La pandemia y la relevancia creciente de las instituciones de salud pública. En el contexto actual, las instituciones vinculadas a la salud pública han cobrado una relevancia inédita. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha convertido en una referencia para discusiones coloquiales, las instituciones de investigación en salud pública son citadas y cuestionadas en forma constante. Frente al aumento de la relevancia de estas instituciones es importante reflexionar sobre la manera en que se estructuran, cómo obtienen su financiamiento y cómo toman las decisiones. En la práctica, estos aspectos tienen implicancias directas en la protección del derecho a la salud.
El panorama es muy variado. A nivel global, la OMS se erige como referencia obligada: actualmente tiene un presupuesto de 4.840 millones de dólares para el bienio 2020-21. La principal fuente de financiamiento de la OMS es Estados Unidos (alrededor del 15%), contribuciones que quedaron en jaque tras una amenaza del Presidente Donald Trump de cortar el financiamiento a la institución. La segunda fuente principal de financiamiento de este organismo es la Fundación Bill y Melinda Gates (aproximadamente 10%). Esta información sobre sus fondos ya permite imaginar algunas de las posibles dificultades vinculadas a la gestión de esos fondos.
También a nivel global, otra gran institución de salud pública es GAVI, la Alianza para la Vacunación. Desde su estructura, es una asociación público-privada en la que las empresas y fundaciones aportan más que los Estados. Esta iniciativa ha movilizado más de 18.000 millones de dólares para promover la vacunación. En este caso, la Fundación Bill y Melinda Gates es la principal fuente de financiamiento, con casi el 21%, es decir 3.700 millones de dólares. GAVI ha permitido avanzar con la vacunación a nivel global pero al mismo tiempo ha recibido críticas por otorgar poder al sector privado, para determinar objetivos de salud pública global o por enfocarse en la producción de vacunas de alto costo.
Conflictos de interés en salud pública global y local
La participación del sector privado en instituciones de salud pública global y las críticas antes mencionadas muestran la relevancia de discutir el tema de conflictos de interés. ¿Cómo garantizar el foco en salud pública de las decisiones de instituciones de salud cuando el financiamiento se sostiene por actores que tienen intereses comerciales en esas decisiones? ¿Cómo se puede salvaguardar el foco en salud pública en las decisiones tanto mundiales como locales?
Los conflictos de interés hacen referencia a situaciones en las que hay una confrontación entre el interés público y un interés privado que podría influir
indebidamente en la adopción de una política. En este caso, se trata de la existencia de intereses ajenos a la salud pública que impiden que se tomen decisiones o se realicen acciones orientadas a la protección de la salud. No siempre es fácil identificar esas situaciones de conflicto de interés. Un ejemplo que puede resultar menos controversial es el de las regulaciones de control de tabaco y protección de la salud pública. El Convenio Marco para el Control de Tabaco de la OMS establece expresamente que se debe proteger las instancias de decisión pública de los intereses comerciales de la industria del tabaco. Con ese criterio, se ha excluido a organizaciones vinculadas a la industria del tabaco de espacios de toma de decisión tanto a nivel local
como a nivel global. Está claro que aunque las decisiones de salud pública vinculadas a la regulación del tabaco impacten a la industria, los intereses comerciales de la industria no deben tener un rol primordial en las discusiones.
Este tipo de mirada permite cuestionar otras iniciativas de salud pública, por ejemplo programas de nutrición infantil patrocinados por empresas de productos alimenticios ultraprocesados. ¿Es lógico aceptar que un programa de nutrición de apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad, canalice productos cuyo consumo no es recomendado por instituciones de salud pública?
Protección de procesos de tomas de decisión de influencia de intereses comerciales
A los fines de proteger los espacios de toma de decisión en materia de salud pública, se debe asegurar la transparencia. Es esencial contar con información sobre las personas e instituciones que participan. Sobre la base de un principio de transparencia, se podría permitir que personas e instituciones con intereses comerciales expresen su opinión, pero se debe evitar que tengan capacidad decisoria en la definición de políticas de salud. Los intereses comerciales no pueden orientar las decisiones de salud pública.
En este contexto de crisis sanitaria global, estos criterios de protección de los mecanismos de toma de decisión en salud pública son más importantes que nunca. Tanto las respuestas a las situaciones urgentes de crisis como las decisiones a largo plazo sobre el mundo que nos espera post COVID-19, deben tener como objetivo primordial la protección de la salud, y no la protección de intereses comerciales. Cuidar las instituciones de salud pública locales y globales es una forma de garantizar el derecho a la salud.
