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Investigaciones sobre brotes epidemiológicos pasados, demuestran que las crisis sanitarias y económicas distinguen entre géneros porque acentúan las diferencias y desigualdades del orden social preexistente. Entonces, en lo que respecta a la actual pandemia, nos preguntamos: ¿se incluyeron medidas para contener a mujeres y niñas? ¿y para contener a las personas LGBTTTIQ+? Las políticas públicas adoptadas, ¿han considerado el impacto diferencial de la pandemia en los géneros? En esta nota nos enfocaremos específicamente en el primer grupo, el de las mujeres y las niñas, analizando los impactos negativos de esta coyuntura y los desafíos que enfrenta un gobierno para llevar adelante una gestión de la pandemia desde una perspectiva inclusiva a toda la sociedad.

Las nuevas normas de control social decretadas en los inicios de la pandemia, incluyeron contener la velocidad del contagio, fortalecer los sistemas de salud y sostener la economía. No obstante, brotes recientes como el ébola y el zika, señalan la importancia de emplear medidas preventivas con perspectiva de género. Las mujeres pertenecen al grupo que más resiente la crisis y a su vez, constituyen la primera línea. En situación de pandemia, ¿quiénes están cuidando a las personas enfermas, tanto en el sector formal de la salud como en el informal? Las mujeres, tanto en el hogar, por la organización desigual del cuidado, como en el sector de la salud, como mayoría en el personal. No sólo en Argentina, también entre trabajadores de la salud a nivel global.

Con la falta de toma de medidas con perspectiva de género, se corre el riesgo de incrementar la desigualdad a posteriori. Pueden perderse derechos reivindicados, principalmente el de agencia -elegir deliberadamente una opción-, y otros como empoderamiento económico, participación en el proceso de toma de decisiones o acceso a derechos reproductivos. La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, explicó: “la agenda de género venía relegada y desfinanciada, habíamos logrado comenzar a revertirlo, pero la pandemia tiene un impacto altamente diferencial para las mujeres que para los varones, la salida de la emergencia nos va a dejar en un lugar más atrás de donde estábamos”

Pantallazo de la situación en el mercado laboral

Las cifras binarias anteriores a la pandemia demuestran una brecha en el acceso al mercado laboral: 6 de cada 10 mujeres contra 8 de cada 10 varones. Los sectores en los que mayormente participan las mujeres son el de servicios y aquellos que pertenecen al mercado informal. Estos trabajos son los que resultan particularmente afectados por la pandemia y las medidas de aislamiento. El sector de servicios, se encuentra suspendido por la condición necesaria de contacto directo, lo que automáticamente excluye la posibilidad del teletrabajo. A su vez, en su mayoría son informales, por lo que hay pérdida en sus ingresos y tampoco reciben protección social, al no estar registradas, no son beneficiarias de las políticas públicas. Hablamos de trabajadoras de casas particulares, de trabajadoras sexuales y de la atención al cliente en general: recepcionistas, trabajadoras en bares y restaurantes, entre algunas.

ONU Mujeres indica que el 88% de las personas que se dedican al cuidado en el mundo, son mujeres. En Argentina, 1 de cada 5 mujeres que participa en el mercado laboral es trabajadora de casa particular, lo que puede incluir limpieza y/o cuidado de personas tanto adultas mayores como infantes. Se estima que un 75% de ellas se encuentran en la informalidad. A este escenario, se le suma que las mujeres ganan en promedio 27% menos que los varones en el mercado formal y 40% menos en el informal (esta cifra se repite entre cargo gerenciales). Las mujeres resultan perjudicadas por el estereotipo femenino, es decir, se las asocia con el cuidado y el mandato de la maternidad. Esto también explica su mayor intermitencia en el mercado laboral. Desde una perspectiva neoliberal, representan más “desventajas” que los varones al momento de realizar recortes, una de las situaciones generada por la pandemia. 

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Necesidad de una reorganización del cuidado

El orden social previo a la pandemia supone una distribución desigual en la prestación de cuidados en el hogar, puesto que se le asigna a las mujeres e incluso a las niñas aquella tarea. Se estima que 9 de cada 10 mujeres dedican tiempo a las tareas del hogar, contra 6 de cada 10 varones, lo que además de cuidar, incluye limpiar, cocinar, educar, realizar compras, entre tantas. El promedio de los países en desarrollo indica que las mujeres dedican aproximadamente 3 horas más por día al trabajo doméstico, cifra que coincide con la realidad argentina. Aquí, las mujeres representan el 76% en el trabajo del hogar. La directora de Economía, Igualdad y Género de la Nación, Mercedes D’Alessandro, indicó que “incluso las mujeres que trabajan full time le dedican más tiempo de sus vida a estas actividades que los hombres que están desempleados”.

