Jóvenes en las trincheras: con la ESI no se metan

«Si van a decir que los jóvenes somos el futuro, nos tienen que otorgar un lugar en el presente»

Ofelia Fernández

Las constantes violaciones e incumplimientos de la ley de Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos, nos tiene que llevar inevitablemente a discutir y detectar quiénes y cómo se obstaculizan los  derechos, para atacar el problema mediante políticas públicas. Entender por qué es necesaria una nueva agenda de salud sexual y reproductiva que ponga el foco en les jóvenes es entonces un paso esencial en la lucha contra los discursos conservadores y adultocéntricos.

Luego del rechazo en el Senado de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el año 2018, parecía ser que más allá de la división social entre antiderechos y activistas por el derecho a decidir, había un consenso mínimo y básico indiscutible: que en Argentina se debía trabajar para mejorar la Educación Sexual Integral.

Sin embargo, esta sensación de acuerdo social duró poco y se diluyó rápido: el debate sobre la ESI se polarizó cada vez más y se comenzaron a escuchar discursos que esconden paradigmas que atrasan, niegan y violan derechos. Desarmarlos y pensar en políticas públicas que ataquen sus ejes se hace necesario para garantizar los derechos humanos más básicos

“Con mis hijos no te metas”, se convirtió en una consigna con cada vez más peso desde el año 2018. Afuera de los colegios los grupos de padres juntaban firmas para que en las escuelas sus hijes no sean “adoctrinados” en “ideología de género”, por considerarla  peligrosa para los valores, la familia y las tradiciones. Mientras tanto, en los grupos de whatsapp, las fake news comenzaron a circular sin reparo, aumentando el odio y la discriminación de todo de lo que se aleje de la heternormatividad y del conservadurismo social, religioso y cultural.

El desafío está justamente en comprender que este círculo vicioso de discursos de ignorancia, violencia y rechazo hacia la ESI, no termina teniendo por víctimas a sus defensores y precursores, sino a  niños, niñas y adolescentes, quienes ven negado el acceso a herramientas defensoras de sus derechos y a una educación para una vida sin violencias.

Abran paso

Entonces, ¿cómo se entiende el avasallamiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes por parte de sus propios padres y madres?, ¿qué rol juegan les adultes en la obstaculización de la ESI? La respuesta a esto se encuentra en el adultocentrismo, el cual puede ser definido como un complejo entramado de saberes, normas y prácticas que  excluyen y desvalorizan todo aquello relacionado con la juventud y proclaman la dominación de la adultez como modelo de conocimiento legítimo y hegemónico.

Las implicancias de las creencias y prácticas adultocéntricas son varias. Una de las más importantes se deriva de la creencia de que les hijes son propiedad de los padres y madres. Cussianovich explica que esta es una convicción muy arraigada en el imaginario social, tan así que el impacto sobre el ámbito familiar es decisivo, ya que deriva en una jerarquización intrafamiliar que excluye a niños y niñas de todo tipo de decisión sobre sus vidas. 

Otro enfoque para comprender cómo funciona el adultocentrismo es, según Cussiánovich, el de la privatización de la infancia. El autor se refiere a este fenómeno como la negación de la participación activa de les niñes: les adultes les niegan el reconocimiento como actores individuales y colectivos relegándolos al ámbito de lo privado y quitándoles las herramientas para salir a lo público a reclamar por sus derechos y tomar decisiones que definan sus vidas. 

Las juventudes son representadas  entonces como inseguras de sí mismas, como personas en transición e incompletas, como no productivas y desinteresadas o sin deseo; como desviadas, como peligrosas, como rebeldes y revolucionarias, como personas sin futuro. Como incapaces de comprender qué es la sexualidad, como personas que hay que proteger de contenido sexual, como personas que si acceden a información sobre educación sexual, se desvirtúan y corrompen. En fin, como individuos necesariamente dependientes de la voluntad de los adultos que al contrario de ellos, sí saben lo que es mejor para su vida sexual.

