El 19 de diciembre la Cámara de Senadores aprobó la ley de creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres. La ley fue llamada Ley Micaela en honor a Micaela García, la joven víctima de femicidio de Gualeguay, asesinada por un hombre que ya tenía antecedentes de violencia sexual. La Ley Micaela ordena capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para las/os funcionarias/os de los tres poderes del Estado.
En un contexto marcado por las numerosas denuncias de abuso sexual en ámbitos laborales, familiares y políticos que desataron las declaraciones del colectivo de Actrices Argentinas con el caso de Thelma Fardín, y luego del dolor que produjo la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata que decidió absolver a los imputados por la muerte de Lucía Pérez, resulta esencial contar con funcionarios/as públicos/as y operadores/as jurídicos capacitados en cuestiones de género. La filósofa feminista Diana Maffía afirmó que “una forma de revertir esta realidad, además de la educación sexual integral en las escuelas, sería que todas las personas que ejerzan un servicio público tengan capacitaciones en perspectiva género y derechos humanos.”
Educar y formar con perspectiva de género
Este año, con la discusión parlamentaria por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo quedó en evidencia la necesidad de reforzar la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI). En septiembre se logró dictamen de mayoría en el plenario de comisiones que trataba un proyecto de reforma de dicha ley para reforzar su aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, en instituciones de gestión estatal o privada, más allá del “ideario institucional y de las convicciones de sus miembros”. A pesar de haber obtenido dictamen favorable, el proyecto de ley no avanzó. La presión e intervención de grupos religiosos y conservadores, cada vez mayor, instaló una campaña en contra de la ley, poniendo en peligro su institucionalidad.
Esta campaña además de viralizarse en medios masivos y en redes sociales comenzó a irrumpir en las instituciones, lo que representa un peligroso obstáculo a la hora de garantizar los derechos humanos en las instituciones educativas. Por ejemplo, en La Plata, un profesor fue despedido por utilizar lenguaje inclusivo y explicar conceptos sobre la igualdad y la disidencia de género. En Córdoba, quienes organizan la campaña “Con Mis Hijos No Te Metas” presentarán ante el Ministerio de Educación un petitorio con firmas de madres, padres y tutores de niños y niñas escolarizados/as expresándose en contra de la educación sexual integral con perspectiva de género.
Una educación con perspectiva de género, tanto en las escuelas a través de la ley de ESI como en las instituciones a través de la ley Micaela, es clave para prevenir y erradicar la violencia y discriminación que sufren las mujeres e identidades disidentes.
¿El INAM va a poder con todo? ¿Hay estructura y fondos para aplicar estas leyes?
La autoridad de aplicación de la Ley Micaela es el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Como tal, estará encargado de capacitar a las máximas autoridades de cada uno de los tres poderes a nivel nacional, y de certificar las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo inferior. Además, deberá difundir en su página web el grado de cumplimiento de las disposiciones de esta ley y tendrá que publicar un informe anual. También deberá difundir públicamente quiénes se niegan a realizar las capacitaciones sin justa causa.
Sin embargo, es importante analizar la cuestión presupuestaria, ya que el próximo año los fondos previstos para el INAM serán significativamente menores. Como señala ELA en su informe sobre el presupuesto 2019, “el INAM había logrado una partida total de $211.500.000 millones de pesos para 2018, resultado de las reasignaciones presupuestarias logradas durante el ejercicio. Para el 2019, se le adjudicará un total de $234.394.881. Si bien esto representa un 11% de aumento en términos nominales, teniendo en cuenta el promedio de inflación empleado por el propio Poder Ejecutivo en la elaboración del presupuesto (34,8%), esto implica una caída del 18% en términos reales en relación al año anterior”.
Asimismo, como organización integrante del Consejo Consultivo Ad Honorem del INAM, durante este año nos resultó preocupante la falta de interacción y de respuesta que tuvo el Instituto frente a la sociedad civil.
Si bien celebramos el dictado de la ley que dispone capacitaciones en perspectiva de género, llama la atención que su autoridad de aplicación deba conducir semejante proyecto con menor presupuesto y, además, en un contexto de varios despidos en ese mismo ente.
