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En la semana de movilización por el Día Internacional de lucha contra la violencia machista, resulta fundamental nombrar la ilegalidad del aborto como una de las históricas violencias que azota a los cuerpos de las personas gestantes, en su mayoría mujeres.

Nuestro Estado amenaza con retroceder sobre los mínimos avances al respecto y, abnegando de su carácter laico, ignora la problemática de salud y de violación de derechos que implica la clandestinidad del aborto.

La imposibilidad de ejercer el derecho a decidir frente a un embarazo, constituye un atentado contra la libertad de las personas. Obligar a alguien a llevar en su vientre lo que no desea y maternar contra su voluntad puede considerarse un acto de tortura y una violación a su integridad y a la autonomía de los cuerpos.

De acuerdo a una infinita cantidad de normativas internacionales sobre los derechos humanos todas las personas tenemos derecho a ejercer el libre control sobre nuestra sexualidad y reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Esto incluye acceder a información y servicios de salud sexual y (no) reproductiva; decidir si quiero tener hijos y cuántos, lo cual incluye poder interrumpir un embarazo no deseado; vivir libre de violencia y prácticas que buscan dominar mi cuerpo y mi sexualidad, entre muchos otros.

El Estado es responsable de garantizar estos derechos humanos básicos brindando el acceso a información y a métodos seguros y efectivos, que no pongan en riesgo la vida ni la salud de las personas, entendiendo la salud integral como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Las cifras de muertes por abortos clandestinos y las condiciones denigrantes y altamente peligrosas a las que se encuentran expuestas permanentemente las personas que deben pasar por esta experiencia resultan desgarradoras. Las muertas por abortos clandestinos son femicidios de Estado. Exigimos la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todo el territorio nacional, el acceso a métodos anticonceptivos y ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO para decidir y no morir en el intento.

A continuación comparto un relato de una socorrista. Las socorristas son personas organizadas en redes feministas que luchan por la legalización del aborto y brindan información y acompañamiento a quienes deciden interrumpir sus embarazos.

«Lo van a tener que seguir haciendo en la clandestinidad» dice Amalia Granata.

… Lo van a tener que seguir haciendo en la clandestinidad repiten los diarios publicando esos dichos…

Lo van a tener que seguir haciendo en la clandestinidad. Me da vuelta en la cabeza, mientras me acuerdo de Laura, una piba que me llamó de un pueblo en el que viví, que me contó que estaba embarazada. Se largó a llorar y relató, entrecortado, que la violaron, que por primera vez está diciendo en voz alta que fue víctima de violación, que no le contó a nadie y me lo cuenta a mi porque no me conoce pero encontró este número en una red social. Llora y espera que le diga algo, algo que no se qué decir más que no fue su culpa. Aunque haya accedido a ir a su casa o no le haya contado a nadie, no es su culpa. Le explico el protocolo ILE y que tiene derecho a una interrupción legal, pero como tiene miedo solo me pide información sobre uso seguro de medicación. Y va a interrumpir, sola, lo va a tener que hacer en la clandestinidad.

Cuando dejo de pensar en Laura pienso en Antonia y su mamá. Antonia tiene 14 años, está tratando de salir de un noviazgo violento, del que su mamá sabe «algo, no todo, se enteró por la escuela porque la llamaron», y está embarazada. También tiene derecho a una ILE, pero tienen miedo, no les dan los tiempos. Pero nos damos el tiempo de encontrarnos, ellas poniendo excusas a los hermanitos «porque el de 12 más o menos se da cuenta y pregunta qué pasa». Entre la duda de Antonia surge la desesperación de su mamá, que tiene 4 y está sola con elles. Ya no sabe qué hacer y su hija… «Ella se merece otra vida, no la que yo tuve». También les doy información y en medio de un apagón me preocupo por ellas, les escribo, miro el teléfono y nada… Hasta que me llaman para contarme que todo está bien. Antonia se ríe, sufrió un montón pero ya está, del 1 al 10 le dolió 1000, pero encuentra lugar para reírse de algún chiste que le hago (porque cuando no sé qué decir, digo huevadas). Lo tuvo que hacer en la clandestinidad, pienso…

Ayelen tiene dos hijas, una cumplió 6 meses el martes, da un taller de artesanías y de eso vive en las sierras. Sus dos partos fueron cesáreas, la última fue complicada, la dejó con hemorragias y anemia. Su médico no pensó que era necesario darle un método anticonceptivo, ni explicarle que era peligroso que vuelva a quedar embarazada pronto o que esto podía pasar por más que amamantara. Se enteró tarde que estaba embarazada y no quiere ni puede saber nada de gestar, parir y criar otre hije. Me llama, entre reunión y reunión la atiendo, le mando mensajitos y estoy pendiente. Mientras tomo una birra con mis compañeras y soñamos otros mundos ella está en el baño, en clandestinidad….

Amalia Granata tiene razón. Por ahora, lo van a tener que seguir haciendo en la clandestinidad, hasta que el Estado se haga cargo de que estas mujeres también son ciudadanas y merecen tratos y vidas dignas de ser vividas. Cuando esto pase ya no lo harán en la clandestinidad. Mientras tanto, habemos quienes le ponemos el cuerpo, escuchamos, a veces lloramos y reímos acompañando estos procesos que en la clandestinidad no dejan de ocurrir.

Todo esto pasó en dos semanas.”  Jorgelina Barreto (Junio 2019, Córdoba)

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