En confinamiento la situación empeora: aumenta la demanda de cuidado en el hogar debido al cierre de las escuelas, junto con el estricto aislamiento de las personas adultas mayores de los familiares enfermos. A la carga incrementada del trabajo de cuidado -que a su vez implica proporcionar trabajo emocional-, para algunas mujeres se suma el teletrabajo, lo que puede devenir en escenarios negativos, como ansiedad o depresión, renuncias (especialmente en aquellos trabajos imposibles de ser realizados de manera remota) y deserción en la actividad académica. Sobre este punto, diferentes editores de portales académicos resaltaron la casi nula entrega de investigaciones desde el comienzo de la pandemia. Lucía Cirmi Obón, directora nacional de Políticas de Cuidados, explicó que “es indispensable tener presente el hecho de que no es posible realizar tareas de cuidado y trabajar al mismo tiempo”

Para reorganizar las tareas de cuidado, primero se debe reconocer que este trabajo no se encuentra registrado en la economía, porque no es remunerado, al mismo tiempo que ningún trabajo sería posible sin la labor en el hogar que hoy recae en las mujeres. Ante el actual aumento en la demanda de cuidados, las mujeres negocian su autonomía, sobre todo las que poseen una profesión y están condicionadas a compatibilizar entre actividades del hogar con trabajo y/o estudios. Incluso, cuando se flexibilicen las actividades y las escuelas continúen cerradas, es probable que las mujeres sean quienes continúen dedicando tiempo al cuidado en lugar de volver al trabajo. Aquello incide tanto en la garantía de ingresos como en la permanencia en el mercado laboral. 

En suma, las variables analizadas hasta aquí, indican que en la vuelta a la normalidad, se habrá incrementado la brecha en el acceso al mercado formal y la participación en el mercado informal. Por las medidas de aislamiento, los trabajos en el sector de servicios se encuentran suspendidos y en los informales, no reciben ayuda económica o protección social. Ante la consecuente crisis económica, serán las seleccionadas en los recortes, bajo los mandatos del estereotipo femenino. Suponiendo que se reactiven puestos de trabajo en el futuro, tampoco serán las primeras en seleccionar, por la misma razón. A este escenario, se le suma el aumento de horas de trabajo en el hogar, debido a la distribución desigual del cuidado. Por tanto, que esta labor recaiga mayormente en las mujeres, presenta consecuencias tanto sociales como económicas.  

Derechos sexuales y reproductivos, un servicio esencial

En tiempos de pandemia, los países con sistemas sanitarios de bajo presupuesto corren el riesgo de reasignar recursos por la emergencia sanitaria y debilitar los servicios de salud sexual y reproductiva. La ONU estima para los países en desarrollo, que 47 millones de mujeres no tendrán acceso a anticonceptivos, lo que podría dejar 7 millones de embarazos no deseados, particularmente entre adolescentes, y un aumento de las ETS, como el VIH-Sida. En Argentina, se le suma una estimación de entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazo por año, en su mayoría desde la clandestinidad. Esta situación pretendía ser revertida con el tratamiento del proyecto de interrupción legal del embarazo en el Congreso de la Nación Argentina, que se vio suspendido por el inicio de la cuarentena. 

Organizaciones como la OMS y la ONU, advirtieron a los ministerios de salud no descuidar la salud reproductiva -incluyendo el control de embarazos y partos- y asegurar la provisión de anticonceptivos, información, asesoramiento y servicio de anticoncepción de emergencia, como parte de los servicios esenciales de respuesta a la pandemia, destinadas a salvar vidas. La situación incluye diversos riesgos: en los embarazos, si bien no se evidencian efectos adversos con el COVID-19, implica un debilitamiento del sistema inmune, por lo que se debe garantizar un acceso a una atención prenatal, posnatal y sala de parto sin riesgos de contagio. En el caso de Argentina, Mabel Bianco ilustró la situación: “El problema es el acceso a los anticonceptivos básicos, un método y una necesidad para regular reproducción y evitar las ETS, como el VIH-Sida. El impacto a mediano y largo plazo, serán los nacimientos que han sido forzados, sobre todo en las adolescentes, y problemas vinculados al uso de métodos que no son recomendados para interrumpir el embarazo forzado”

