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El domingo 12 de mayo Córdoba vota. En menos de una semana vamos a elegir a nuestro próximo gobernador o gobernadora (varios municipios, entre ellos la Capital, también votará por la intendencia). Pero ¿Con qué herramientas cuenta la ciudadanía para tomar una decisión informada? ¿Conocemos a los candidatos y candidatas? ¿Sabemos qué prometen hacer si es que entran en gestión? Pareciera a primera vista que esas preguntas tienen respuestas sencillas y al alcance de un click, pero la realidad es que de cara a las elecciones próximas, no contamos con información certera.

Voy a comenzar esta nota con un relato en primera persona: Hace aproximadamente un mes y medio me dirigí a la Justicia Electoral de Córdoba para pedir copias de las plataformas electorales que los partidos, por ley, deben presentar junto a las listas de candidatos y candidatas.  

La primera reacción de la persona que allí me recibió fue de desconcierto y siguió con una pregunta ‘¿a qué te referís con ‘plataformas’?. Mi respuesta fue: ‘a las plataformas electorales, el documento que presentan los partidos, que acompaña a la lista de candidatos/as y que detalla las prioridades y promesas de campaña’. La conversación sigue: ‘Ah, si si, las plataformas. Eso creo que se lo tenes que pedir a cada partido. Igualmente, aún no están oficializadas las listas (ese día se oficializaban), así que no podríamos dártelas tampoco. Mejor llegate a los partidos’.

Considerando que el argumento de la oficialización de las listas era válido, aguardé al día lunes para volver. De todas maneras, ese día probé con ‘llegarme’ a las sedes de los partidos, y -spoiler alert- no conseguí las plataformas. En la Casa Radical, ese día no había nadie. En el Partido Justicialista (Hacemos por Córdoba) me dijeron que no podían darme la copia porque las listas no eran oficiales, no sin antes preguntarme por qué quería las plataformas y de dónde venía.

Me voy a detener específicamente en esto último. ¿Por qué quiero las plataformas? ¿De dónde vengo? Primero, soy ciudadana y quiero votar informada (aunque no debería dar explicaciones). Segundo, vengo desde mi casa, caminando un par de cuadras y dando demasiadas vueltas para conseguir información que desde primera instancia debería estar disponible y accesible para todos y todas (aunque, nuevamente, no debería dar explicaciones de por qué las quiero).

El relato continúa conmigo volviendo el día lunes a la Justicia Electoral. Esta vez no se sorprendieron con mi pedido, pero me dijeron que tenía que aguardar a que estuvieran disponibles en su sitio web. Me quedé con eso, confiando en la palabra de quien me atendió y que me dijo que prontamente iban a estar subidas. Pasaron semanas, y sólo estaban disponibles las plataformas de 2015. El 9 de mayo, vuelvo a consultar la página, y están las plataformas (sin certeza de en qué fecha las subieron, en este lapso de 2 semanas ).

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Parece entonces que todo lo que relaté queda en el aire. Ya están las plataformas, todos y todas felices, no? No. Es impensable que haya tenido que validar mi interés por esa información, cuando tiene carácter público. Es increíble que no haya podido tener acceso a esos documentos sino hasta unos días antes de la elección. Estuve más de un mes revisando casi todos los días, hasta que me cansé. En el medio también escribí a los partidos y los contacté por sus redes sociales para pedir las plataformas, pero no recibí respuestas. A menos de una semana de las elecciones, las plataformas están ahí, pero ¿Alguien sabe que ahí pueden consultar los ejes fundamentales de gestión de cada candidato y candidata?  ¿Acaso los partidos han publicitado de alguna manera estos documentos?

Durante la campaña para estas elecciones, la mayoría de quienes quieren ocupar la gobernación han recurrido a discursos vacíos que poco nos muestran sus intenciones de gestión y estrategias para abordar los problemas de la Provincia. No nos olvidemos también de los mensajes ‘chicaneros’ utilizados en los spots y cartelería. Eso no es hacer campaña, y sin querer ser demasiado negativa, la verdad es que nos están subestimando.

