La ley de Matrimonio Igualitario fue el resultado de años de lucha colectiva. En el recorrido histórico de esta ley nos encontramos con que aún persisten muchas desigualdades.
El 21 de julio de este año se cumplen 11 años de la promulgación de la ley de Matrimonio Igualitario en Argentina. Luego de años de lucha, la ley fue el producto del impulso de múltiples organizaciones involucradas en el reconocimiento de la igualdad de derechos humanos y civiles del colectivo LGBT+. La norma introdujo modificaciones en el viejo Código Civil, buscando generar condiciones igualitarias entre quienes quisieran contraer matrimonio, independientemente de su género y orientación sexual. Estas modificaciones ya integran el cuerpo normativo del Nuevo Código Civil y Comercial, reformado en el año 2015.
Para conmemorar su aniversario hicimos un recorrido histórico de su origen.
En la década de los ‘80, en un contexto socio-cultural conservador y de reciente democracia, surge la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) que fue de las primeras en organizarse en nuestro país en contra de la discriminación por la orientación sexual. Con consignas como “Con discriminación y represión no hay democracia” y apostando a la visibilidad como herramienta para desnudar la realidad padecida por personas LGBT+, fueron quienes llevaron adelante las primeras batallas contra la cotidianeidad de los encarcelamientos arbitrarios, los despidos injustificados y la estigmatización social de disidencias sexuales. Fueron también quienes brindaron información y protección ante la epidemia del VIH/Sida, y organizaron las primeras Marchas del Orgullo cargadas de lucha política al grito de “alerta que caminan lesbianas y gays por las calles de Argentina”, en un momento histórico en que la homosexualidad era “mala palabra”.
Junto con la organización Gays por los Derechos Civiles (GaysDC), fueron las primeras en presentar proyectos de ley contra la discriminación por orientación sexual y por el reconocimiento de las uniones entre homosexuales con el principal objetivo de equiparar los derechos civiles y reconocer, entre otros, el derecho de las parejas homosexuales a heredarse entre sí ante la inexistencia de herramientas legales para proteger el producto de la vida en común. En palabras de Marcelo Feldman “Veíamos al Estado como enemigo, había que sacarle y pelearle derechos.”
Luego del rechazo del proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación por GaysDC años antes, de la mano de la CHA en el año 2001 se presentó un proyecto de ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue aprobada y conocida como la Ley de Unión Civil, en la que la unión era “similar” al matrimonio de heterosexuales, pero con algunas diferencias al régimen de ese entonces. Se convirtió en el primer antecedente legal en América Latina de reconocimiento de parejas homosexuales.
Con el espíritu de extender el reconocimiento de la igualdad de derechos a todas las provincias es que surge la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans que impulsa la campaña nacional por la igualdad jurídica. A través de una estrategia distinta, la FALGBT recurrió a la vía legislativa, pero también a las judiciales y administrativas, resaltando el carácter discriminatorio de la situación jurídica del colectivo que estaba privado por el Estado de un derecho y una libertad.
En el Congreso Nacional, se propuso un proyecto de ley bajo el nombre de “Parteneriato, uniones para personas del mismo sexo” con el apoyo de la FALGBT, para evitar así las confrontaciones con la Iglesia Católica, pero no prosperó. Las sedes judiciales fueron las que más se resistieron. Se presentaron múltiples amparos que tuvieron éxito de manera aislada en algunas localidades. Pero la lucha continuaba para un reconocimiento legal e igual para todas las personas que quisieran casarse en todo el país.
De acuerdo a Maria Rachid, co-fundadora de FALGBT: “Era del Estado de donde provenían la mayor parte de la discriminación, la violencia y el hostigamiento hacia la comunidad LGBT+, y especialmente hacia las personas trans (…)”. La tarea implicó entonces ampliar la estrategia con campañas de comunicación retomando viejas consignas como “El mismo amor, los mismos derechos con los mismos nombres”. Se realizaron reuniones y trabajos en conjunto con múltiples sectores políticos e institucionales, como el INADI, para poder llegar al Estado; y con artistas e intervenciones culturales, para llevar el mensaje a la sociedad.
Las campañas dieron sus frutos y en el año 2010 se presentó el proyecto de ley del matrimonio igualitario en el Congreso, que durante las votaciones en Diputados y Senadores fue acompañado por marchas en las calles, a favor y en contra. En un contexto social y político tenso, los partidos políticos no votaron unánimemente y la Iglesia Católica tuvo fuerte injerencia descalificando al proyecto como “una grave amenaza a la familia”.
Finalmente, contra viento y marea, la ley fue aprobada el 15 de julio de 2010, convirtiendo a nuestro país en el primero de América del Sur y segundo de América en reconocer legalmente el matrimonio igualitario. De esta manera, se introdujeron cambios en la regulación del matrimonio que ahora ya no se definía como aquél entre “hombre y mujer”, sino entre “contrayentes”. Implicó también otras modificaciones relevantes, como la posibilidad de adopción de quienes estuvieran en matrimonio, sin importar la identidad de género. Este fue uno de los puntos más controversiales durante el debate, ya que muchos se oponían con fundamentos religiosos, personales y/o sin base científica.
Como la historia de este derecho y los posteriores que desencadenó demostraron (desde el reconocido por la Ley de Identidad de Género hasta la reciente Ley de Cupo Laboral Trans), el reconocimiento de la igualdad de derechos es esencial para que una sociedad respete la diversidad de las personas que la integran. El acompañamiento del Estado para el fomento de la integración socio-cultural, y la modificación de las expresiones legales para la inclusión respetando la diversidad, resultan fundamentales.
Además de la relevancia histórica que importa el reconocimiento de la igualdad del derecho, la legalización del matrimonio igualitario ha probado traer una consecuencia muy positiva en las sociedades que lo reconocen: un estudio publicado en la revista PNAS en el año 2019 demostró que supone también la reducción en las actitudes homo-odiantes de la población, evidenciando que las políticas públicas pueden moldear las normas sociales e impactar en la actitud de las personas.
Sin embargo, la lucha por la igualdad está lejos de terminar. Desde los escalones más grandes como los crímenes de odio que ocurren hasta el día de hoy (por ejemplo, la desaparición de Tehuel De la Torre), se evidencia que todavía queda mucho para alcanzar una igualdad real y no solo legal. Contamos con herramientas como la ESI, que aún no es aplicada correctamente en todo el país; siguen existiendo prejuicios y discriminación al colectivo LGBT+ (aún con la ley antidiscriminatoria), que incluso hoy encuentran impedimentos para donar sangre; la represión y la persecusión por orientación sexual siguen vigentes enmascaradas, cuando se detienen personas por besarse en público como el caso de Mariana Gómez; y la lista sigue: hoy todavía existen “closets” de los que salir porque se presume como regla la heterosexualidad e identidad cis a cuya medida está hecha la sociedad y las leyes.
Por eso es importante recordar la historia y celebrar los logros, sin olvidar que la lucha sigue viva hasta conseguir una verdadera igualdad.