De todo esto se deriva que ni las políticas públicas ni las agendas de salud contemplan las necesidades y derechos de les jóvenes, por lo cual se necesita un nuevo abordaje de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, para abandonar el enfoque de riesgo desde el cual se trabaja la sexualidad. La clave está entonces en no concebirlos como sujetos/as pasivos/as, receptores de estrategias de prevención o problemas a resolver, sino optar por un enfoque de derechos humanos con activa participación de les jóvenes.

Les jóvenes deciden, el Estado garantiza y les adultes se callan

¿Qué es entonces un enfoque de derechos humanos? Es aquel que propone que las políticas públicas estén atravesadas por principios de derecho, garantizados en tratados y convenciones internacionales, y supone que son sujetos , es decir, mucho más que simples beneficiarios de políticas asistencialistas del Estado son personas autónomas, activas y partícipes de las demandas y exigencias para el cumplimiento de sus derechos.

En este sentido, implementar la Ley de Educación Sexual Integral desde un enfoque de derechos humanos, implica incorporar como principio rector de la misma el interés superior del niñe contemplado en la Convención por los Derechos del Niño. Según este, la autonomía y participación de les jóvenes son medulares en todo lo que hace al acceso y ampliación de sus derechos, ya que la voz y opinión de elles no son decorativas ni menos que otras voces. 

Les adultes no se deben posicionar en un pedestal de superioridad y escuchar con condescendencia lo que las juventudes  tengan para decir con respecto a su sexualidad, ya que los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos no son ningún tipo de concesión ni de favor que se les hace a les jóvenes. Son derechos humanos inherentes a su persona y exigibles, que les otorgan a los niños, niñas y adolescentes un campo amplio de autonomía y participación para constituirse en actores sociales y sujetos activos de sus derechos y demandas. 

Desde el año 2015, con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se incorporaron significativas modificaciones en materia de capacidad para que la normativa esté acorde a los tratados internacionales del bloque constitucional. En este sentido,  se sumó el concepto de  capacidad progresiva, ampliando los ámbitos y esfera de decisión de las juventudes sobre sus propias vidas. Es decir, los derechos y las garantías están, nuestro código así lo contempla y les adultes deberían respetarlo.

Con la ESI no te metas

El derecho de los niños, niñas y adolescentes a la salud sexual y reproductiva no es disponible por parte de les adultes a su antojo y capricho, por lo cual,  las políticas públicas deben eliminar de una vez por todas los filtros de edad que condicionan un acceso pleno a la educación sexual integral, conforme los principios de la capacidad progresiva. Necesitamos una agenda de salud sexual y reproductiva que eleve los pisos de participación de les jóvenes para que puedan hacer valer sus derechos, constituyéndose en protagonistas y partícipes de sus demandas, inquietudes y necesidades, para que la toma decisiones y acceso a derechos sean autónomos e informados.

No quedan dudas, entonces, de que por más que las juventudes sean subestimadas y estigmatizadas por parte de les adultes, el protagonismo y la participación activa de estas en la vida social y política son indiscutibles. Sin duda  son  les jóvenes quienes vienen marcando la agenda pública e impulsando con fuerza movimientos sociales por la ampliación de derechos: en Chile, lo que comenzó siendo una manifestación juvenil por el aumento del pasaje de metro dio lugar a revueltas masivas que un año más tarde, derivaron en un plebiscito favorable a la sanción de una nueva constitución. 

En Argentina, desde el año 2018 les jóvenes movilizan las escuelas, centros de estudiantes, convocan masivamente a marchas y hasta exponen sus argumentos en el Congreso de la Nación a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y de la ampliación de derechos. 

Es hora de que se reconozca a les jóvenes como actores vitales para el funcionamiento de la democracia, por lo cual, negarles la voz y la opinión significa un avasallamiento directo a su derecho de participar y de constituirse en sujetos activos de sus demandas.

El reto no es entonces solamente político, sino también cultural: las políticas públicas que aborden la salud sexual y reproductiva de les jóvenes además de adoptar un enfoque de derechos humanos requieren de un discurso social que las acompañe. A las juventudes no les hace falta ser “empoderadas” ni necesitan de la condescendencia adulta, ellas son las únicas protagonistas de sus proyectos de vida, saben qué quieren y cómo desean vivir su sexualidad, lo único que necesitan es que les adultes, de una vez por todas, con ellas y con la ESI, no se metan.