El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es una jornada de lucha y reivindicación de nuestros derechos, en donde también se visibilizan todas las formas que existen de violencia de género. ¿Qué sucede con las violencias que menos se ven?
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres tiene como punto central visibilizar las luchas de los movimientos en el reconocimiento de derechos de las mujeres y particularmente el derecho a vivir una vida libre de violencias.
A la comunidad internacional, a la historia y a la sociedad toda, le llevó algunos años entender que las mujeres somos sujetos de derecho, que nuestros derechos son derechos humanos y que la discriminación por razones de género es violencia. Aún así, luego de décadas de luchas de los movimientos feministas y declaraciones internacionales y regionales sobre los derechos de las mujeres, la desigualdad y las violencias continúan atravesando las vidas de miles de mujeres y niñas.
En particular, en los últimos años, los movimientos feministas han echado luz sobre algunos tipos de violencia aún invisibilizados. Uno de ellos, es la violencia económica y patrimonial. Esta violencia es la que produce un grave daño en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres. Y puede darse en las relaciones de familia, en el trabajo, en la participación en la economía, la distribución de las tareas domésticas y de cuidado, en el acceso a bienes y servicios, la educación financiera y muchas otras. Todos estos mecanismos y barreras económicas, sociales, culturales y hasta judiciales que provocan que muchas mujeres e identidades feminizadas se encuentren expuestas al empobrecimiento de su calidad de vida es lo que se conoce como feminización de la pobreza.
Violencia económica y patrimonial: ¿De qué se trata?
La violencia económica y patrimonial incide en los trayectos vitales de las mujeres e identidades feminizadas que tienen mayores dificultades en los accesos a recursos económicos, a la titularidad de bienes, al mercado laboral, a los liderazgos económicos y la dirección de empresas frente a los varones.
Un limitante son las tareas domésticas y de cuidado que generan una sobrecarga para las mujeres e impiden el equilibrio entre las tareas remuneradas y no remuneradas. Este fue el tema central de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevó adelante en Buenos Aires del 7 al 11 de noviembre. El Compromiso de Buenos Aires hace un llamado a transitar hacia un nuevo estilo de desarrollo que priorice la sostenibilidad de la vida y del planeta y reconozca que los cuidados son parte de los derechos humanos. Asimismo, reconoce que la injusta distribución del uso del tiempo y la actual organización social de los cuidados afectan de manera desproporcionada a las mujeres. En este sentido, aún no se trató en el Congreso el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en mayo de este año, llamado “Cuidar en igualdad” que propone la creación de un sistema integral de cuidados con perspectiva de género.
Otro limitante es el peregrinar de las mujeres en la justicia al reclamar el pago de la cuota alimentaria para sus hijes a los padres varones incumplidores. Se encuentra fuera de discusión que la falta de pago de la cuota alimentaria es violencia económica contra la mujer madre y sus hijes. Ya son conocidas las noticias en los medios de “se prohíbe a un hombre salir del país hasta que no pague la cuota alimentaria” o “no podrá ir a la cancha hasta que no pague la cuota” y otras medidas que los juzgados especializados en familia toman para amedrentar a deudores alimentarios a cumplir con sus obligaciones. Quizás estas medidas suenan novedosas, pero tienen como contrapartida el trayecto que las mujeres tienen que atravesar para obtener resoluciones judiciales que se suman a las tareas exclusivas de cuidado en sus hogares. Esa conjunción sólo genera más carga mental e insume tiempo, lo que termina en un detrimento de la autonomía económica y la libertad. No solo es difícil iniciar el proceso judicial para fijar una cuota, sino que también hay obstáculos a la hora de ejecutar los pagos, en muchos casos, por maniobras evasivas de los progenitores, como la desafectación de sus bienes o de sus trabajos registrados.
Recientemente, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que crea un registro nacional de deudores alimentarios. Este tipo de registros ya existen hace varios años en el orden provincial y poco ha mejorado el cumplimiento de la obligación, ya que se presenta como la respuesta final a todo el proceso: luego de fijada la cuota, y a partir de una cierta cantidad de incumplimientos, se procede con el registro. Si bien es un paso adelante y pone el problema en agenda, no es suficiente. Esta violencia continuará creciendo si no pensamos y exigimos una reforma judicial feminsta que ponga en el centro de la discusión el real acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia. Además de exigir a la justicia el dictado de resoluciones con perspectiva de género y de derechos humanos, es necesario que el Estado controle el correcto funcionamiento de estos registros y que cumpla con sus objetivos. De poco sirve tener normativas y crear registros para obligar a padres varones a cumplir con las obligaciones alimentarias si no tiene consecuencias prácticas.
La feminización de la pobreza también tiene su reflejo en la violencia patrimonial. La Resolución 2003/22 de la Comisión de Derechos Humanos señaló que es grave el impacto de la discriminación y la violencia sobre la igualdad de las mujeres en lo que hace a la propiedad, acceso y control de la tierra y a la igualdad de derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada. Lo dicen los números, hay una distribución desigual en la titularidad de bienes según el género.
