En los últimos días, las dificultades que afrontan les profesionales que trabajan con personas con discapacidad se hicieron sentir en las calles. Las constantes irregularidades son el centro de un reclamo que no solo afecta a quienes prestan servicios, sino también a quienes tenemos una discapacidad. Frente a una problemática compleja, es preciso conocer qué es la discapacidad y cómo se transita, para luego poder comprender de qué manera se articula la vulneración de derechos y obligaciones.
Hablar de discapacidad es adentrarse en un trasfondo de historias y realidades tan complejas y variadas como personas con discapacidad existen. Hablamos de una interseccionalidad que apunta a un conjunto de colectivos – cada uno con su propia identidad e idiosincrasia – que se nuclean dentro de un colectivo aún mayor que es el de personas con discapacidad.
Como primera distinción, el cómo se transita una discapacidad depende en gran medida de si la misma está presente desde el nacimiento o la primera infancia, o si por el contrario es adquirida en la adolescencia o adultez. Para las personas que somos pacientes pediátricas, el proceso es más lineal, aprendemos lo que es una discapacidad, nuestra propia condición y limitaciones a medida que crecemos; es algo que evoluciona con nosotres desde el momento cero. Por el contrario, cuando hablamos de discapacidades adquiridas en etapas posteriores se da todo un proceso de redefinición de la identidad; existe un volver a aprender a ser y hacer en torno a un cambio de circunstancias.
Además, una segunda distinción puede hacerse en torno a los tipos de discapacidad. En este punto, se entiende la formación de agrupaciones y colectivos – al interior del colectivo de personas con discapacidad – en vistas a la similitud de experiencias vividas en torno a las patologías y condiciones específicas. Se crea un sentido de pertenencia alrededor del compartir la cotidianeidad.
Independientemente del transitar individual, también existe un transitar colectivo que llega al momento de hacer comunidad en vistas a que nuestras voces sean oídas y nuestras necesidades tomadas en cuenta – como origen y destinatarios – al momento de plantear políticas públicas; siguiendo el lema impulsado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: “nada de nosotros sin nosotros”.
Ahora bien, no es extraño que al existir leyes concretas (Ley 22431, Ley 24901, Ley 25504, Ley 26378) en torno a la discapacidad, en el ideario colectivo se tienda a pensar que este es un terreno conquistado en términos de derechos. Sin embargo, al hablar con personas que tenemos discapacidad lo primero que queda en evidencia es que el tópico recurrente es la vulneración de los mismos.
La conquista de derechos no fue fácil
Si tuviésemos que hacer un breve recorrido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no solo generó un gran impacto en tanto instaura una definición que entiende la discapacidad como un constructo social, sino que además da marco a la legislación vigente en nuestro país. La convención define a la discapacidad como:
“Concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”. (Prólogo, apartado e)
Al adoptarse el término personas con discapacidad se nos dio una entidad legal que nos hace sujetos de derecho. Dentro de nuestro marco legislativo, es la Ley 24901 la que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindar una cobertura integral a las personas con discapacidad. En esencia se establece que las obras sociales tienen a su cargo – con carácter obligatorio – la cobertura total de las prestaciones básicas; y que quienes carezcan de cobertura mediante obra social tienen derecho al acceso a la totalidad de estas prestaciones a través de los organismos estatales correspondientes.
Teniendo esto presente, ¿qué se entiende por prestaciones básicas? Esto abarca: estimulación temprana, educación inicial, educación general básica, formación laboral, centros de día, centros educativos terapéuticos, centros de rehabilitación psicofísica, transporte y atención odontológica integral.
Pero ¿cómo se accede a dichas prestaciones? El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es el documento público que se nos otorga a quienes tenemos una deficiencia física, intelectual, psicosocial, visceral o sensorial de largo plazo que acredita dicha condición; y mediante el mismo accedemos a la cobertura integral que prevé la ley. Es en concreto, una Junta Evaluadora Interdisciplinaria la que determina si corresponde la emisión del CUD y bajo qué términos, es decir, que cobertura se aprobará para cada solicitante en particular.
¿O sea que no todas las personas con certificado tienen acceso a todas las prestaciones? No, las prestaciones son amplias porque cubren todo tipo de discapacidades pero en la práctica, a la hora de la evaluación médica, la junta determina las prestaciones correspondientes para la patología específica de cada solicitante. Por lo mismo, se acreditan las prestaciones que uno requiere en base al tipo de patología/condición y discapacidad.
A pesar de todo esto, en el día a día se presentan cada vez más obstáculos o barreras que interfieren con lo previamente detallado. Lidiar con las obras sociales – por ejemplo – no es tarea fácil y lo que son derechos ya adquiridos se vuelven algo por lo que luchar constantemente en el plano burocrático, acarreando en la práctica, una vulneración repetida y sostenida de nuestros derechos.
La discapacidad en primera persona
“Soy mamá de una niña de 9 años con una discapacidad intelectual que ha perdido 1 año de su ciclo lectivo ya que no aceptaban que asistiera a clases con su maestra de apoyo”.
“Soy estudiante universitaria con una discapacidad visceral y me vi obligada a dejar las clases presenciales ya que la obra social no me autorizaba el concentrador portátil eléctrico de oxígeno que me daba la autonomía suficiente para las horas de cursado”.
“Tengo una discapacidad motriz y tuve que suspender mi tratamiento kinesiológico debido a que no se consigue transportista”.
Lo cierto es que las personas con discapacidad no entendemos la salud en términos de sano/enfermo; tenemos una mirada más global que iguala salud y calidad de vida. Atendiendo al hecho de que esto último está ligado al pleno ejercicio de los derechos universales y la dignidad humana, el estado actual de las circunstancias que rodean a les profesionales que trabajan en torno a discapacidad es crítico.
Los impagos y las irregularidades hacen que haya cada vez menos prestadoras y prestadores y les que hay no llegan a cubrir la demanda, a lo cual se agrega, la precariedad en la que se ven obligades a trabajar. Esto pone en jaque la continuidad de nuestros tratamientos y por consiguiente nuestra salud y posibilidades de desarrollarnos plenamente.
Toda práctica en torno al respeto de los derechos que tenemos las personas con discapacidad no es un tema de solidaridad, es un tema de justicia.
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Más Información
- Ley 24901 Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad
- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
- Ley 26378, adhesión a la Convención
