La forma actual de producir alimentos ignora derechos humanos fundamentales – Parte I

El siglo XX trajo consigo cambios trascendentales en la práctica agrícola. Con la promesa de erradicar el hambre del mundo, la llamada “revolución verde” de los años ‘60 incorporó el uso de maquinarias, sistemas de riego, fertilizantes y pesticidas para el cultivo de ciertas variedades de cereales seleccionadas por su alto rendimiento. La productividad se multiplicó significativamente, aunque exigió fuertes inversiones de capital y un manejo empresarial muy alejado de aquel que caracterizaba a la agricultura tradicional. Así comienza la era de la agricultura industrial que se consolidará definitivamente de la mano de la “revolución biotecnológica”, puntualmente de los organismos genéticamente modificados. Esta reconfiguración resultó indudablemente en un espectacular crecimiento del rendimiento y producción de alimentos.

Esta serie de cambios implicó un cambio de paradigma. La disponibilidad y el uso de variedades locales adaptadas a la variabilidad natural de los agroecosistemas, se sustituyó por algunas pocas variedades de alto potencial de rendimiento. Todo esto, bajo la promesa teórica de alta productividad, en tanto y en cuanto el ambiente se adaptara a sus requerimientos. Si tal adaptación no ocurre, –como es frecuente- la provisión de nutrientes y pesticidas debe  realizarse de manera externa, es decir, por el productor. 

El nuevo paradigma se extendió también a cultivos intensivos, como la producción frutihortícola. Dicha producción se caracteriza por su alto grado de intensidad en cuanto a la utilización de los factores de producción tierra, trabajo, capital y tecnología. Históricamente las ciudades se han provisto de alimentos frescos producidos en sus inmediaciones, lo cual hizo surgir zonas con tradición hortícola cercanas a los cascos urbanos (como por ejemplo el caso del Barrio Chacras de la Merced en Córdoba Capital). 

Las áreas de cultivo de hortalizas por lo general son reducidas, pero producen cultivos de alto valor comercial y gastronómicamente apreciados. La forma de producción hortícola actual está basada en un modelo muy intensivo de insumos y energía, con un alto uso de pesticidas. En algunas regiones, como las aledañas a Mar del Plata, se ha relevado que más del 40% de los productores utilizan principios activos que pertenecen a clases toxicológicas de extremada o alta toxicidad. En ese contexto de intensificación productiva, algunos elementos como la contaminación de los alimentos y el ambiente deben ser tenidos en cuenta.

Contaminación en alimentos

A partir del año 2017 la problemática vinculada a la  presencia de agroquímicos en frutas y verduras fue visibilizada lamentablemente, luego de la muerte de una niña de 12 años en la localidad correntina de Mburucuyá por consumir una mandarina contaminada con furadán, un pesticida prohibido en el país según el organismo competente para ello (SENASA). A partir de allí se han sucedido denuncias vinculadas a tal problemática en los mercados centrales de Buenos Aires, de Rosario, y de Río IV, por mencionar tan solo algunos ejemplos. 

Más aún, en ese mismo año, la ONG Naturaleza de Derechos interpuso una acción de amparo contra el SENASA por mora de la administración, dado que se abstuvo de brindar la información requerida sobre la inocuidad alimentaria de las frutas, hortalizas y verduras que se comercializan en los Mercados de Abasto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata y General Pueyrredón, en lo relativo a agroquímicos. Así, el SENASA se vió obligado a publicar estadísticas sobre los análisis realizados en estos mercados de abasto, de los cuales surgió que  al menos un 65% de las frutas y verduras que se expenden en estos mercados tienen restos de agroquímicos. Los datos salidos a la luz resultan preocupantes y dan cuenta de la gravedad de la situación. En efecto, según las cifras publicadas, se hallaron agroquímicos en 13 de las 14 muestras de apio, en el 98% de las peras registradas, 94% de los limones, 91% de las mandarinas, 83% de las naranjas, 70% de las verduras de hoja verde, entre otros.