La situación a nivel local es similar: las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer de Córdoba, que realizan tareas de acompañamiento y asesoramiento a mujeres en situación de violencia de género, vienen sosteniendo un reclamo salarial desde hace varios meses.
El aborto no fue ley, pero la marea verde no se detiene
El debate por la legalización del aborto en el Congreso Nacional fue sin dudas un hito histórico en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Si bien no se logró su sanción, el tema logró instalarse en la agenda pública, marcando un antes y un después.
Sin embargo, luego del rechazo al proyecto, surgieron algunos retrocesos en torno la garantía de acceso a los abortos no punibles (cuando el embarazo implique un riesgo para la vida o la salud de la mujer o sea producto de una violación). Así, pudo observarse un acrecentamiento de barreras tanto formales como informales para que las mujeres puedan acceder a este derecho, reconocido por el Código Penal en su art. 86 y por el fallo FAL de la Corte Suprema.
Por un lado, antes del tratamiento del proyecto de ley, el gobierno de Tucumán declaró a su Provincia “pro vida”. En esos mismos días, un proyecto de ley similar fue presentado en la Provincia de Santiago del Estero. Luego, distintos municipios y ciudades dictaron disposiciones similares y algunas hasta negaron completamente el derecho a acceder a abortos legales a las mujeres en esas localidades. Es el caso de la ciudad de Rafaela, que aprobó una ordenanza que crea el “Centro de Asistencia para la Mujer Embarazada y el Niño por Nacer”. La normativa expresa que “nunca el aborto puede ser elegido como una opción válida si tomamos en cuenta el principio ya sentado: que toda vida humana, independientemente de sus características, es digna de ser vivida”. De esta manera, se pretende ir en contra de la ley, y desalentar y prohibir el aborto, aún en los casos que es legal.
Además, grupos opositores han intentado impedir que se realicen abortos legales en distintas partes del país y han presentado denuncias contra profesionales que garantizan este derecho.
Pero a pesar de todo ello, el movimiento de mujeres tuvo motivos para celebrar. El 18 de diciembre, después de un proceso judicial de más de 6 años, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó la acción de amparo interpuesta por la asociación Portal de Belén que objetaba la guía que regula los abortos no punibles, confirmando así su constitucionalidad y disponiendo su plena vigencia.
En Entre Ríos, por otro lado, trascendió un caso de aborto no punible en la ciudad de Concordia a una niña víctima de violación. Profesionales de la salud del hospital en donde se realizó la práctica hicieron público el caso, violando el secreto profesional y el derecho a la intimidad de la paciente. El Ministerio de Salud aclaró en un comunicado de prensa que la práctica había sido hecha en el marco de la ley.
Poco tiempo después se conoció una sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Paraná que condenó al Estado a pagar una indemnización a una mujer a quien se le negó la práctica de aborto no punible, debiendo seguir adelante con un embarazo que derivó, luego del parto, en un accidente cerebro vascular (ACV) que le dejó secuelas de por vida.
Es indispensable recordar el marco normativo vigente en nuestro país y promover el respeto del derecho de las mujeres y personas gestantes a la interrupción legal del embarazo, vigente desde hace casi 100 años. El Estado no debe permitir maniobras dilatorias y obstaculizadoras, sino arbitrar los medios para que exista un acceso efectivo a esta práctica legal. El accionar de grupos conservadores que desinforman a la población y se niegan a respetar las leyes vigentes ponen en riesgo la salud y vida de las mujeres y las personas gestantes.
La deconstrucción de los medios de comunicación
Los medios de comunicación constituyen otro de los ámbitos en donde se reproducen las desigualdades de género y se ejerce violencia hacia las mujeres. Existen políticas públicas para erradicarlas, como las dispuestas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de organismos como la Defensoría del Público. Hace varios años que monitoreamos estas políticas, denunciando contenidos discriminatorios ante los organismos competentes y siguiendo de cerca sus actividades.
