El proyecto de gasoductos troncales en la provincia de Córdoba constituye una de las obras de infraestructura más importantes y emblemáticas de los últimos tiempos para la población. Esta obra se destaca no sólo por su envergadura (cerca de 2.300 kilómetros de gasoductos) y potenciales beneficios (más de 680 mil habitantes, 4.000 comercios e industrias y 150 localidades cordobesas involucradas), sino también por la complejidad institucional del proyecto (intervienen tanto el nivel nacional de gobierno como el provincial y los municipales). Asimismo, suma a su complejidad el involucramiento en diferentes etapas de importantes actores de la esfera regional e internacional (principalmente bancos de desarrollo y empresas chinas y brasileñas).
Sin embargo, y a pesar de haber sido considerado como una obra emblemática y prioritaria para las últimas administraciones provinciales, el proyecto de gasoductos troncales ha sido objeto de varios vaivenes y demoras desde el momento mismo de su concepción. Desde el año 2008, momento en que se gestó y puso en marcha, la participación de las empresas y agentes extranjeros resultó errática y rodeada de polémicas. Cabe recordar, por ejemplo, la caída del financiamiento del BNDES en un primer momento como resultado, según fuentes oficiales del gobierno provincial, de la imposibilidad de contar con el respectivo aval del gobierno nacional kirchnerista. Más recientemente, sorprendió, y todavía sin aclaraciones precisas, la caída del financiamiento de bancos chinos, aun cuando el gobernador Juan Schiaretti había apostado fuertemente a las inversiones chinas para sustentar su plan de obras.
Estos contratiempos, que han llevado a re-licitar y actualizar el proyecto en diversas ocasiones, han provocado que, hoy, habiendo transcurrido casi 10 diez años desde que el proyecto se pusiera en marcha, solo hayan iniciado las obras en algunos tramos. En esa línea, el presupuesto de la obra aumentó de unos iniciales 1.300 millones a los actuales 12.500 millones de pesos, según fuentes periodísticas. En adición, actualmente encontramos a los gasoductos troncales envueltos en las suspicacias y denuncias de corrupción contra la constructora brasileña Odebrecht, en el marco del proceso Lava Jato que ha derivado en una profunda crisis política en el país vecino. Esta empresa, cuyo expresidente Norberto Odebrecht ha sido condenado a 19 años de prisión por delitos de corrupción y lavado de dinero, es actualmente la protagonista de uno de los escándalos de corrupción más resonantes en América Latina. Este escándalo le ha valido ser investigada en numerosos países de la región e incluso ser expulsada de países como Perú y Ecuador.
El reconocimiento por parte de la empresa del pago de sobornos en relación con diferentes proyectos de infraestructura en numerosos países de Latinoamérica y África, incluyendo a la Argentina; posó la atención directamente sobre la provincia de Córdoba. La compañía se involucró con el proyecto de gasoductos desde 2016, año en que le fueron adjudicados seis de los sistemas troncales que contemplaba el proyecto. A la posterior caída del financiamiento chino, cuyos motivos nunca fueron del todo esclarecidos por el gobierno provincial, se sumaron las intrigas y suspicacias sobre la posibilidad de que la empresa haya pagado sobornos en relación con el proyecto, tal como la misma empresa reconoció haber realizado para otros proyectos en Argentina. A fin de cuentas, muchos se preguntan: ¿si lo hizo para otros proyectos en el país, por qué no habría de hacerlo en Córdoba? A pesar de ello, el gobierno de Mauricio Macri dejó a los gasoductos troncales fuera de la revisión que decidió llevar adelante sobre las obras en las que participa la empresa en el país a fines de identificar posibles casos de corrupción. Nunca hubo una explicación formal sobre los motivos de esta exclusión. Actualmente, a través de la Resolución 387-E/2017 del Ministerio de Energía se creó un equipo de trabajo que tendrá como objetivo revisar el contrato que celebraron la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) y Odebrecht para ampliar la capacidad de transporte firme de gas entre los años 2006 y 2008.
