– Disculpame pero, ¿Podrías pasar un poco más lejos de la casa?
– Disculpame vos. Yo estoy trabajando en mi campo.
– Sí, lo sé, pero cada vez que vienen a fumigar la nena se me descompone. Últimamente, mi señora se la lleva por precaución a lo de mi suegra cuando vemos que están viniendo con la máquina.
– ¿Sabés la plata que yo pierdo si te dejo esos 200 metros alrededor de tu casa?
[La charla, entre tensa y cotidiana, termina sin respuesta y cada cual sigue su rumbo. El conductor avanza respetando la línea recta que marcan los cultivos.]
En un paisaje llano, mayoritariamente de cultivo extensivo con algunos parches de bosque nativo, un sencillo arco nos da la bienvenida a un pequeño municipio cordobés, tierra de la gran promesa para muchas familias migrantes que huían de la guerra desatada en el Viejo Continente. La nueva población, proveniente de Italia y Suiza, se asentó en llanuras fértiles, volcando sus ilusiones de trabajar en el “granero del mundo” y tener vidas mejores de las que habían dejado atrás. Esta descripción podría aplicarse a cualquier pueblo de la Pampa Húmeda. El lugar en cuestión se llama Colonia Tirolesa, una ciudad rural ubicada a 27 kilómetros del norte de la ciudad de Córdoba y que se encuentra dividida en cuatro localidades conocidas como Santa Elena, Estación Colonia Tirolesa, Colonia Tirolesa centro y La puerta.
La fotografía del escudo de la ciudad, que representa la identidad de lugareñas y lugareños, muestra su versión idílica: tractores trabajando las planicies a la vera de la ruta 74, la capilla que los fines de semana se llena de plegarias, los campos que se visten de diferentes tonos a medida que crecen y maduran los cultivos. Sin embargo, la realidad del retrato de aquel antes no siempre expone con verosimilitud la realidad del hoy: el fondo blanco del escudo, símbolo de pureza, es opacado en la actualidad por la expansión de la llamada frontera agrícola, una suerte de cicatriz que divide el perímetro de esta población rural. Por un lado está “Las Chacras”, donde prima la producción hortícola y, por el otro, “El vergel”, que incluye la producción extensiva de cereales, soja, trigo y maíz. En este contexto, los agroquímicos son muy usados en casi todas las plantaciones y en su aplicación no siempre se tienen los recaudos necesarios para no afectar la salud de las personas vecinas, especialmente el de establecer zonas de resguardo ambiental entre las áreas habitadas y los campos.
El uso de agroquímicos se extiende hasta los límites mismos de los campos, aunque estén pegados a zonas residenciales. A pesar de estar prohibido por la ley provincial 9.164 de “Productos químicos o biológicos de uso agropecuario”, que en sus artículos 58 y 59 establecen distancias de aplicación aérea y terrestre dentro de un radio de 1.500 metros y 500 metros del límite de las plantas urbanas respectivamente, los relatos de vecinos y vecinas de los campos cuentan que las madrugadas son truncadas por el “mosquito”. Y el mosquito no es una metáfora de algo que vuela y pica, sino de un tractor a ruedas que recorre los campos y que con sus extremidades hidráulicas desplegadas va pulverizando pesticidas en los sembradíos. El mosquito es, en términos menos poéticos, la máquina fumigadora.
A su paso, la nebulosa de agroquímicos queda flotando en el aire denso. Entonces aparece el viento norte, peleando contra las pequeñas barreras de arbustos y, como vencedor, deja caer la “deriva”, polvo residual de la fumigación, como garúa sobre las zonas pobladas. Todos estos elementos antes suspendidos en la levedad del aire, ahora se encuentran en la piel, los pulmones y el estómago de las personas que habitan el lugar. El punto de contacto entre los químicos y la gente es el nudo del problema entre la línea de los barrios y el avance de la frontera agrícola.
Una primera conclusión salta a la vista del decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Damián Verseñazzi, médico que investigó durante años la incidencia de agroquímicos y enfermedades en sus campamentos sanitarios y que llegó a denunciar a la compañía agro-ganadera Monsanto ante el Tribunal Internacional Monsanto de la Corte de La Haya, en los Países Bajos, cuyo fallo no fue vinculante. Él afirma en un artículo del libro colectivo “La Patria Sojera” (2014) que, humanos, plantas y animales caen en la misma bolsa tóxica. Verseñazzi afirma que las personas comparten sus genes con especies vegetales hasta en un 40% y hasta en un 60% con insectos y ácaros; es decir, las especies que estorban al monocultivo y que procuran ser eliminadas por las fumigaciones masivas.