Las dos pandemias

En Argentina, el Registro Nacional de Femicidios del año 2019 registra 268 feminicidios, 5 travesticidios y 7 transvesticidios, lo que mantiene el promedio de los últimos 5 años: un asesinato de una mujer cada 30 horas por razones de género. Otro dato a destacar es que 7 de cada 10 mujeres fueron asesinadas en su casa. Además, el 90% de las víctimas tenía vínculo con sus asesinos: el 66% fueron cometidos por parejas (113 casos) o ex parejas (66 casos). La principal medida para contener el brote del COVID-19 es el aislamiento en los domicilios, lugar en el que los agresores se sienten ‘soberanos’. Las mujeres se encuentran aún más expuestas a los agresores y además, ante la imposibilidad de circulación, se les dificulta buscar ayuda. A su vez, la violencia por parte del agresor puede verse incrementada por el contexto: inestabilidad económica y estrés por las nuevas normas de vinculación social, entre otros.

Desde el comienzo del confinamiento en marzo, todos los delitos bajaron a excepción de los femicidios. En la primera mitad del año, se contabilizan 162 femicidios, lo que denota cuán estructural es la violencia por razones de género en nuestra sociedad. En adición, las probabilidades de acción y decisión de las mujeres disminuyen. Los perpetradores de violencia doméstica o de diferentes violencias en el ámbito intrafamiliar buscan aislar a la víctima de su entorno, de su familia y amistades. Para ellas, bajo las órdenes de confinamiento, se anula la posibilidad de pedir ayuda en los ámbitos de trabajo. La falta de contacto con personas incrementa la vulnerabilidad de las víctimas, mientras que los agresores cuentan con altos niveles de impunidad. También se verá incrementada en los casos en lo que pierdan ingreso económico propio. Durante el primer mes del aislamiento, las llamadas de asesoramiento y contención ante situación de violencia aumentaron un 40%, mientras que las denuncias bajaron. En promedio, se realizaron 345 consultas por día que no fueron plasmadas en denuncias.

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¿Financiamiento Internacional y perspectiva de género?

Cuando pensamos en políticas públicas pensamos en financiamiento del Estado. Lo que hay que tener en cuenta es que las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre otras, también están vinculadas en el proceso. Los proyectos que aprueban en tiempos normales, llevan meses de negociación, a los fines de asegurar instancias de transparencia y participación de la sociedad civil. En tiempos de pandemia, los proyectos se aprobaron en tiempo récord con el objetivo de generar un rápido desembolso de dinero para hacer frente a la crisis sanitaria y económica. Actualmente, las IFIs se encuentran financiando la crisis en todo el mundo: entre Latinoamérica, Europa, Asia y África, se han aprobado más de 130 proyectos que suman un desembolso de más de 25 mil millones de dólares. 

En Argentina, el BM aprobó en abril un proyecto de 35 millones de dólares, con el objetivo de reforzar el sistema sanitario. En mayo, el BID anunció un préstamo de 1.800 millones de dólares -el mayor en los últimos 10 años-, aprobado con un nuevo procedimiento simplificado. Entre las partidas especificadas, se incluye medicamentos para 17 millones de personas, fondos para crear empleos; para otorgar subsidios a la ‘población más vulnerable’, con alcance a 3 millones de personas; y para mantener los programas en vigencia. La CAF, financió con otros 50.000 millones de dólares. 

Los números dan cuenta de la relevancia que tienen hoy las IFIs. Cada institución cuenta con estándares en sus políticas de géneros a cumplir, y en lo que respecta a la pandemia, brindaron asesoramiento específico en el tema. Algunas incluso tienen investigaciones actualizadas al respecto: “El Banco Mundial está trabajando para asegurar que los proyectos en respuesta al COVID-19 consideren los diferentes impactos de la pandemia en mujeres y varones. […] Se provee recomendaciones de acción”. ¿Tuvo en cuenta el Ejecutivo argentino tal asesoramiento al planificarlas? ¿No deberían las IFIs incluirlo como requisito a cumplir en cada proyecto, o al menos como etapa de asesoramiento obligatoria?