En nuestra más reciente investigación sobre “Organizaciones de medios y género. Igualdad de oportunidades para mujeres y personas LGTTBIQ+ en empresas, sindicatos y universidades”, realizada junto a Comunicar Igualdad, indagamos sobre la estructura laboral y las políticas de género de las empresas de medios de comunicación, asociaciones profesionales de medios y universidades vinculadas a la comunicación en Argentina. Los resultados evidencian una gran desigualdad: del total de las personas empleadas en los medios de comunicación analizados en Córdoba y Buenos Aires, las mujeres representan sólo el 30,35%. El 78,28% de los cargos gerenciales y de propiedad son ocupados por varones. La cifra de mujeres afiliadas a los sindicatos es aún menor (24%) y su participación en las dirigencias gremiales se reduce al 23%. Estos números son aún más drásticos si se recorta el análisis sólo a las instituciones de Córdoba, lo que demuestra que las brechas de género se acentúan y amplían en la región.
Sin dudas, es necesario profundizar las políticas públicas para alcanzar la equidad de género, la representación y democratización de voces y la igualdad de oportunidades en un ámbito tan importante como el de los medios. Los medios de comunicación tienen un rol esencial en la formación de la opinión, en la producción, reproducción y transmisión de valores, y son quienes definen aquello que es considerado como relevante, normal, discutible y aceptado o rechazado socialmente.
Este año, sin embargo, la agenda del movimiento de mujeres logró abrirse paso en la agenda de los medios. Desde que, a principios de año, varias referentes feministas protagonizaron programas de altísimo rating, es cada vez más común encontrar contenidos y discursos respetuosos de los géneros. Y la violencia ya no se tolera más.
Sin ir más lejos, hace una semana, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires falló contra el periodista Baby Etchecopar, imputado por haber alentado desde su programa, “El Angel del Mediodia”, a la persecución y el odio contra dirigentes mujeres integrantes de movimientos populares, gremiales y sociales. Esto sucedió luego de que Etchecopar haya llamado en medio de su programa a atacar, perseguir e insultar a mujeres de una organización social que le habían hecho un escrache en la puerta de la radio. La probation consiste en ceder 10 minutos semanales durante 5 meses a feministas y especialistas para tratar temáticas alrededor de la violencia de género. Durante el tiempo asignado, no deberán hacerse cortes publicitarios y Etchecopar tampoco podrá interrumpir ni cuestionar a las invitadas, ni pasar llamados de oyentes que emitan opiniones ofensivas, ni antes ni después de sus intervenciones. Las especialistas deberán comenzar a salir al aire en marzo del 2019.
A pesar de estos cambios, debemos seguir reclamando a los medios una transformación genuina en sus contenidos y la inclusión de mujeres y personas de la comunidad LGBT+ y al Estado la implementación y aplicación efectiva de políticas públicas que garanticen el respeto por los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad.
¿Qué nos deparan las elecciones del 2019?
2019 es un año electoral y será el estreno de la Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. Con el objetivo de garantizar que exista paridad de género en los órganos legislativos, la ley establece que las listas de candidatos al Congreso de la Nación (diputados y senadores) y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas “ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”. De esta manera, la ley lleva la representación femenina en las listas electorales al 50 por ciento, garantizando el principio de participación equivalente de género.
Además, en todas las plataformas de las alianzas de gobierno que se lanzarán a la arena electoral habrá propuestas relacionadas a la cuestión de género. La agenda está instalada y fue una conquista del movimiento de mujeres. Las campañas electorales, el marketing y el “pinkwashing”* hacen que debamos prestar especial atención a su correlación con la realidad y a saber que “más mujeres” no es siempre sinónimo de perspectiva de género.
La lucha de las mujeres avanzó a pasos agigantados en 2018, y a partir de ellas se comenzó a edificar sobre cimientos firmes de luchas pasadas,Las conquistas deben lucharse y a posteriori defenderse. Saber cuáles son nuestros derechos, hacerles seguimiento y reclamar cuando se los avasalle es una tarea constante que debe hacerse desde la empatía y la solidaridad. Un mundo más justo e igualitario aún está construcción. Todos estos aprendizajes y avances serán herramientas para que el 2019 sea un año con más derechos.
*El pinkwashing o “lavado rosa” es la estrategia que utilizan gobiernos, empresas e instituciones para ocultar sus políticas represivas o neoliberales tras una imagen de “simpatía” hacia los sectores LGBT+.