Quienes viven del campo se encuentran hoy en una encrucijada. La extensión de la frontera agrícola permite generar fuentes de trabajo, pero su contracara son los datos estadísticos como los obtenidos en campamentos sanitarios que realiza la Facultad de Ciencias Médicas (UNR) en 27 localidades de cuatro provincias argentinas los cuales demuestran que una mayor utilización de agroquímicos para aumentar la productividad de los cultivos, también está causando enfermedades en las personas.
– El otro día me trajeron otro bebé que nació con el mismo problema que tuvo tu nena. Y de tu mismo pueblo.
– ¡No! -exclama angustiada- ¡Pobre criaturita!
– Sí, ni me lo digas. Ahí está peleándola. Por las dudas te consulto: ¿vos tuviste contacto con algún químico o tóxico antes o durante tu embarazo?
– No estoy segura… A ver, dejame pensar…
– Te pregunto justamente porque es raro dos casos iguales, y en el mismo lugar, de una malformación tan poco frecuente. Estoy intentando descartar posibles causas.
– En realidad, yo no los toco, pero al lado de mi casa hay un galpón donde guardan los pesticidas y la máquina para fumigar.
– ¿Pero los tenés cerca?
– Claro, compartimos medianera con el galpón…
[Diálogo basado en testimonio de María Liz Robledo, de Baigorrita, provincia de Buenos Aires, frente al Tribunal Internacional contra Monsanto, cuya hija nació con atresia de esófago con fístula traqueo-esofágica.]
Especialistas como Medardo Ávila-Vazquez y Flavia Silvina Difilippo, integrantes de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (REDUAS), explican en su texto “Agricultura tóxica y salud en pueblos fumigados de Argentina”, publicado en 2016 en la Revista de conflictos sociales latinoamericanos, que “los problemas respiratorios son mucho más frecuentes y vinculados a las aplicaciones de agrovenenos, igual que las dermatitis crónicas”. “En época de fumigación –continúan–, son más frecuentes la depresión, las convulsiones, los trastornos inmunitarios y endócrinos”. Por su parte, el análisis realizado en el pueblo cordobés de Monte Maíz, semejante en topografía y población a Colonia Tirolesa, titulado “Evaluación de la Salud Colectiva socio-ambiental de Monte Maíz” y realizado por médicos, geógrafos y estudiantes de estas carreras de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y un equipo de químicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), arrojó el dato de que en el lugar el número de personas que mueren de cáncer se duplica en comparación con las tasas de mortalidad de Córdoba Capital.
Cáncer, enfermedades dermatológicas, enfermedades respiratorias; son sólo una parte. Bajo la superficie, ya desde el útero de las mujeres, estos químicos también causan problemas: las tasas de abortos espontáneos se incrementan considerablemente cuando se analizan los datos obtenidos en los campamentos sanitarios de pueblos fumigados. Por ejemplo, en Chabás, provincia de Santa Fe, se observa un crecimiento sostenido de los abortos espontáneos: en 1995-1999 fue de 5.8%; en 2000-2004 del 6.6%; para 2005-2009 llegaba al 8.2%; y los últimos datos de 2010- 2014 hablaban de un 11,5%. En casos como el de Alcorta, también en la provincia de Santa Fe, aumentan de manera exponencial. Ésta pasó del 6 % en 1995-1999 al 22.5% en 2010-2014.
Asimismo, estos químicos pueden causar malformaciones. Es el caso de Martina, cuya historia trascendió públicamente porque su mamá María Liz Robledo testificó en el juicio del Tribunal contra Monsanto. Ese tribunal conformado internacionalmente para denunciar las actividades de la multinacional, que tuvo fuerte presencia argentina, condenó a la multinacional de manera simbólica por “ecocidio”, es decir, un atentado contra el medio ambiente. Esa malformación congénita a la que Martina pudo sobrevivir determinó también los destinos de ella y su familia, cuyas vidas transcurren hoy entre clínicas y guardias.
En este contexto, la salud queda supeditada a los dólares que provienen de la agricultura extensiva, principalmente, de la soja. Mientras el dinero fluye, los cuestionamientos y voces críticas acerca de los efectos nocivos que tienen los agroquímicos sobre el cuerpo no son demasiado visibles. Ni siquiera quienes trabajan manipulándolos diariamente se cuestionan el riesgo de su actividad, por lo menos, hasta que las consecuencias sufridas no son evidentes.