Los debates feministas llevaron estas discusiones, por ejemplo, a la redacción del Código Civil y Comercial, sancionado en 2015. Se logró cristalizar cómo las relaciones de familia heteronormadas, generalmente, perpetúan los roles tradicionales de distribución de roles: varón proveedor, mujer cuidadora. Por eso, se introdujeron figuras como la compensación económica con una clara mirada de género para compensar los desequilibrios económicos luego de la ruptura de un matrimonio o de una unión convivencial. La situación típica es la de un varón que logra desarrollar su carrera profesional en detrimento de la de una mujer que ha postergado su desarrollo individual y profesional por asumir las cargas del orden familiar o cuidado de les hijes.
La desigualdad en cifras
A nivel internacional, el Foro Económico Mundial, en su Índice Global de Brecha de Género 2022, posicionó a Argentina en el puesto número 33. Sin embargo, particularmente en el índice de participación económica y oportunidades, estamos en el puesto 102, uno menos que en el 2021. Este dato nos coloca muy bajo en la lista de 146 países.
Ello no es casual: el último informe del INDEC sobre la evolución de la distribución del ingreso indica que la brecha de género del promedio del ingreso de la ocupación principal en el segundo trimestre de este año es de 27,7%. Gráficamente, en promedio, las mujeres tuvieron un ingreso de $54.830 frente a los $75.801 de los varones. En los datos definitivos de la Encuesta Nacional del Uso del tiempo 2021, el 91,7 % de las mujeres realiza trabajos no remunerados con una dedicación de 6:31 horas frente al 75,1% de los varones con 3:41 horas. Respecto del trabajo en la ocupación, el 37,7 % de las mujeres lo realiza frente al 55,9 % de los varones.
En el ámbito de las relaciones familiares, por ejemplo, la Recomendación General N.° 19 del Comité de la CEDAW destacó que la falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. En esa línea, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su informe estadístico del segundo trimestre del 2022 indicó que en relación a las denuncias de violencia, el 78% de las personas afectadas eran mujeres y niñas, nada novedoso. Ahora, entre las personas afectadas a partir de 14 años de edad, 28% es inactiva (9% es jubilada o pensionada; 9% realiza tareas de cuidado por las que no percibe remuneración (ama de casa) y, 10% tiene otra situación). La violencia económica y patrimonial estuvo presente en el 27% de las denuncias.
Existen otros datos interesantes relacionados con los liderazgos de las mujeres en las micro, pequeñas o medianas empresas (Mipymes). Una investigación del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación registró que en el año 2020 el 33% de las mipymes que operaron en la Argentina –unas 180.000 – contaron con mujeres en sus espacios de liderazgo.
En un informe realizado este año por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y el Banco Central de la República Argentina sobre el crédito, se demostró que en la Argentina el sistema financiero presenta brechas de género en el acceso y el uso del crédito. De acuerdo con un análisis de las estadísticas, solo el 44,4% de las mujeres adultas se financia a través de crédito formal. A su vez, que se financian por montos 32,3% menores que los hombres.
Por último, se han observado brechas de género también a nivel patrimonial. En el informe de septiembre 2020, elaborado por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), se concluyó que, desde un análisis del impuesto a los bienes personales, del 100% de las personas alcanzadas por el impuesto, el 34% corresponde a las mujeres y el 66% a los varones. Se evidencia una clara distribución asimétrica en la distribución de la titularidad de los patrimonios según el género.
Visibilizar y disputar es la tarea
La vulnerabilidad económica y patrimonial que muestran estas cifras dejan en evidencia uno de los principales indicadores de desigualdad de género, y constituye un tipo específico de violencia. Podemos hablar de empoderamiento y autonomía de las mujeres e identidades feminizadas a través de la prevención y erradicación de las violencias, pero ello no se logra sin su visibilización específica, sin sistemas integrales de cuidados, sin un análisis interseccional y sin la participación de mujeres feministas en las decisiones sobre políticas públicas.
Los modelos de mujer empoderada, con acceso a recursos y en espacios de poder pueden ser una trampa, el caballo de troya. Detrás se esconden los mandatos de buena mujer, buena madre, sumisa, la de los buenos modos y la falsa igualdad de condiciones con los varones. Entonces, en un mundo pensado por y para varones blancos en sociedades capitalistas neoliberales, coloniales y heteropatriarcales ¿qué lugar tienen las mujeres e identidades feminizadas? Quizás la de continuar perpetuando roles, entregando sus existencias en la reproducción social y la invisibilización en el sostén de la economía. Los datos que se generan, las brechas económicas de género que se nombran, las desigualdades que salen a la luz, de nada sirven si tampoco discutimos las formas de producción y la reproducción de la sociedad.
Es necesario que desde los movimientos feministas continuemos discutiendo y disputando respuestas colectivas y alternativas y salgamos un año más a las calles a reclamar nuestro derecho humano básico a vivir una vida sin violencia, incluso de aquellas que son menos visibles.
