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“Miradnos. Decidimos cambiar la dirección del puño
porque nosotras no nos defendemos: nosotras luchamos”
Elvira Sastre

La dimensión institucional de la violencia es uno de los principales reclamos feministas. Esta es la menos visibilizada, impune, estructural, consentida y silenciada de todas. La que se manifiesta en recortes presupuestarios, en el archivo de denuncias y en el descreimiento de víctimas de violencia de género, en la complicidad de policías violentos y en una justicia conservadora. Frente a esto, ¿hasta cuándo resisten nuestres cuerpes sin protección y respuestas del Estado?¿Cómo lo responsabilizamos por la omisión y comisión de violencias hacia nosotres?

A los movimientos feministas no les falta nada, el que está en falta es el Estado

A pocos meses de inaugurar un nuevo año, los femicidios en Argentina suman alrededor de 47 casos. Estas cifras muestran que en el país, cada 29 horas se comete un femicidio. A su vez, en su amplia mayoría, los femicidas tenían denuncias previas de similares características, que como la evidencia demuestra, fueron desoídas por la justicia. La mayoría de las víctimas denunciaron a sus femicidas, buscaron protección en un aparato que aparece como un vacío. Buscaron protección que no fue concedida. 

Los movimientos feministas en América Latina y en Argentina en particular, han logrado tejer redes de contención en respuesta a un Estado ausente. Las feministas nos organizamos para luchar por ingresos, vivienda, para conquistar el derecho a decidir, para abolir legislaciones represivas y sexistas, contra la precarización de las vidas y muchas luchas más. Algunas conquistadas y otras por conquistar. Hemos logrado definir tácticas dentro de los territorios donde las violencias se condensan, para garantizar los derechos de las mujeres e identidades feminizadas. Los movimientos feministas, no sólo denuncian, han logrado establecer cambios fundamentales en la lucha por una sociedad más equitativa. Esto demuestra la fuerza y el poder programático que fue construido durante años de lucha ante una sociedad hostil y un Estado ausente y negligente. 

En una realidad en la que la justicia es social y no institucional, los feminismos han agotado sus recursos. Si las denuncias no son suficientes, y cortar calles “no es adecuado” qué queda para nosotres que somos relegades al otro lado de la (no) justicia. 

Cada vez que escuchamos de un caso de violencia de género, hay mayor consenso en que maltratar, violentar y matar a una mujer e identidades feminizadas está mal, sin embargo las relaciones de poder continúan siendo desiguales y hasta que esas relaciones se vuelvan más igualitarias la realidad, es una realidad peligrosa para mujeres e identidades disidentes. 

Nuestras vidas quedan cajoneadas junto a las denuncias en las distintas fiscalías

Mientras denunciábamos y exigíamos justicia para Úrsula, asesinada en manos del integrante de las fuerzas policiales Matías Ezequiel Martínez, quien contaba con más de 10 denuncias por violencia de género, en Villa La Angostura Bautista Quintriqueo persiguió y asesinó públicamente a su ex pareja en la plaza central de la ciudad. Quintriqueo al igual que Martínez, tenía denuncias de violencia de género por parte de Guadalupe. Otro cimbronazo para las mujeres, quienes en reacción a la falta de solidaridad y acción por parte de la fuerza policial y de la justicia,  compartían en sus redes sociales el lema “No me cuida la policía, me cuidan mis amigas”. 

De nuevo, es el feminismo, la organización y el cuidado colectivo lo que nos salva del sistema patriarcal que en definitiva nos deja a la deriva. La justicia deja nuestras vidas en manos de un sistema violador, agresor, silenciador y femicida. 

El Estado entonces no está ausente, el Estado está presente: es un Estado machista, violento y patriarcal. Su posición está bien tomada. Esto nos permite hablar de violencia institucional, la menos visibilizada, impune, estructural, consentida y silenciada de todas. La que se manifiesta en recortes presupuestarios, en el archivo de denuncias y en el descreimiento de víctimas de violencia de género, en la complicidad de policías violentos y en una justicia conservadora.

Es por medio de una reforma judicial y estatal feminista la única forma por medio de la cual el Estado nos va a ofrecer las respuestas que exigimos y necesitamos. Han habido avances, pero no son suficientes: nuestra lucha ha demostrado que se puede construir un Estado y una justicia que atiendan y respondan a nuestras demandas, la Ley Micaela de hecho, es un ejemplo de esto. Si bien las leyes y políticas públicas impulsadas por los feminismos son muchos, queda un gran vacío sin atender que termina en manos de nuestras redes. A la omisión y negligencia estatal, las reemplazamos con acción y organización feminista.

