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Las estrategias de la industria tabacalera, para posicionar un producto que es perjudicial para la salud, son conocidas. Y un contexto donde el mundo es devastado por una pandemia, no es factor para que esta industria se detenga. La necesidad de una respuesta a los tantos interrogantes que surgen por la COVID-19, deja un vacío que es aprovechado por las tabacaleras.

No resulta novedoso que la industria tabacalera, en medio de un contexto mundial signado por la urgencia y el desconocimiento, haya hecho aparición atribuyéndose posibles curas contra la COVID-19, así como exigiendo a los gobiernos que declaren la esencialidad de su actividad económica, a los fines de resultar exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Desde finales de marzo, cuando la OMS declaró el estado mundial de pandemia, las tabacaleras comenzaron a desplegar todo un arsenal de estrategias de marketing empresarial, claramente destinadas a mejorar su imagen pública, aumentar su credibilidad y los vínculos con la comunidad. Juan Carballo, Abogado Asesor Legal de Campaign for Tobacco-Free Kids, nos explica:

“La industria tiene mucha capacidad de adaptación. En el contexto de pandemia han intensificado sus acciones de supuesta responsabilidad social empresaria además de continuar apostando por acciones de publicidad en redes sociales. Incluso, en varios países han facilitado la venta de productos de tabaco a domicilio, lo cual no es recomendado en tanto no se puede asegurar que se impida la venta a menores.”

Es sabido que este tipo de estrategias tienen por fin último, sino es su principal, el acceder e influir en la formulación de políticas públicas, así como crear alianzas para evitar o debilitar las regulaciones de control de tabaco.

Ser parte de la solución

En la carrera por encontrar una vacuna contra la COVID-19, las compañías tabacaleras no tardaron en aparecer en el escenario mundial, dando a conocer los millones por ellas invertidos en pos de alcanzar dicho objetivo. Es así que British American Tobacco (BAT) -que comercializa marcas como Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, entre otras- anunció que por medio de Kentucky BioProcessing, una de las empresas del grupo abocada a la biotecnología, ya se están llevando a cabo ensayos preclínicos de una vacuna a partir de la hoja del tabaco. En un comunicado global, la compañía reveló que, en caso de que dichos ensayos prosperen, la matriz tendría la capacidad suficiente como para fabricar entre un millón y tres millones de dosis por semana en el mes de junio. Por su parte, Philip Morris International también comunicó que se encuentra en la búsqueda de una vacuna por medio de su participación en Medicago, una compañía farmacéutica de origen canadiense, que ya estaría en condiciones de comenzar las pruebas preclínicas de seguridad y eficacia, con el objeto de tener una vacuna apta para seres humanos a mediados de este año.

Tras las grandes discusiones que estos anuncios generaron, la OMS comunicó públicamente que no habría de aceptar financiamiento de parte de las industrias tabacaleras, en la elaboración de respuestas a la pandemia, por la existencia de conflictos de intereses. En este sentido, el Art. 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (de la OMS) explica expresamente que a la hora de establecer y aplicar las políticas de salud pública, ”…las partes deben actuar de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera”. Es que existe una contradicción intrínseca entre la promoción de productos de tabaco, que matan y enferman a gran parte de las personas consumidoras, y el desarrollo de una vacuna que promete contribuir a la protección de la salud de miles y miles de personas, así como al adecuado manejo de la pandemia por parte de los Estados y organismos internacionales.   

Mejor confundir antes y desmentir después 

Recientemente la OMS ha puesto en la mesa un nuevo término: infodemia. Este refiere a “una cantidad excesiva de información ‒en algunos casos correcta, en otros no‒ que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan”. Otras organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, también afirmaron que en situación de pandemia, el aumento exponencial de información trae consigo desinformación, fake news y rumores, que pueden poner en peligro la vida de las personas. Claro está que las redes sociales ayudan a una propagación del contenido tan rápidamente como el virus mismo. 

Muchas veces esa información falsa que circula tiene el propósito deliberado de engañar. Ya hace mucho tiempo, este tema ha sido abordado en el mundo de la filosofía y la política, desde Aristóteles, Bacon, Hobbes y hasta el mismo Foucault, plantearon reflexiones acerca de la importancia de la información para el ejercicio del poder. Las intenciones de quienes manejan el conocimiento pasan a ser dudosas, cuando lo que está por detrás es un gigante industrial que comercializa un producto perjudicial para la salud.

Y sin importar las consecuencias, eso hicieron las tabacaleras cuando los medios comenzaron a difundir noticias que decían que la nicotina (alcaloide que se encuentra en la planta del tabaco) podría proteger y proporcionar un tratamiento eficaz para una infección aguda como la COVID-19. La polémica se desató cuando un estudio que pertenece a un trabajo conjunto entre el Instituto Pasteur de París y el Hospital de París, fue publicado en “Qeios Work”, una plataforma que se autodefine como colaborativa y donde los/as investigadores/as publican sus trabajos para que sean revisados por sus pares. No obstante, hasta la fecha el mismo no fue revisado por otros/as científicos/as que aseguren que no hubo errores en la metodología, recolección y análisis de los datos o que hayan obtenido los mismos hallazgos al repetir los experimentos.