La constructora inició las obras a mediados de 2016 en los seis tramos que tiene adjudicados, algunos de los cuales cuentan actualmente con un avance de obra que supera el 30%. Al inaugurar los trabajos, el gobernador Juan Schiaretti fue tajante al afirmar que nadie parará la obra y al deslindar a la compañía de cualquier acusación o denuncia por corrupción en sus operaciones en la provincia. Así, dejó de lado muchas voces, tanto desde la oposición como desde la prensa y desde la sociedad civil, que reclamaban que se investigara en profundidad el caso. En ese sentido, la posición del gobernador ha sido clara y ha buscado no dejar lugar a dudas. Más bien, no deja lugar a que nadie cuestione o se interese por conocer en mayor profundidad los detalles que rodean la realización de esta obra fundamental para la provincia.
Volviendo a momentos previos a que el escándalo con Odebrecht se desatara, cabe resaltar también que las instancias de participación ciudadana, previstas por ley, tampoco han sido consecuentes con el tamaño y la envergadura del proyecto. Si bien el proyecto ya está en marcha, no existe información certera acerca de si se han realizado las correspondientes audiencias públicas que deben realizarse de manera obligatoria para este tipo de proyectos. Los estudios de impacto ambiental correspondientes a los tramos en que se ha dividido la obra y que son requeridos por la ley provincial N° 10.208, aún no están publicados en su totalidad (sólo está disponible uno de ellos). Sumado a esto, la presentación de diversas solicitudes de información realizadas por FUNDEPS en 2015 y 2016, tanto al poder ejecutivo nacional como al provincial, no ha sido correspondida con sus respectivas respuestas. Ni hablar del hecho de que la mayoría de los municipios y localidades de la provincia de Córdoba involucrados en esta obra, difícilmente cuenten con información certera y fidedigna respecto a la obra. Entre los detalles no precisados se encuentra, por ejemplo, la duda respecto a cómo se hará efectiva la bajada del gas desde los ductos troncales a las redes domiciliarias y hogares de estas localidades.
Hacia finales de 2017, esta obra sigue dando que hablar. Legisladores de la oposición viajaron a Brasil para entrevistarse con los fiscales que llevan adelante la causa Lava Jato, pero aún no se han tenido novedades de lo investigado. La legisladora Montero y los legisladores Quinteros y García Elorrio sostienen que, de acuerdo con lo que figura en la famosa «Lista Youssef» (un listado con más de 750 obras que habrían sido adjudicadas mediante el pago de sobornos en los cinco continentes), los gasoductos de Córdoba están mencionados al menos en tres oportunidades y con un monto de «propuesta» de unos 36 millones de dólares. De acuerdo con diferentes fuentes periodísticas, la obra tiene hoy un costo estimado de 12.500 millones de pesos.
A pesar de las reiteradas denuncias por este tema y la información que aún no se comparte respecto de los gastos y las licitaciones; las obras siguen avanzando día a día. A finales del mes de octubre el gobernador de la Provincia de Córdoba inauguró el tramo de gasoductos de la zona sur de la provincia, que beneficiará aproximadamente a 24.000 habitantes y pueden apreciarse obras en ejecución en diferentes barrios de la capital cordobesa.
Las obras de infraestructura de grandes magnitudes se convierten en escenarios para la problematización de cuestiones como la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la participación ciudadana. El espíritu de una política pública se ancla necesariamente al bienestar común y en este sentido, los grandes proyectos de infraestructura se llevan adelante con recursos de carácter público. Se hace ineludible entonces, pensar en que la ciudadanía debe necesariamente tener un rol activo (o cuanto menos estar presente) en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de éstos. Más aún cuando la política o proyecto en cuestión tendrá impactos a gran escala, como es el caso de los gasoductos.
Nos queda por decir entonces que este proyecto, siendo una de las obras más relevantes y de mayor envergadura en las cuales se ha embarcado la provincia, no cumple adecuadamente con los principios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y participación ciudadana. Los constantes vaivenes y contramarchas que pospusieron y encarecieron el inicio de la obra y el manto de dudas con el que se ha cubierto al proyecto, así como la ausencia de respuestas adecuadas por parte del gobierno a los reclamos generalizados por mayor transparencia y rendición de cuentas, lejos de facilitar y ampliar procesos de participación, cierra las fronteras Estado y lo aleja de la sociedad.