Sin embargo, es insostenible que a largo plazo los movimientos feministas se sigan haciendo cargo de las obligaciones del Estado. Las redes de apoyo, de resistencia y de cuidado se chocan con una realidad que genera frustración y agotamiento: las cifras de femicidios no paran de crecer, la pobreza sigue teniendo rostro femenino, la paridad salarial no existe y las calles cada vez son más inseguras para nosotres. Necesitamos respuestas institucionales y estructurales que por el momento no dan señales de aparecer. Solo nos tenemos a nosotres.

La consigna de este 8 de marzo, “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” es dolorosamente cierta. Pero nuestras amigas no están preparadas ni equipadas para hacer frente a los peligros a los que nuestra sociedad machista nos expone, entonces, repitamos esta consigna teniendo el cuidado de no caer en excesos que nuestros cuerpos no pueden, ni deben, aguantar. A la larga, el beneficiado no es nadie más que el Estado, que termina delegando en nuestras redes sus responsabilidades.

La dimensión institucional de la violencia es uno de los principales reclamos feministas. Habitualmente cuando se discute sobre agresiones hacia las mujeres e identidades feminizadas se hace hincapié en los varones , o peor aún, en las mujeres víctimas de violencia, generando un círculo vicioso de revictimización. De esta forma, no se concibe como responsable directo al Estado, que por acción u omisión, es culpable de que las mujeres seamos violentadas y asesinadas. 

Muchas veces escuchamos que la violencia institucional es un invento feminista, sin embargo, existe un marco de reconocimiento internacional sobre este tipo de violencia. Abunda el reconocimiento jurídico que le atribuye al Estado la obligación de cuidarnos y de defendernos: desde el plano internacional con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará hasta al nivel nacional con la Ley de Protección Integral de las Mujeres (Ley 26.485). Esta última, entiende a la violencia institucional contra las mujeres como “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.”

A pesar de esto, la justicia sigue manifestándose en sentencias machistas y patriarcales y las redes de atención y de prevención nos siguen dejando a la deriva en situaciones violentas. La no consideración de la violencia institucional en toda su dimensión como violencia machista nos lleva a una vulneración de derechos humanos por parte del Estado. La dimensión institucional de la violencia de género es parte fundamental de los aportes de los feminismos para erradicar la violencia. Lamentablemente, no está sólo en nuestras manos, es el Estado el que tiene el poder institucional.

Entonces, ¿Cómo se generan reformas en y desde el Estado?. Necesariamente se tienen que dar cambios en las decisiones políticas, ya que estas son incompatibles con nuestro sistema legal y constitucional, que incluye tratados de Derechos Humanos que son sistemáticamente burlados. Nos venden como medidas una constante institucionalización mediante la creación de Ministerios, Polos, Observatorios y Comisiones de género, como si eso significara una verdadera voluntad política de cambiarlo todo. Encima, estas respuestas, son producto de constantes exigencias que desde los feminismos se realizan hace años, ni siquiera son medidas espontáneas y de buena voluntad de nuestros gobernantes. 

Como movimiento cultural, social y colectivo, las feministas ya no sabemos cuáles son las estrategias de intervención para sensibilizar y llamar a la acción a quienes tienen el poder y la capacidad para defendernos y cuidarnos.

La impunidad de la violencia institucional se debe a que no existen sanciones ni mecanismos de control para la correcta aplicación de estos deberes por parte de las distintas instituciones y les funcionaries del Estado. Es por esto que es imperante la visibilización de la violencia institucional y sobre todo, la prevención y castigo, tanto legal como social, de la misma. 

Necesitamos como sociedad repensar las maneras de responsabilizar al Estado de sus obligaciones, porque estas son exigibles y están de nuestro lado. Este 8M nos recordó entonces que la clave del debate público de los feminismos es situar la violencia de género desde y en las instituciones, y que una verdadera erradicación de las violencias nunca va a ser factible si no se analiza críticamente el papel del Estado y de sus políticas públicas.

La voluntad de los feminismos de cambiarlo todo es incuestionable, la demostramos en las calles, en nuestras redes y en nuestro poder de incidencia y de visibilización. Nosotres ponemos les cuerpes por las causas que nos movilizan todos los días, y estamos dispuestes a seguir haciéndolo por el mundo con el cual soñamos, un mundo más justo y equitativo; porque nosotres luchamos, pero al Estado le toca defendernos.

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