La falta de información para votar da cuenta de que no hay interés desde la política, para que el voto tenga sustento, para que sepamos por qué votamos a quien votamos. La nebulosa en la que se encuentra el electorado en Argentina, hoy en día, responde en parte a los niveles de secretismo que aún perduran en las esferas gubernamentales. No sabemos bien qué pasa dentro del Estado, pero tampoco conocemos a quienes quieren ocupar cargos gubernamentales. No tener información sobre los ejes de campaña centrales y las promesas para la gestión, dificultan la rendición de cuentas y control por parte de la ciudadanía.

A esto, también hay que sumar la falta de transparencia en los aportes a campañas. No tenemos certeza de quienes están detrás del dinero partidario, y menos, si esas personas luego obtendrán ‘favores’ de parte de aquellos o aquellas que estén en gestión. Hoy en día, la falta de rendición de cuentas gubernamentales está presente en todos los escenarios de gestión, pero también en los procesos electorales previos. Durante el mes de febrero en Córdoba Capital se decretó desde la intendencia, la habilitación de la suma de 100 millones de pesos para “atender los gastos de las diferentes campañas de publicidad y difusión previstas por la Dirección de Prensa y Difusión”. Ante la sospecha de que ese dinero podría utilizarse para la campaña personal del ahora intendente, todavía no tenemos rendición de los gastos hechos por ese monto. Tampoco Fundeps obtuvo respuesta al pedido de información que presentamos por esto.

El escenario no mejora cuando también nos enfrentamos al fenómeno de las fake news (noticias falsas). Hoy, la mayor fuente de información para los y las votantes está en las redes sociales. Y con este cambio, han surgido varios portales de noticias destinados a generar contenidos e información falsa, para beneficiar o perjudicar a algún candidato o candidata. Las fake news, aunque utilizadas de muchas maneras, actualmente podrían definir una elección. La viralización de noticias falsas (gracias a la manera en que están estructuradas las redes sociales) genera la sensación de ‘verdad’ entre quienes comparten y consumen ese contenido. Por esto, la necesidad de contar con información oficial se vuelve más urgente. Tenemos que poder tener información verídica, proveniente del Estado y los Partidos Políticos, que avale nuestra votación. El voto es un derecho (aunque en nuestra Argentina, suene más a obligación), y mancharlo de vacuidad es una violación.

Sin embargo, esta situación no es nueva: las campañas electorales se han llevado adelante siguiendo los mismos vicios desde hace años , casi desde sus inicios en la historia. La carencia de información se sustenta en la costumbre de los gobiernos a no ser controlados por sus votantes. Esa idea de ‘democracia delegativa’ en la que un voto es igual a un pagaré en blanco de “confianza” que dura 4 años, no da lugar a la rendición de cuentas vertical. Nuestros/as candidatos y candidatas no se preocupan por brindarnos información de calidad, porque no creen que durante la ocupación de los cargos, la sociedad vaya a denunciar los imcumplimientos de sus promesas. En los tiempos que corren, con la aparición y el auge de las políticas de apertura y transparencia gubernamental, ya no hay lugar para este tipo de prácticas. Son momentos en los que la ciudadanía tiene que estar al pendiente de las acciones del Estado, e interpelarlo cuantas veces sea necesario para hacer valer sus derechos.  

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Agustina Palencia

Agustina es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Siglo 21. Se desempeña como ayudante en un proyecto de investigación en el marco de CONICET, la Universidad Siglo 21 y el Grupo de Estudios de India de Rosario (GEIR). Posee asimismo varias publicaciones en revistas científicas y en el libro “Emergentes Asiáticos en América Latina: El Sudeste de Asia, China e India". Ha participado como disertante en jornadas y congresos. Es voluntaria además en la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), habiendo desempeñado varias funciones de coordinación de proyectos. Es profesora adscripta en la cátedra de Sistemas Políticos Comparados en la Universidad Siglo 21. Cursa el programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Universidad Católica de Córdoba, la CAF y la Universidad George Washington.

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