificarse una serie de dudas y cuestionamientos respecto al rol adoptado por estos actores.
Un primer punto a mencionar es el proceso de aprobación de la mayoría de estos proyectos. Dada la urgencia de los gobiernos y la necesidad de dar rápida respuesta a las consecuencias de la pandemia, los bancos de desarrollo han implementado esquemas de aprobación y desembolso rápido de los proyectos.
En situaciones normales pueden llegar a tardar entre 6 y 8 meses (o incluso más) y actualmente se han acortado, en algunos casos, a menos de dos meses, tal como lo reflejan algunos de los proyectos aprobados en Argentina en el transcurso del último año. Esto plantea dudas respecto a si en dichos procesos realmente se han tenido en cuenta y se han aplicado correctamente todos los requisitos y obligaciones en materia socioambiental, de transparencia, de participación pública y de rendición de cuentas.
Un segundo aspecto que plantea cuestionamientos refiere a los ámbitos y sectores de financiamiento; y los beneficiarios principales de los proyectos. Así, prácticamente no se pueden apreciar proyectos en Argentina que estén específicamente destinados, por ejemplo, a cuestiones ambientales, de desarrollo sustentable o vinculadas al cambio climático, en momentos en que resulta patente que las consecuencias de la pandemia no son sólo de carácter económico y social, sino también ambiental.
De la misma manera, existe una ausencia casi total de proyectos que se focalicen exclusivamente en sectores y actores particularmente impactados por la pandemia, como es el caso de las mujeres, las poblaciones indígenas, las personas LGTBIQ+, entre otras. Esto contradice lo que suelen alegar los propios bancos y sus países miembros al afirmar que sus esfuerzos están especialmente dirigidos a aquellos sectores más afectados y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, no puede dejar de mencionarse que no se identifican proyectos financiados por estas entidades que estén particularmente dirigidos a promover modelos de desarrollo alternativos a los implementados hasta el momento, y cuyos límites y consecuencias han quedado especialmente expuestos con la pandemia. Mientras tanto existe muy poca o incluso nula información disponible respecto a estos proyectos que, por sus características y su relevancia, deberían contar con altos estándares de transparencia.
A pesar de sus evidentes consecuencias, la crisis y la pandemia representan también una oportunidad para promover modelos de desarrollo económico y social centrados en las personas y en el ambiente, que permitan superar modelos obsoletos basados en el supuesto crecimiento económico. Y los bancos de desarrollo podrían adoptar un rol de liderazgo en promover esa transición. Sin embargo, la evidencia refleja que, seguramente, esta será otra oportunidad perdida en ese sentido… una más.
* Esta nota fue originalmente publicada en La Voz