Esta estrategia no peca de original ni de inocente. En 2013, el diario francés Le Monde a partir de una investigación exhaustiva, publicó documentos que incriminan a un reconocido neurobiólogo, al exponer una carta firmada por aquél el 10 de agosto de 1994. En  la misma,  solicitaba al Consejo para la Investigación del Tabaco la suma de 255 mil dólares para realizar diversos estudios entorno a los efectos de la nicotina. 

La manipulación ejercida por las tabacaleras en pos de obtener investigaciones sobre los supuestos efectos positivos de la nicotina, es de larga data y se proyecta hacia el futuro, tal como lo analiza Carballo:

“Un ejemplo reciente de acciones promocionales presentadas como de investigación es el desarrollo de productos que suponen ser “de riesgo reducido”. La industria alega tener la solución para una adicción que ella misma generó utilizando la “reducción de daños” como los cigarrillos electrónicos.”

Resulta más fácil convencer a las personas tomadoras de decisiones y al público en general, si la industria está asociada a instituciones prestigiosas. De este modo compran respeto y legitimidad. “Estos antecedentes exigen cautela frente a cualquier movimiento de esta industria”, reflexiona Juan Martín.

¿Qué dice la OMS de este escándalo? 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha pronunciado oficialmente al respecto, manifestando que las personas fumadoras tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19, en comparación a quienes no fuman. Esto, debido a que el coronavirus afecta principalmente nuestros pulmones, y el consumo de tabaco al afectar la función pulmonar, dificulta que nuestro organismo luche contra esta enfermedad. Además, el acto de fumar implica que las manos estén en permanente contacto con la boca, lo que aumenta la posibilidad de transmisión del virus.

En su pronunciamiento, también resaltó el hecho que el consumo de tabaco es un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades no transmisibles (ENT) tales como, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunas enfermedades respiratorias. En consecuencia, las personas que padecen ENT tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves en caso de contraer COVID-19. Finalmente, instó a médicos/as, investigadores/as y a integrantes de la comunidad científica a evitar difundir ideas que aún no están probadas.

¡Necesitamos la posta!

Siguiendo con la idea de que estamos en un contexto mundial de pandemia, el derecho a la información adquiere aún más importancia. Que las personas sean informadas y puedan, al mismo tiempo, solicitar información pública es un derecho humano fundamental tanto para el fortalecimiento del sistema democrático como para la efectivización de otros derechos humanos.

Que la ciudadanía esté informada ayuda a su empoderamiento y a la posibilidad de que pueda distinguir entre noticias verdaderas y falsas y, por lo tanto, pueda tomar las medidas adecuadas para el cuidado de su salud y su vida. Nuestra salud depende no solamente de la atención médica, sino también, del acceso a la información precisa y veraz sobre cuáles son los verdaderos riesgos a los que nos enfrentamos.

Es responsabilidad de los Estados garantizar el acceso a la información. La ciudadanía necesita que aborden esta situación para proteger el derecho a la salud y garantizar una sociedad democrática y transparente.

¿Y ahora qué sigue?

Parece ser que la industria del tabaco siempre va un paso más adelante y los medidas de los Estados son reaccionarias a estas estrategias de marketing y Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Sería interesante reflexionar: ¿Qué pueden hacer los gobiernos y las organizaciones internacionales para accionar, anticiparse y evidenciar estas interferencias indebidas?

Es muy importante mantener a la industria fuera de la política global y exponer sus verdaderos motivos. Juan Carballo nos explica: 

“…el artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) así como sus directrices establecen criterios claros para impedir que la industria participe de espacios de toma de decisión, buscando impedir que los intereses comerciales se sobrepongan al derecho a la salud. Desde esta perspectiva, ningún gobierno puede trabajar colaborativamente con la industria del tabaco. Incluso Argentina, a pesar de no haber ratificado el CMCT, debería orientarse por sus finalidades generales en tanto sí ha firmado este tratado, más allá que el trámite de ratificación continúa pendiente.”

Por esto, recomendamos que los Estados utilicen el CMCT para contrarrestar las tácticas de la industria del tabaco y mejorar las medidas de la salud pública durante la pandemia. Entre esas medidas Stopping Tobacco Organizations & Products (STOP) menciona en un documento algunas como:

  • Regular la denominada RSE de la industria tabacalera.
  • Incorporar el control del tabaco a las «nuevas normas» de los espacios públicos.
  • Incluir el control del tabaco en los planes de recuperación.
  • Tomar medidas fiscales y de precios.
  • Continuar con la exigencia del pago oportuno de impuestos (sin aplazamiento).
  • Monitorear el cumplimiento total de las restricciones/prohibiciones de publicidad, promoción y ventas.

La evidencia científica existente es suficiente para concientizar sobre los efectos de la nicotina y la mala combinación de fumar y tener COVID-19. La alianza de los Estados con la sociedad civil y el periodismo es fundamental para hacerle frente a las fake news que promueve la industria, y no permitir que la tabacaleras se posicionen como las heroínas de la pandemia. El contexto actual se presenta como una gran oportunidad para cerrar la brecha existente entre el CMCT y las políticas de salud pública de los Estados. Necesitamos proactividad e innovación para luchar a favor de un verdadero #FuturoSinHumo. 

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