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Mucho se discute hoy acerca de la efectividad del gobierno abierto en términos de involucramiento de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil o el sector privado.
Gobiernos que deciden abrir sus portales, pero sin embargo no cuentan con normativas sobre acceso a información pública, apertura selectiva de información (mayormente de cuestiones económicas), ilegibilidad de los datos que se abren, imposibilidad de descargarlos. Estas, entre otras cuestiones, marcan a un Estado (en todos sus niveles y poderes) que aún persiste con la discrecionalidad como norma general para abrir su administración pública.
En este sentido, algo que venía sucediendo de manera muy frecuente para quienes trabajamos en organizaciones de la sociedad civil o empresas privadas con intención de comprender algún proyecto de ley, era que no podíamos acceder a estos. Si un portal de noticias, previa autorización de la Comisión o legislador/a lo tenía, era un tema resuelto. En caso contrario, debíamos contactarnos con los despachos o directamente con los/as legisladores/as para acceder a los proyectos de ley, bajo promesas de seguridad en la no difusión de dicho documento (algo que suena bastante antidemocrático ¿no?).
Hoy en cambio, percibimos un gran paso en la apertura del portal Leyes Abiertas. En él, cualquier persona puede acceder a los proyectos de ley que se encuentran en discusión en la Cámara de Diputados de la Nación, con todo sus artículos, y en algunos casos hasta con un video de su autor o autora explicando la intención y el contenido del proyecto. Además, permite dejar comentarios en la normativa. En un contexto de dispersión territorial como en Argentina, es interesante pensar cuales pueden ser los aportes de ciudadanos desde diferentes puntos del mapa que garanticen normas federales y aplicables a todo el territorio, como así también que aporten información de valor para mejorar sustancialmente el contenido o la forma de estas. Cabe destacar que, además, la iniciativa implica en tiempo real saber qué se está discutiendo, y cuáles son las intenciones de los documentos bases sobre los que se está construyendo la posible norma.
El desafío será comprobar si esta última cuestión aportará verdaderamente a la colaboración, uno de los principios más débiles de los gobiernos abiertos. Además, será importante para democratizar todos los poderes, asegurar mayor accesibilidad a los ciudadanos en la construcción del Estado. Por otra parte podremos, quizás, presenciar un cambio de cultura en la incidencia que puede tener la ciudadanía en el marco de la actividad legislativa. Teniendo en cuenta que habitualmente la ciudadanía en general se involucra una vez que las leyes ya fueron sancionadas, esta iniciativa permite que se movilicen recursos y conocimientos en el proceso de construcción de la norma, tal como sucedió en el proceso de discusión del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, una de las leyes con mayor protagonismo civil y de organizaciones en los últimos años de la democracia.
Para acceder al portal haz clic aquí