Las razones para sostener que la aplicación de pesticidas no tiene ningún riesgo para la salud –o bien para poder convivir con ellos sabiendo su potencial dañino– suelen estar fundadas en el bolsillo, para los empresarios; y en la necesidad de llegar a fin de mes, para los habitantes más humildes de la zona. Poseer un campo que rinde a la medida de un sistema de producción, exige el uso cada día más intensivo de químicos y repelentes porque el monocultivo genera resistencia. Datos publicados por el INTA, en su estudio del mercado argentino de herbicidas en 2012 arrojan que entre 1990 y 2011, tanto en valores absolutos como en valores monetarios, el incremento de la comercialización de estos productos supera el 1000%. Mientras que de acuerdo con Ávila-Vázquez y Difilippo, en la Argentina de la década de 1990, se usaban 39 millones de kilogramos de pesticidas y, hacia 2015, la cifra alcanzaba los 360 millones. Es decir que, en proporción, su uso creció un 823 % en un cuarto de siglo.
Lo cierto es que en Colonia Tirolesa tampoco se puede discutir mucho sobre medidas que protejan a la gente de los químicos que se esparcen sobre sus cabezas, porque ahí del campo se vive. No hay posibilidad de discutir una ordenanza que establezca zonas de resguardo ambiental porque los intereses económicos minan la voluntad política. Municipios con mayor iniciativa, como Alta Gracia, tienen que enfrentarse a discusiones sobre la constitucionalidad de sus normas protectoras de las personas vecinas a los sembradíos, como es el caso de la ordenanza municipal 9375 del año 2012. Mientras tanto, las leyes de jurisdicciones superiores parecen no existir y las denuncias sobre fumigaciones ilegales no son tomadas, si es que los perjudicados llegan a hacerlas –suele ser incómodo, en un pueblo campesino, denunciar a alguien con quien hay relación cercana.
Sin normas que regulen el uso específico de agroquímicos, difícilmente se pueda revertir la vida de muchas familias expuestas al uso diario de tóxicos en los campos aledaños a sus viviendas. A nivel nacional no hay leyes que traten de manera uniforme sobre estos temas, mientras que en las provincias algunas sí avanzaron y otras no. En Córdoba, específicamente, desde el año 2004 la Ley N° 9164 regula productos químicos y biológicos de uso agropecuario. Al interior de la provincia, pueden encontrarse legislaciones municipales de las más variadas, que incluso llegan a maximizar la protección ambiental regulada a nivel provincial, tal como contamos desde FUNDEPS en el informe “Distancias para la aplicación de agroquímicos: Relevamiento de la normativa de la provincia de Córdoba, de sus municipios y de otras provincias”, de abril de 2014. Entre los gobiernos locales que se atrevieron a poner freno al agronegocio, están las localidades de Anisacate (con su ordenanza N° 14/2012), Las Bajadas (con su resolución N° 8/2012), Las Calles y Mendiolaza (con sus ordenanzas 390/2004 y 417/2005, respectivamente); todas las cuales declararon sus territorios libres de agroquímicos, prohibiendo la aplicación, tanto terrestre como aérea, dentro de sus ejidos urbanos. Así también, otros municipios que establecieron sus zonas de resguardo ambiental fueron Alta Gracia (ordenanza 9375/2012), la ciudad de Córdoba, con especial atención a la situación de Barrio Ituzaingó Anexo (ordenanza 10590/2003), Corral de Bustos-Ifflinger (ordenanza N° 926/2008), entre otros. Sin embargo, las normativas municipales no parecen ser suficientes a los fines prácticos o, mejor dicho, para cumplir el objetivo de su dictado, proteger la salud de vecinos y vecinas que residen a la par de las plantaciones.
El conflicto de intereses es grande y las partes que juegan sus papeles en la balanza no están en equilibrio. Lo que ocurre en Colonia Tirolesa se replica en numerosos pueblos en toda la geografía del país, donde gobiernos, empresas y productores apuestan por un sistema de agricultura que exprime tierras a costa de violar sistemáticamente derechos fundamentales como la salud de las personas. La verdad de los estudios científicos, que evidencian que los agroquímicos son tóxicos y repercuten negativamente en la salud de las personas que se ven expuestas a su contacto, está en suspenso.
Durante el emblemático juicio contra Monsanto en La Haya, sin resultado vinculante pero de un gran contenido simbólico, María Liz habló con firmeza: “El Estado -dice en su memo de víctima del 15 y 16 de octubre de 2016- avala estos procedimientos, no legisla, no regula, no controla y sigue abriendo las puertas de nuestro país anunciando grandes negocios, grandes avances en el desarrollo de la agricultura, en detrimento de la salud. Pues el bien más preciado sigue siendo el dinero. No privilegia la salud, sólo ve los ‘beneficios’ económicos de este modelo de producción”.
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