Un dato no menor, es que en las muestras tomadas no se evaluó la presencia de glifosato, atrazina y paraquat, los agrotóxicos más utilizados en Argentina. Sin embargo, se encontraron sustancias cuya aplicación se encuentra prohibida, como DDT, endosulfán, metil azinfos y metamidofos, y otras cuatro que no se encuentran autorizadas: diazinon, aldicarb, acrinatrina y hexaconazole. Esto demuestra que a las claras el conocimiento por parte del Estado de la presencia de agroquímicos en los alimentos de consumo básico, a la vez que pone a la vista la manifiesta intención de ocultar tal situación, a más, de no relevar aquellos productos fitosanitarios que aún cuando permitidos en su aplicación resultan nocivos para la salud de la población, sin siquiera evaluar los efectos crónicos que ello implica.

Similares resultados fueron arrojados a partir de una acción de amparo presentada en agosto de 2018 por el abogado ambientalista Enrique Augusto Zárate ante la Justicia Federal de Rosario. En este caso, la justicia ordenó al SENASA que realice al menos seis inspecciones y veinticuatro monitoreos anuales en las frutas, verduras y hortalizas que son transportadas entre distintas jurisdicciones y que se comercializan en la ciudad de Rosario. Asimismo, el tribunal ordenó a dicho organismo que realice la publicación los resultados de las inspecciones a los fines hacerlas accesible la ciudadanía en general, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública Nacional N° 27.275. 

La acción de amparo, y la consecuente resolución judicial, se sustentaron en un dictamen pericial de análisis de residuos de plaguicidas por cromatografía líquida, sobre muestras de frutas y verduras tomadas del Mercado de Concentración de Fisherton y del Mercado de Productores de Rosario. El estudio realizado arrojó como resultado la presencia de contaminantes fitosanitarios por encima de los límites de tolerancia en pepinos, berenjenas, zanahorias, apio fresco, lechuga, manzana as, rúcula, y espinaca.

En el ámbito local

En la ciudad de Córdoba, los controles sobre la fruta y verdura que se comercializa en el mercado de abasto son realizados por el Laboratorio Bromatológico dependiente de la Dirección de Calidad Alimentaria de la Municipalidad de Córdoba. Los tipos de análisis que se realizan, qué contaminantes son los que se buscan, así como los informes de resultados, no son accesibles al público general. 

No obstante ello, contamos con algunos antecedentes que dan cuenta de la presencia de la problemática en la ciudad de Córdoba Capital. Por ejemplo, en el año 2009, el Dr. Ricardo Fernández, Médico pediatra toxicólogo clínico y Jefe de Toxicología del Hospital Infantil de Córdoba, y el Biólogo Federico Kopta, con la colaboración especial del Ing. Agr. Daniel Igarzábal, realizaron un informe sobre los plaguicidas usados más frecuentemente en la provincia de Córdoba, en el que resaltaba la necesidad de controlar los residuos de dichas sustancias en las frutas y verduras expedidas en la Ciudad de Córdoba. El informe abordaba las implicancias de los residuos de plaguicidas en la salud humana, proponía que la Municipalidad promulgue una ordenanza para asegurar su control en el tiempo y los recursos presupuestarios necesarios. De igual manera, proponía el control de estas sustancias usando en una primera etapa los recursos técnicos y humanos que el mismo municipio poseía. 

También señalaba la necesidad de que la Municipalidad cuente con un programa educativo y formativo dirigido a los productores hortícolas de su área de influencia. Operativamente, el informe brindaba una nómina de los 44 plaguicidas más usados para ser monitoreados en controles de rutina, a fin de ajustar la búsqueda a los productos que se utilicen. Finalmente, el informe aportaba para cada plaguicida más usado, la concentración máxima permitida para cada producto frutihortícola, según la normativa vigente del SENASA (Res. 256/2003). 

Con base en dicho informe, el Fiscal de la justicia Provincial, Carlos Matheu, comenzó una investigación penal de oficio y en febrero de 2009, tomó 19 muestras de frutas y verduras en el Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba Capital, de las cuales 9 dieron valores por encima de lo permitido o plaguicidas no permitidos para los productos analizados. En función de tales resultados, dispuso la imputación de tres “quinteros” (acusados de envenenamiento), de dos funcionarios del SENASA, del Director de Ferias y Mercados municipal, y al por entonces intendente, Daniel Giacomino. 

