¿Cómo se organiza la sociedad civil en emergencia?

En el contexto actual desencadenado por la pandemia del COVID-19 las organizaciones de sociedad civil (OSC) tienen mucho para aportar a la hora de desarrollar propuestas que contribuyan a superar la emergencia social, entendiendo que las políticas públicas deben estar basadas en la sugerencia de personas expertas, pero también en las demandas de la ciudadanía, de grupos y comunidades que generalmente se excluyen de todo proceso de toma de decisión. Sin embargo, en el actual contexto ¿hay lugar para el debate en la emergencia?

Teniendo en cuenta que en situaciones de gestión de riesgo las decisiones suelen concentrarse en los poderes ejecutivos dejando escaso margen para la participación activa de otros actores, es de gran relevancia preguntarnos acerca de qué rol deberían tomar las OSC. Dicha concentración en la toma de decisiones es comprensible si tenemos en cuenta la inmediatez de los efectos de la pandemia y la necesidad de dar respuesta rápida y efectiva.

Sin embargo existen actores claves que se ocupan de responder a demandas que la sociedad reclama y que muchas veces no encuentran respuestas desde el Estado: las OSC ocupan un rol relevante en el entramado social, siendo muchas veces el enlace entre éste y el ámbito público. Como se ha hecho referencia en otros artículos, la pandemia del COVID-19 se presenta en un contexto de emergencia ecosocial preexistente, en dónde las organizaciones de la sociedad civil han estado trabajando desde hace tiempo. 

¿El diálogo garantiza incidencia?

En Argentina, existe por ley un Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, que constituye una instancia consultiva para el intercambio colaborativo en materia de mecanismos de cooperación para la gestión integral del riesgo y protección civil. Dicho Consejo se encuentra constituido por integrantes del SINAGIR, un órgano del Ministerio de Seguridad de la Nación que articula todos los organismos no gubernamentales y asociaciones civiles registrados. El problema consiste en que las iniciativas, recomendaciones, propuestas y discusiones emanadas por parte de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y OSC son de carácter no vinculante y no tienen suficiente peso, por lo que quedan fuera de la discusión política real. 

Esto nos lleva a preguntarnos acerca del rol de la sociedad civil en un contexto de emergencia como el que estamos atravesando. También sería importante replantear el rol de las OSC contemplando si existe la posibilidad de modificar su modo de participación en el debate de primera instancia mediante mapeos y diagnósticos de situaciones puntuales para la toma de decisión. Entiéndase que no se plantea el uso de la sociedad civil por parte del aparato político-partidario, sino la posibilidad de que realicen un aporte activo en el ámbito público para visibilizar situaciones y contribuir en un enfoque sistémico, a fin de democratizar, expandir y transversalizar las políticas públicas.

Es por este motivo, que aunque en el actual contexto de pandemia las OSC no tengan incidencia cierta en la toma de decisión, poseen un rol clave en el monitoreo de las actividades desplegadas ya sea por el Estado o por actores internacionales como el Banco Mundial y otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI´s) que han contribuído mediante financiamiento para hacer frente a la pandemia. Es importante destacar que tanto las IFI´s como los Bancos Multilaterales de Desarrollo y distintas Agencias de Cooperación han instado la incorporación de la sociedad civil en el trabajo por la ampliación de oportunidades y el desarrollo económico-social desde un enfoque sostenible e innovador. 

En relación a ello, actualmente el seguimiento de actividades por parte de las OSC se enfoca principalmente en la garantía de los derechos humanos por parte del Estado y los fondos de inversión desplegados en el país por distintas instituciones financieras, básicamente controlando la garantía de la transparencia y las buenas prácticas. El monitoreo de actividades se realiza a través de distintos mecanismos. 

Instituciones como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuentan con instancias independientes de investigación y consulta, a partir de las cuales la sociedad civil puede informarse y elevar reclamos. Tal es el caso del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID o el Panel de inspección del Banco Mundial.

Sin embargo, en el ámbito público, existe un tardío acceso a la información por lo cual resulta más difícil realizar un seguimiento de las actividades y datos estadísticos. En un informe publicado en marzo de 2020 por  la Agencia Federal de Evaluación se afirma que es necesario avanzar sobre la implementación de una cultura de la evaluación de decisión y aplicación de políticas públicas, y para ello se deben realizar  modificaciones en las instituciones, normas y políticas que integren y coordinen funciones. En Argentina no hay un órgano rector de la función de monitoreo sino que existen sistemas de evaluación creados para programas específicos que giran en torno a cuatro áreas: programas y políticas sociales, planes sectoriales de las jurisdicciones, programas presupuestarios y proyectos con financiamiento externo. Un aspecto no menor a destacar es que si bien hasta el año 2019 existió un monitoreo sobre el financiamiento externo, los órganos encargados de ello formaban parte del Estado, es decir no existió un trabajo conjunto entre el ámbito público y la sociedad civil, lo cual deja en evidencia la escasa co-participación en los espacios de monitoreo y debate.

Repensar el rol y el futuro de las OSC

La pandemia deja al descubierto un sistema que no estaba funcionando, con una fuerte desconexión entre el Estado y la ciudadanía, vacío que las OSC intentan llenar articulando demandas o, en muchos casos, gestionándolas. Pero la emergencia mayor en este contexto es la salud: por lo que los interrogantes que podemos hacernos acerca de cómo mejorar el mecanismo para que la sociedad civil trabaje de manera coordinada con el Estado deberán esperar. Por el momento, la inmediatez requiere de cooperación, de solidaridad y de trabajo en equipo. En este sentido creemos necesario que el Estado funcione de la manera más transparente posible en cuanto a la toma de decisiones y brinde acceso a la información pública a fin de que las OSC puedan continuar con su trabajo de monitoreo y en otros casos, una escucha activa a las OSC que están ayudando a gestionar la crisis en los sectores más vulnerados.

En respuesta al interrogante planteado en un principio, sobre si hay lugar para el debate en la emergencia, quizás la respuesta resulte obvia, es decir, ante un fenómeno inusual la capacidad de respuesta del Estado es limitada por la imprevisibilidad y además es de carácter ad hoc. Sin embargo creemos necesario abrir un signo de interrogación de cara al futuro, cuestionando el rol de las comunidades, re pensando el paradigma socio-político pos pandemia, instando a la potencialización de los vínculos sociales entendiendo la importancia del enclave sociedad-Estado. Todo ello conduce a un mismo lugar: compromiso y participación coordinada en la elaboración de políticas públicas para generar soluciones comunitarias y sostenibles que incluyan la voz de la sociedad como parte del nuevo pacto social. Para ello es necesario que el Estado practique una escucha activa y sostenida a este sector, ya que sus aportes y reclamos no se reducen sólo a situaciones de crisis de emergencia como la que se vive a raíz del COVID-19.