Las preguntas apuntan a la falta de perspectiva de género en el contenido de cada proyecto. En el fondo de salud que abarca medicamentos para 17 millones de personas, ¿se incluyen anticonceptivos de emergencia como un servicio esencial, ante la suba de embarazos forzados en adolescentes?, ¿se incluye un presupuesto específico para garantizar seguridad de no contagio y personal en las salas de parto? En la partida para la creación de empleos, ¿se impone como requisito una cuota de género a los fines de paliar la brecha de género en el mercado laboral? ¿se incluyen fondos destinados específicamente a la creación de espacios de cuidado, para alivianar la carga en las mujeres? En el proyecto para sostener programas en vigencia, ¿se incluye una partida específica para reforzar canales de prevención al incremento en la violencia de género? Y en los millones destinados a la población más vulnerable, ¿se especifica a las mujeres como protagonistas de la crisis? 

Al no haber participación pública en el expeditivo proceso de aprobación, no es posible verificar tales contenidos. Sin embargo, al analizar los objetivos de cada proyecto tampoco es posible identificar una perspectiva de género. Las recomendaciones de instituciones internacionales y de investigaciones científicas en lo que respecta al impacto diferencial de la pandemia en los géneros no fueron aprendidas, y tampoco se cumplieron los estándares de transparencia y participación pública.

Reflexiones necesarias

La actual crisis, genera diferentes necesidades en las políticas públicas, pero si los Estados no reconocen la vinculación específica de la pandemia con los géneros, tampoco se diseñarán políticas para mitigar tales efectos. Reconocer el efecto diferencial de la actual crisis, entonces, se constituye en un paso fundamental para lograr políticas públicas efectivas y justas. La lectura más recurrente es que el virus en sí mismo, afecta más a los varones que a las mujeres, pero esta situación merece una lectura más profunda, con perspectiva de género, una lectura que vaya más allá de las simples cifras binarias de fallecimientos. 

¿Las mujeres, están siendo justamente recompensadas? Constituyen la primera línea de cuidados y son mayoría en el personal sanitario, pero el salario es menor en comparación a sus colegas varones. A su vez, como ya se mencionó, en ellas recae el mayor impacto de la crisis, ya que las desigualdades se acentúan, se realizan despedidos y se requieren más horas de trabajo, tanto en el hogar como en el sector de la salud pública, en los caso que se conservan los empleos. En adición, del análisis correspondiente al año 2019 de Global Health 50/50, surge que el 72% de las personas que constituyen el ejecutivo en salud global, son varones. Entonces, las mujeres enfrentan mayor exposición al riesgo de contagio y menor participación en el proceso de toma de decisiones. 

Si las políticas públicas no están incluyendo una perspectiva de género en su diseño, resulta necesario preguntarnos quiénes están tomando las decisiones de respuesta a la pandemia. La crisis está siendo conducida en su mayoría por varones, por el hecho de conformarse como mayoría en los gobiernos. Aquello se identifica incluso en los discursos dirigidos a toda la sociedad. Como explica la analista Cynthia Enloe, cuando los gobiernos nacionales apelan a la guerra contra un enemigo invisible en el discurso, no se avanza en la inclusión. A lo largo de la historia, cuando hubo un enemigo, la guerra no fue combatida por un ejército de mujeres. Para revertir la situación, resulta necesario cambiar el proceso de toma de decisión por uno que sea inclusivo y paritario. Esto aseguraría una efectiva representación del conjunto de la sociedad, al verse incorporadas las especificidades de los diferentes grupos y comunidades. 

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Los gobiernos y entidades vinculadas a la salud, tanto públicas como privadas, deben asegurar que las mujeres sean incluidas en el liderazgo, y no solo de manera excepcional. Esto permitiría un avance en la inclusión del género en el diseño de políticas. Si estas no reconocen los impactos diferenciales -y consecuentemente las necesidades específicas-, son menos efectivas cuando se trata de garantizar derechos humanos para las mujeres. Como sociedad civil es necesario reconocer la escasa discusión que estamos teniendo sobre las dinámicas sociales que permitieron este mayor impacto de la crisis en las mujeres y en las niñas. Y especialmente sobre la falta de perspectiva de género en las políticas públicas que el Estado diseña, sobre todo en estos tiempos en los que se cuestiona cómo debería ser la nueva normalidad.

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