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Existen muchos mitos alrededor de las y los profesionales del derecho: que no se entiende cuando hablamos, que somos expertos en mentir, que somos competitivas y lapidarios, que solo nos interesa ganar y que vamos a discutir todo a muerte. En un mundillo tan hostil como es el derecho, con un Poder Judicial por demás atávico y adverso, se entiende que quienes transitamos los pasillos de tribunales debamos adoptar ese tipo de actitudes. 

Sin embargo, somos cada vez más quienes buscamos ejercer esta profesión desde el entendimiento del derecho como una herramienta de transformación social, puesta al servicio de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y en esa búsqueda, contra todo pronóstico, dejamos de lado esa individualidad y ferocidad para articularnos, organizarnos colectivamente y tejer redes de apoyo y aprendizaje. 

Es el caso del Área de Asuntos Legales de Fundeps, desde donde diseñamos estrategias jurídicas para incidir en políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos. Contamos con un equipo de voluntarias abogadas que realizan tareas de investigación y de litigio para abordar causas de interés público de forma integral y estratégica. 

Ya sea para defender una ordenanza que protege ciertos territorios de la aplicación de agroquímicos, como para denunciar que la industria alimentaria viola los derechos de los y las consumidores con su publicidad engañosa, es clave una mirada del derecho que sea humanizada, interdisciplinaria y que dialogue con las comunidades afectadas. Es así como a nivel local acompañamos a algunas organizaciones de base en sus reclamos (como Todxs por nuestros arroyos, Vecinxs Unidxs por un Ambiente Sano (VUDAS) y la Campaña por el Aborto Legal) y articulamos con otras asociaciones, como Católicas por el Derecho a Decidir y la Clínica de Litigio de Interés Público, para llevar adelante la defensa de los derechos humanos en nuestra provincia. 

A nivel nacional, articulamos también con otras organizaciones y redes, haciendo presentaciones en causas que se tramitan en otras provincias, brindando apoyo para el desarrollo de argumentos o la elección de las vías procesales, compartiendo experiencias y generando instancias de aprendizajes mutuos. 

Una red federal de abogacía comunitaria

Como respuesta a la necesidad de multiplicar este abordaje, en 2021 se creó la Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC), un espacio de articulación, apoyo, incidencia y aprendizajes entre organizaciones y profesionales del derecho de todo el país, que trabajan por el acceso a los derechos y el empoderamiento jurídico de las personas o grupos vulnerabilizados. 

La RACC se constituye como una respuesta colectiva, organizada, con alcance federal, que busca incorporar una mirada y perspectiva diferente sobre cómo abordar los grandes problemas que enfrentan las comunidades, personas y colectivos vulnerabilizados, a partir de un enfoque territorial, intercultural, de género y derechos humanos.

Como parte de la agenda del 2021, los y las integrantes de la RACC llevamos adelante un curso sobre Abogacía Comunitaria y Empoderamiento Jurídico, que brinda estrategias y herramientas para combatir la exclusión y las injusticias estructurales. También, nos encontramos en grupos de estudio para abordar obstáculos normativos o procesales y diseñar proyectos de ley o reformas normativas que generen mejores condiciones para hacer lo que hacemos. 

Por los derechos de todos y todas

Frente al mito de lo individual y lo hostil, abogadas y abogados de todo el país nos encontramos en este tipo de espacios para articularnos y atravesar los procesos judiciales de manera solidaria y transparente, intentando que la justicia sea verdaderamente accesible. Sin latinismos y frases raras que no se entienden, huyendo de la corbata y del apodo “doctor”, pero con mucho compromiso y convicción. 

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*Esta nota fue originalmente publicada en La Voz

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