En febrero de 2010, debido a la permanencia de la falta de controles, el referido Fiscal volvió a actuar de oficio, tomando muestras en el mismo mercado, y con los resultados obtenidos nuevamente resolvió imputar a tres quinteros, dos funcionarios del SENASA, al Director de Ferias y Mercados municipal, y al intendente Daniel Giacomino. Finalmente, el municipio comenzó los muestreos de frutas y verduras para el control de residuos de plaguicidas el 23 de febrero de 2010. Hacia septiembre de 2010, la Municipalidad había realizado análisis a 107 muestras, de las cuales 22 dieron resultados positivos. Ya en septiembre de 2010, el mencionado Fiscal actuó por tercera vez de oficio, imputando a varios quinteros. De las tres investigaciones penales iniciadas por la Fiscalía, la primera y la segunda terminaron con el sobreseimiento de los funcionarios, no así de los quinteros, resultando la tercera en una clausura por elevación a juicio. En este sentido, la responsabilidad parece recaer únicamente sobre quienes llevan a cabo las malas prácticas de producción, sin consecuencias reales para el Estado y sus funcionarios, quienes deben garantizar, en última instancia, los controles para que los alimentos que llegan al mercado sean inocuos y aptos para el consumo humano.

Por otro lado, en una investigación llevada a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba, publicada en 2017 con muestras de verduras de hoja (acelga, lechuga y espinaca) tomadas del Cinturón Verde de Córdoba (CVC) entre los años 2010 y 2013 se determinó la presencia de residuos en el 22,51% de los casos analizados. Se detectaron plaguicidas organoclorados (endosulfán y clorotalonil), plaguicidas organofosforados (etil-clorpirifos, dimetoato, malatión y metamidofos), y sustancias piretroides (bifentrina, cipermetrina y deltametina). Asimismo, se identificó la presencia de etil-clorpirifos en todos los tipos del agua riego del CVC en el año 2013 y de cipermetrina y endosulfán en el límite de detección en el agua de riego en el año 2012. Se identificó, además, una correlación física entre la aparición del residuo etil-clorpirifos hacia finales de 2012 en verdura liviana y su detección en todos los canales de riego en 2013, por lo que se propone que el análisis de estos cursos de agua podría representar un indicador indirecto de las prácticas agrícolas que se realizan en la zona. Entre las conclusiones de la investigación, se cita que se detectó que los Límites Máximos Residuales (LMR) seguidos por Argentina son incompletos para las verduras y contaminantes estudiados, y que debería establecerse un criterio de referencia público hasta tanto se completen las bases de datos.

Pensar en un modelo sustentable y respetuoso de los derechos fundamentales

Estamos frente a un paradigma dominante de producción de alimentos que es dependiente del uso intensivo de pesticidas y fertilizantes, productos que llevan a bien documentados daños ambientales y en la salud de las personas. El Estado se demuestra a sí mismo incapaz de llevar adelante los controles necesarios para garantizar derechos fundamentales, como el derecho al acceso a alimentos seguros y un ambiente sano.

En este punto, y aunque haya nacido con nobles propósitos, es necesario cuestionar este modelo. Luego de más de medio siglo de vigencia, es innegable que se produjo un espectacular crecimiento de la producción de alimentos, pero la promesa de terminar con el hambre se ve aún muy lejana, entonces producimos alimentos ¿para quién?, ¿para quiénes?, ¿o para qué? . Sin mencionar las crisis ambiental, social y económica que el modelo acarrea. 

Existen, sin embargo, otras maneras de ver la producción de alimentos, otros paradigmas que se asientan sobre una relación más equilibrada entre los agroecosistemas y el entorno donde se desarrollan. Tal vez sea hora de plantear seriamente un nuevo cambio de paradigma basado en la sustentabilidad, la posibilidad de elegir a la hora de consumir alimentos y en la no vulneración de derechos y calidad de vida -de algunos- por réditos económicos.